PSOE y Sumar han rebajado este martes la reforma legal promovida por Junts para obligar a las grandes empresas a atender en las lenguas cooficiales del Estado.
Finalmente, la medida solo se aplicará en las comunidades bilingües, y no en todo el territorio, como exigían los independentistas.
La modificación se ha incorporado a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se tramita en el Congreso. La ponencia encargada de revisar el texto ha introducido una enmienda conjunta de PSOE y Sumar que delimita geográficamente la propuesta inicial.
El nuevo redactado fija que las empresas deberán atender en el idioma oficial solicitado únicamente cuando operen en comunidades con lengua cooficial y esa lengua sea oficial en la región.
Junts había pactado con el Gobierno una versión inicial más ambiciosa, que pretendía extender el uso del catalán —y otras lenguas cooficiales— a todos los servicios de atención al cliente del país.
El cambio actual limita ese alcance a Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares.
Grandes empresas
La ley afectará a compañías de más de 250 empleados o con una facturación superior a 50 millones de euros, así como a las que presten servicios de interés general, como energía, transporte o telecomunicaciones.
El texto también establece que las consultas, quejas o reclamaciones se podrán presentar en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales, pero solo si el servicio se dirige a clientela de comunidades bilingües.
Desde las asociaciones de consumidores, OCU y Facua ya advirtieron de que la medida podría implicar un sobrecoste para las empresas que terminaría repercutiendo en los usuarios.
El proyecto de ley incluye además otras medidas, como prohibir las llamadas comerciales no consentidas y obligar a las empresas a facilitar la baja de servicios online, o comunicar con 15 días de antelación la renovación automática de contratos.
El texto será examinado de nuevo el 29 de octubre en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde los grupos podrán introducir nuevas modificaciones antes de su votación definitiva.
Esta Ley de Servicios de Atención a la Clientela se anunció hace un mes, en momento complicado para la causa separatista pero también para Moncloa.
Para Junts porque el reconocimiento del catalán como lengua oficial en las instituciones de la UE está completamente estancado.
Y para el Gobierno porque el PSOE sigue necesitando los siete votos independentistas para sacar adelante leyes clave. De hecho, Sánchez se ha comprometido a presentar unos Presupuestos Generales para 2026 y, de momento, sabe que le será imposible que Junts se siente siquiera a discutirlos.
El giro de Moncloa hacia las tesis lingüísticas de Junts —anunciado en septiembre pero que ahora se suaviza— buscaba precisamente asegurar los apoyos imprescindibles de los de Puigdemont en el Congreso.