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Las claves

El Gobierno de España depositó el pasado viernes en la ONU el instrumento de ratificación de las enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El texto amplía la definición de crímenes de guerra, incluyendo el "uso del hambre" como arma de guerra en conflictos internos.

El Ministerio de Exteriores subraya que estas enmiendas equiparan el empleo "deliberado" del hambre con otros crímenes de guerra ya reconocidos. La ratificación, sostienen fuentes del departamento de José Manuel Albares, refleja "el compromiso firme de España contra la impunidad" y a favor de la justicia penal universal.

Pero desde el entorno del Gobierno israelí se advierte una "intención deliberada" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "y de su obsesión antiisraelí".

Según las fuentes consultadas, "si no, no se entendería el momento de hacer esto, precisamente cuando esos argumentos forman parte de sus ataques sistemáticos al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu".

Y es que el impulso legislativo de esta iniciativa arrancó en el primer periodo de sesiones de 2025, pese a que estas enmiendas ya habían sido aprobadas por la Asamblea de los Estados Parte en 2017, con un Gobierno del PP, y en 2019, con Sánchez ya en Moncloa.

En junio, el Congreso dio luz verde con 311 votos a favor y únicamente las 33 abstenciones de Vox, que cuestionó la "oportunidad" y la "dialéctica antisemita" del Gobierno.

El Diario de Sesiones, de hecho, recoge las advertencias del portavoz popular en Exteriores del PP, Carlos Floriano, denunciando la política exterior española "permisiva" en el Sáhara Occidental, "contraviniendo el derecho internacional más elemental y las resoluciones de la ONU y de los tribunales".

Es más, Floriano justificó el apoyo del PP a estas enmiendas por coherencia política, pero preguntó al Ejecutivo si "cumplirá" con lo reclamado por el Congreso, en "numerosas" votaciones, actuando contra el régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela en la CPI.

"Esa investigación comenzó en 2018", recordó el popular, y el Gobierno de Sánchez nunca ha instado "a la Fiscalía del Tribunal de la Corte Penal Internacional a actuar" ni ha reclamado "a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte una orden de arresto" contra el dictador chavista.

"Hostigamiento constante"

Fuentes del entorno de Benjamin Netanyahu definieron la medida como una iniciativa "diseñada, claramente, contra Israel". Insisten en que Pedro Sánchez y sus colaboradores antisemitas persiguen un "hostigamiento constante".

El comunicado español, añaden, sólo busca "alimentar una narrativa" que se le ha debilitado a Sánchez "justo cuando un principio de paz" avanza en Oriente próximo.

Y advierten de que España no ayuda a un acuerdo de paz que está en "un momento muy frágil", por los incumplimientos de Hamás, al no entregar los cuerpos de todos los secuestrados muertos.

La crítica avanza: "El mero hecho de España se involucre en este asunto ahora revela la intencionalidad política detrás". Y auguran que Sánchez aprovechará "cualquier resquicio" para "mantener el hostigamiento".

Lo cierto es que, sobre el uso del hambre en Gaza, Naciones Unidas ya declaró "situación de hambruna" oficialmente en agosto, mientras varias ONG alertaron de muertes por falta de alimentos entre niños y ancianos.

Láseres cegadores

En paralelo, España reafirma su apuesta por robustecer otros puntos del Estatuto de Roma. La reforma incluye también armamento lesivo, como armas biológicas, de fragmentos no localizables y "láseres cegadores".

Precisamente, Israel se ha logrado defender de los misiles y cohetes lanzados por Hamás desde el sur y por Hezbolah desde el norte, desarrollando sistemas láser para interceptarlos sobre su territorio.

La llamada Cúpula de Hierro ha evolucionado en estos últimos años con láseres de precisión para derribar misiles y drones a bajo coste.

El Ministerio de Exteriores español defiende que la reforma no persigue objetivos particulares, sino universales. La iniciativa, afirman, fortalece la Corte Penal Internacional y "la lucha global contra la impunidad".

La ratificación española en la ONU, sostienen, refuerza el protagonismo de España en justicia internacional. Y realza el debate sobre el alcance de su política exterior y su "coherencia" ante terceros conflictos.

Pero desde el Ejecutivo de Jerusalén se advierte de que este movimiento es un claro paso "ad hoc contra Israel y su Gobierno". Los canales políticos y diplomáticos, aseguran, se mantienen "abiertos", aunque Madrid "no los ha utilizado" en las últimas fechas.