Las claves
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El Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos han acordado un sistema de reparación para víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Las víctimas cuyos casos no puedan ser juzgados podrán solicitar reparación a través del Defensor del Pueblo, en vez de la comisión de la Iglesia.
La Iglesia asumirá el pago de las indemnizaciones y el proceso tendrá una duración inicial de un año, prorrogable otro más.
El acuerdo contempla que el Estado no aportará fondos y garantiza la reparación integral para víctimas de abusos en cualquier ámbito social.
El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha firmado el acuerdo este jueves en el madrileño Palacio de Parcent -una de las sedes del Ministerio- con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.
El acuerdo llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.
El acuerdo incluye la creación de un sistema de reparación mixto Iglesia-Estado, con participación de las vítcimas, y la Iglesia se hará cargo de las indemnizaciones .
La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal ha matizado que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año", prorrogable otro, para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.
Bolaños ha celebrado que el acuerdo salda una "deuda histórica y moral" después de décadas de "silencio y dolor". También ha presumido que "el Estado no abonará un céntimo".
El proceso
El nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Esta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.
Si hubiera disconformidad con la propuesta, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.
Según el acuerdo alcanzado, la Iglesia católica deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.