El expresidente de Cepsa, el jeque árabe Khadem Al Qubaisi, se encuentra en paradero desconocido para la Justicia española. Hace casi un año, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu remitió una comisión rogatoria a los Emiratos Árabes requiriendo que se le notificara que estaba siendo investigado junto a los presidentes de otras cuatro compañías petroleras por un presunto pacto en el precio de la gasolina.

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Según aseguran fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, desde que el magistrado envió la comisión rogatoria el pasado 4 de enero no ha habido noticias de Al Qubaisi, ni de ningún abogado que se haya presentado en su nombre en la causa iniciada a raíz de la admisión a trámite de una querella interpuesta por la asociación de usuarios José Mena.

Según el auto en el que se acuerda remitir la comisión rogatoria, al que ha tenido acceso este diario, el juez determinó una nueva dirección de Al Qubaisi en Emiratos Árabes después de que Cepsa les advirtiera de que ya no era presidente de la compañía y que, por tanto, desconocían su domicilio actual.

La Fiscalía informó al instructor de una dirección en la compañía Tasameen Real Estate Company LL.C.Es, en Emiratos, donde podía ser notificado de la querella para que se personara en la causa en calidad de investigado y así tener acceso a la documentación obrante.

De esta manera, el juez Andreu acordó librar una Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades competentes de Emiratos Árabes Unidos, según lo dispuesto en el Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y según el Convenio entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos sobre la asistencia judicial mutua en materia Penal.

Al Qubaisi, detenido

La investigación que este jeque árabe tiene en España no es su único problema judicial. Según diversas informaciones, como la publicada por Wall Street Journal, Al Qubaisi fue detenido este pasado mes de agosto por varias investigaciones internacionales vinculadas al blanqueo de capitales y malversación.

En la Audiencia Nacional se le cita por su cargo como presidente en Cepsa, que abandonó en junio de 2015, y está siendo investigado junto a Repsol, Disa, Meroil y Galp por pactar el precio de la gasolina. Esta investigación se inició a raíz de un expediente abierto por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que impuso una multa de 20 millones de euros al descubrir el pacto.

Andreu decidió iniciar una investigación por un presunto delito de alteración del precio del mercado, que se encuentra todavía en un estado muy embrionario, según fuentes del caso. La Guardia Civil ya ha emitido un informe en el que se analizan más de 1.000 estaciones de servicio y ha detectado que en algunas de ellas existe plena coincidencia de precios entre distintas compañías.

Los datos obtenidos por el Instituto Armado fueron remitidos a la CNMC, que también ha entregado su informe al juez Andreu y advierte de que es complicado distinguir a primera vista entre las prácticas típicas del oligopolio y el delito. En su escrito, el órgano regulador también percibe plenas coincidencias en algunas estaciones, pero señala que la única manera de detectar si efectivamente ha habido un delito de alteración del precio del mercado pasa por analizar los correos electrónicos de los responsables de las compañías en las estaciones de servicio sospechosas.

Precisamente fue tras el estudio de distintos correos electrónicos como la CNMC pudo averiguar que entre estas compañías se estaban produciendo mecánicas contrarias al libre mercado y por lo que fueron sancionadas. Sin embargo, el juez de momento no ha dado el paso para intervenir las comunicaciones.