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El Gobierno de España ha oficializado este miércoles la declaración como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El edificio, situado en la Puerta del Sol, fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, un espacio donde, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), se cometieron torturas y represión política "con extrema brutalidad".

"Todos los demócratas deberíamos alegrarnos de esta declaración, para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos", ha afirmado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la publicación en el BOE.

El texto oficial señala que el inmueble "desempeñó un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura".

En él "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia", añade el documento, que califica la designación como una "magnífica noticia para quienes defienden la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas".

Tras la Guerra Civil, la Dirección General de Seguridad —ubicada en la Real Casa de Correos— "asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de simpatizar con ideas contrarias al régimen".

Los testimonios recogidos en el expediente coinciden en señalar la "extrema brutalidad" de los interrogatorios, en lo que se considera "un símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

Ayuso

La decisión del Ejecutivo llega en plena confrontación con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que desde hace semanas trata de frenar el procedimiento impulsado por Moncloa.

El pasado 1 de octubre, EL ESPAÑOL publicó que la presidenta madrileña había encontrado en un informe de la Real Academia de la Historia (RAH) su principal argumento contra la iniciativa del Gobierno central.

El estudio, encargado por el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reconoce el pasado franquista del edificio, pero lo vincula "ante todo" con el reformismo ilustrado de Carlos III y con "la modernización de España en el siglo XVIII".

El Ejecutivo regional considera que la medida "vulnera sus competencias, ataca su autogobierno y distorsiona el verdadero valor histórico del edificio", que desde 1985 acoge la sede de la Presidencia autonómica. Además, denuncia que la resolución se publicó en el BOE "sin comunicación previa", lo que califica de "falta de lealtad institucional".

La Casa de Correos, construida hace 250 años, ha tenido múltiples usos: Capitanía General, Ministerio de Gobernación durante la República o Dirección General de Seguridad en la dictadura. También fue escenario del atentado de ETA de 1974, en el que murieron 13 personas, y desde 1985 alberga el Gobierno regional por decisión del socialista Joaquín Leguina.

El enfrentamiento entre ambas administraciones ha llegado incluso al Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno central impugnara la ley aprobada por el PP madrileño para blindar el edificio frente a cualquier placa o distintivo "que altere la neutralidad, la pluralidad y la concordia".

Aunque el TC suspendió inicialmente la norma, levantó esa suspensión el pasado julio, permitiendo que la Comunidad mantenga en vigor su blindaje mientras continúa el litigio.

Otros Lugares de Memoria

Además de la Casa de Correos, el BOE prevé declarar en los próximos días otros dos Lugares de Memoria Democrática en la capital: la tapia de fusilamiento del Cementerio del Este (La Almudena) y la antigua cárcel de Carabanchel.

El cementerio "fue testigo de una etapa de enorme violencia y represión", donde se calcula que entre abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas 2.936 personas, entre ellas Las Trece Rosas, fusiladas el 5 de agosto de 1939.

En cuanto a la prisión de Carabanchel, construida por presos del régimen entre 1940 y 1944, el expediente la define como "uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria".

En sus celdas murieron decenas de reclusos en condiciones extremas de hacinamiento y maltrato, pero también fue, con los años, un espacio de resistencia política y social frente a la dictadura.

Recurso ante la Audiencia Nacional

Por su parte, la Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra esta publicación en el BOE. 

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha calificado la resolución de "sectaria y contraria a la Historia y a la verdad".

García Martín ha defendido que el expediente "ya ha caducado", al haber pasado más de un año desde su incoación hasta la publicación de la decisión, y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar esta medida como "una cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que ha traído a nuestro país".

El portavoz ha recordado que, según el informe de la Real Academia de la Historia, el edificio, con más de 250 años, está "vinculado ante todo al periodo de la Ilustración", aunque albergara la Dirección General de Seguridad durante el franquismo.

"Tratar de vincularlo con una pequeña parte de su historia solo puede responder a un intento sectario de manosear esta institución", ha añadido.

Hay que recordar que el expediente, según han confirmado fuentes de la Real Casa de Correos, está "caducado" porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de su decisión. Concretamente, lleva caducado desde hace 6 días. El 16 de octubre. 

"El edificio está completamente resignificado y es la casa común de todos los madrileños", ha subrayado. "Nos ampara la Ley, la verdad y la historia. Defenderemos la institución y la historia de este edificio del autócrata Sánchez", ha concluido.