Durante los cinco meses que duraron las vistas por el 'caso Nóos', la aparición de la figura de la infanta Cristina de Borbón fue mínima. De los testigos a los que se les preguntó por ella, prácticamente nadie la había visto. Los trabajadores del Instituto Nóos, nada, y la única esperanza de la acusación popular, liderada por Manos Limpias, para que disparara contra ella, el contable de su marido y su exsocio, Miguel Tejeiro, dijo claramente que la hermana de Felipe VI no tenía nada que ver con el entramado de Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Sin embargo, desde que se decidió que Cristina de Borbón estuviera sentada en el banquillo de los acusados, con la única acusación de Manos Limpias, toda la causa ha girado en torno a ella, quedando en un segundo plano, a pesar de que a su marido, Iñaki Urdangarin, y al exsocio de éste, Diego Torres, se les acusaba de haber utilizado una asociación sin ánimo de lucro para que diversos organismos públicos les concedieran contratos, sin control alguno, y desviar esos fondos a sociedades suyas  

Tejeiro se libró en el último momento se sentarse en el banquillo de los acusados porque Manos Limpias decidió días antes de arrancar el juicio que le retiraba la acusación. El excontable de los dos principales acusados estaba en la misma situación que Cristina de Borbón: se iba a sentar en el banquillo con la única acusación en su contra del sindicato.

Él tuvo más suerte y en su caso se le retiró la acusación. La abogada Virginia López Negrete lo justificó como un movimiento que formaba parte de la estrategia procesal. De ahí, que se creyó que Tejeiro había llegado a un pacto con Manos Limpias para culpar a la infanta. Sin embargo, eso no ocurrió. Cuando fue su turno para declarar como testigo, mantuvo que la hija de Juan Carlos I no tenía ningún papel en el Instituto Nóos -asociación sin ánimo de lucro utilizada por Urdangarin y Torres para desviar fondos públicos a sociedades particulares a través de facturas falsas- aunque formara parte de la Junta Directiva.

Es más, llegó a decir que la había visto “sólo dos veces”: la primera cuando fue a las oficinas del Instituto a buscar a su esposo, y la otra "cuando me invitaron al cumpleaños" del exduque.

El perito mercenario

Una de las pruebas que iba a ser clave para mantener la acusación contra la infanta era la declaración como perito de Javier Amat, quien se presentó ante el juez de instrucción José Castro como un “mercenario jurídico-tributario”. Como especialista, hizo un informe para Manos Limpias en el que defendía como tesis que los servicios de asesoría prestados por el entonces duque de Palma se atribuyesen a Aizoon y no a Urdangarín como persona jurídica. Su teoría iba dirigida a señalar a la infanta como responsable de dos delitos fiscales cometidos por su marido, como cooperadora necesaria.

Sin embargo, cuando le tocaba declarar en el juicio, la abogada de Manos Limpias renunció a su testifical. Aún así, pidió que su informe pericial se mantuviera como prueba, lo que según fuentes jurídicas es incomprensible porque evita la capacidad de contradicción para el resto de las partes.

No obstante, los tres inspectores de Hacienda que declararon en el juicio sostuvieron que la tesis de este perito hace imposible que se pueda atribuir a Cristina de Borbón los dos delitos cometidos por su marido. Estos peritos explicaron que la infanta no generó rendimientos de trabajo en Aizoon, la empresa que comparte al 50 % con su marido, que implicaran una obligación tributaria.

En la fase documental del juicio, lo que quedó expuesto son los gastos que hizo la infanta con la tarjeta de crédito a nombre de Aizoon, y que algunas fuentes explican que nada tiene que ver con los delitos por los que se le acusa, que es haber cooperado en los delitos fiscales de su marido, quien declaró a Hacienda como Impuesto de Sociedades a través de la mercantil Aizoon unos ingresos que deberían haber sido declarados como IRPF.

Empleados de hogar en Aizoon

También existen, como documentos que podrían implicarle de alguna manera en el funcionamiento de la sociedad, las actas de las juntas generales de la sociedad firmadas por ella. "Una cosa es una junta general en la que hay una aprobación de cuentas, que es lo que ella haya podido firmar, y otra cosa es la declaración ante Hacienda que pueda hacer el administrador, donde está la firma del administrador y de nadie más", aclaraba su abogado Miquel Roca.

Otro de los extremos que dañó sobre todo la imagen de la infanta es el hecho de que tuviera contratada por Aizoon a la mujer que realizaba las tareas de cocina y limpieza en la casa familiar. Durante el juicio, esta empleada explicó como testigo que trabajaron tanto ella como su marido para el matrimonio Borbón-Urdangarin desde 2006 a 2009. Inicialmente, estaban contratados directamente por el matrimonio como empleados del hogar y cuando se creó Aizoon fueron dados de alta en esa sociedad.

La trabajadora doméstica, que supo a posteriori que fue registrada como auxiliar administrativa, justificó el contrato con Aizoon en que también limpiaba el despacho profesional que Urdangarin tenía en su domicilio familiar del barrio barcelonés de Pedralbes.

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