Las claves
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El Congreso de los Diputados debate y votará el plan migratorio del PP, que propone un visado por puntos priorizando la hispanidad.
El plan del PP cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y busca modificar la política migratoria actual de España.
El plan incluye medidas para reforzar la persecución de delitos de tráfico de migrantes y propone cambios legales para agilizar retornos y expulsiones.
Se plantea reformar la concesión de la nacionalidad española, vinculándola al compromiso con la historia, lengua y valores de España.
El Congreso de los Diputados debate este martes y votará el miércoles el plan migratorio del PP a través de una moción surgida de una interpelación urgente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso este diario, llega con el respaldo de la Comisión Europea, tras la reunión que mantuvo Alberto Núñez Feijóo en Bruselas con el comisario de Interior, Magnus Brunner, donde "la sintonía fue total", según fuentes populares.
La ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez anima al PP, que aspira a ganar la votación, después de que el Senado ya diera el primer paso, la semana pasada, al aprobar por mayoría absoluta una Proposición No de Ley con el decálogo principal de medidas migratorias del PP.
Esta votación en el Congreso puede, de este modo, completar un desafío "histórico" de las Cortes Generales al Gobierno de Sánchez. Las dos Cámaras habrían aprobado, así, "forzar un giro de 180 grados" en una política que, en palabras de los populares, "está llevando a España a ser el paraíso de las mafias".
Los de Carles Puigdemont, es cierto, incluyeron entre sus reproches al PSOE y mantienen su exigencia de que las "políticas integrales de inmigración" sean competencia de la Generalitat, algo que rechaza el PP.
Pero las propuestas concretas de Junts en esta materia coinciden sustancialmente con las del PP.
La coincidencia programática amplía el margen de maniobra de los populares para lograr una mayoría suficiente y, según sus cálculos, "desnudar" al Gobierno por su "no-política e inhumana migratoria".
La Comisión Europea
Feijóo presentó el jueves pasado las líneas del plan ante el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.
El líder del PP subrayó que, a juicio de la Comisión, el plan está "perfectamente alineado" con lo que defiende la Unión Europea a partir del Acuerdo de Migración y Asilo aprobado a finales de 2023.
La moción denuncia, en su exposición de motivos, que "la falta de política migratoria del Gobierno se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles".
El texto afirma que "el Gobierno ha renunciado a ejercer su deber constitucional de controlar las fronteras y de mantener una política migratoria legal, firme y ajustada a las necesidades socioeconómicas del país".
El documento aporta cifras contundentes: "Sólo en lo que va de año han entrado irregularmente en España casi 29.000 personas".
Además, según la moción, "España se ha convertido ya en la principal puerta de entrada de inmigración irregular de toda la Unión Europea", citando datos de Frontex.
El Supremo contra el Gobierno
El contexto judicial añade urgencia a la votación. El Tribunal Supremo ha tenido que requerirle al Ejecutivo por tercera vez que asuma la tutela de más de 1.000 menores solicitantes de asilo hacinados en Canarias desde hace más de dos años.
La primera orden data del pasado 25 de marzo y, tras el claro incumplimiento del Gobierno, ha establecido un plazo improrrogable de 15 días.
En su propuesta, el PP insta al Gobierno a "establecer un sistema de autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo por puntos, transparente y objetivo", según recoge la moción.
Este sistema valoraría "la formación, la experiencia, el idioma y la integración", incorporando programas de migración circular coordinados con las comunidades autónomas. Según el PP, "la hispanidad es un valor, y debe contar".
Los populares reclaman también "modificar el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la persecución de los delitos de tráfico de migrantes cometidos en aguas internacionales".
El plan contempla penas agravadas por reincidencia, explotación o pertenencia a organización criminal.
La moción también exige "garantizar retornos y expulsiones rápidos y efectivos" mediante la aplicación del futuro Reglamento de Retorno de la UE. Propone "establecer la expulsión como regla general ante la comisión de delitos graves o reincidencia dolosa".
Menores
Respecto a los menores migrantes no acompañados, el texto demanda "garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas".
También insta a "promover el retorno y la reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen, tipificando penalmente el fraude de edad".
El plan plantea reformar la Ley de derechos de extranjeros "para recuperar el carácter excepcional del arraigo" y "eliminar el silencio administrativo positivo en los procedimientos de residencia y trabajo". Asimismo, exige la ausencia de antecedentes penales como requisito.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, la moción pide "vincular su percepción a la búsqueda activa de empleo y a la contribución efectiva al mercado laboral". Respecto a las fuerzas de seguridad, propone reforzar medios humanos y tecnológicos "en cooperación operativa con Frontex como fuerza de apoyo".
Finalmente, el PP reclama "reformar el régimen de concesión de la nacionalidad española para que deje de ser un mero trámite administrativo". Debe convertirse, según la moción, en "un reconocimiento al compromiso real con España, su historia, su lengua y sus valores".