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Las claves

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia urgente del ministro Félix Bolaños para que explique el "desconcierto, colapso y caos" que está generando la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia.

La tercera fase de implantación de los tribunales de instancia, a partir del 1 de enero con un calendario "precipitado" y "poco realista", señalan los populares, está causando "graves consecuencias" para el funcionamiento de la Justicia.

"El Gobierno quería llegar al uno de enero de 2026 con una foto, pero le daba igual que la Justicia funcione", ha señalado este sábado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

La dirigente popular considera que Bolaños ha intentado reorganizar la Justicia "de espaldas a los jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la administración de Justicia y funcionarios", que ahora sufren las consecuencias de esta improvisación.

A su juicio, "esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa".

El PP afirma que la aplicación de la llamada Ley Bolaños está causando inseguridad jurídica, el bloqueo de la Administración de Justicia, dificultades entre los operadores judiciales,  disparidades interpretativas, retrasos y "situaciones absurdas de reparto, custodia y separación de tareas".

Ya el pasado mes de octubre, el PP impulsó una iniciativa para exigir al Gobierno la modificación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el fin de evitar que se conviertan en un obstáculo para que los ciudadanos accedan al sistema de Justicia.

Cuca Gamarra ha sostenido este sábado que la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños está causando "otro desastre legislativo". Ha pedido "eliminar obstáculos y reforzar medios" para mejorar la Administración de Justicia.

En materia de violencia de género, según Gamarra, la Ley Bolaños está generando un efecto disuasorio en las víctimas a la hora de interponer denuncias, puesto que, en muchos casos, la mujer se ve obligada a desplazarse más de 80 kilómetros para declarar contra su agresor.