Las claves
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El accidente ferroviario de Adamuz, con al menos 41 fallecidos, está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes.
El Gobierno aún no ha puesto en marcha la Autoridad Administrativa Independiente para investigar accidentes, pese a la aprobación de la Ley 2/2024 y las recomendaciones de la Unión Europea.
La Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea han cuestionado la independencia de la CIAF, señalando deficiencias en investigaciones previas como la del accidente de Angrois en 2013.
El retraso en la creación del órgano independiente se debe a la falta de desarrollo reglamentario y de dotación presupuestaria, lo que mantiene a la CIAF activa de forma transitoria.
La investigación del accidente de Adamuz, que ha causado, al menos, 41 fallecidos, está siendo llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo adscrito al Ministerio de Transportes. Y esto es así por el retraso del Gobierno en crear un órgano independiente.
El Ejecutivo decidió, haciendo caso de las recomendaciones europeas tras el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, en 2013, constituir una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
El Gobierno acordó la constitución de este órgano a través de la aprobación de la Ley 2/2024, de 1 de agosto.
La nueva normativa suponía un completo cambio de modelo, pues sustituía las comisiones sectoriales adscritas a ministerios por un organismo único, con personalidad jurídica propia, además de autonomía orgánica y funcional.
El preámbulo de dicha ley reconoce, precisamente, que la creación de la Autoridad responde a la evolución del marco europeo y a la necesidad de "reforzar" las garantías de independencia, en línea con los estándares comunitarios.
Esta comisión tendría que ser la encargada de investigar los hechos de este domingo en Adamuz, pero el Gobierno acumula más de año y medio de retraso en aprobar su funcionamiento.
Es decir, pese a la aprobación de la ley y a su entrada en vigor en agosto de 2024, la nueva Autoridad no ha entrado aún en funcionamiento efectivo porque necesita de la aprobación de un estatuto orgánico mediante Real Decreto, que debe regular su estructura interna, el régimen de personal y la dotación presupuestaria.
A día de hoy, aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ningún Real Decreto que desarrolle ese estatuto, ni se han producido nombramientos oficiales de los órganos directivos de la Autoridad. Tampoco existe una sección presupuestaria específica ni anuncio formal de inicio de actividad.
Según lo que recoge la disposición final sexta de la norma en el BOE, el plazo para ese real decreto era de "máximo un año" desde la entrada en vigor de la presente ley".
Esto fue, de hecho, cuestionado por el PP en el Congreso de los Diputados al considerar que había un "incumplimiento sistemático de los mandatos legales emanados de las Cortes por parte del Ejecutivo".
Los populares solicitaron al Gobierno que detallara el porqué, "en el caso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible", se había vulnerado el plazo fijado por la Cámara Baja.
Este vacío operativo explica por qué la CIAF continúa investigando accidentes ferroviarios. La Ley 2/2024 no suprime de forma automática los órganos anteriores ni prevé el cese inmediato de sus funciones, precisamente, para evitar un vacío en materia de seguridad.
En consecuencia, la CIAF permanece activa con carácter transitorio, a la espera de que la nueva Autoridad asuma efectivamente las competencias. Pero, ¿por qué se decidió la creación de un nuevo órgano?
A raíz del accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 fallecidos en 2013, la Unión Europea cuestionó el funcionamiento y la investigación llevada a cabo por la CIAF.
El hecho de que esté adscrita a la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, llevó a la Unión Europea a cuestionar su modelo e independencia, pese a que sus miembros son propuestos por el Ministerio pero aprobados por el Congreso.
Un informe de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) de 2016 concluyó que la investigación del tren Alvia en Angrois que entonces llevó a cabo la CIAF no fue independiente y no analizó "elementos clave".
"El organismo de investigación no cumplió con los requisitos de independencia establecidos en la Directiva europea de Seguridad Ferroviaria (artículo 21) y, por tanto, la obligación de investigar accidentes (artículo 19) no ha sido adecuadamente cumplida", explicó entonces.
En concreto, según la ERA, la CIAF se saltó el requerimiento de la Directiva europea de "ser independiente en su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, de cualquier empresa ferroviaria, administrador de infraestructuras, solicitante, entidad contratante o entidad adjudicadora de contratos de servicio público [...] y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con el trabajo encargado al equipo investigador no estuvo asegurado".
En otras palabras, lo que la ERA cuestionaba era que el propio organismo investigador dependía orgánica y funcionalmente del mismo Ministerio responsable del sistema ferroviario investigado.
Así, en 2019, la Comisión Europea anunció que "iniciaría un procedimiento de infracción contra España" debido, entre otras cosas, a las "deficiencias" encontradas "en la forma en que el organismo nacional de investigación español, CIAF, analiza e investiga los accidentes e incidentes".