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La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, se ha sumado este viernes a Irene Montero (ambas han sido ministras de Igualdad) y ha pedido proteger el aborto en el bloque de "derechos fundamentales" de la Constitución.

Esto implica aplicar el procedimiento agravado de reforma de la Carta Magna, que requiere la aprobación por dos tercios del Congreso y del Senado (233 diputados y 177 senadores), la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales.

A continuación, para que salga adelante la reforma, debe ser ratificada por las nuevas Cortes y sometida a un referéndum vinculante.

La exvicepresidenta Carmen Calvo se aparta así de la línea seguida por el Consejo de Ministros, que el martes aprobó su propuesta de reforma de la Constitución para incluir el aborto en el artículo 43, referido a los "derechos de la salud".

Este artículo alude a los "principios rectores de la política social y económica" y no está incluido entre los "derechos fundamentales", por lo que el procedimiento de reforma es más sencillo: basta el apoyo de tres quintos del Congreso y el Senado.

El Gobierno busca eludir así la disolución de las Cortes y la convocatoria de un referéndum.

Durante la presentación de la memoria del Consejo de Estado de 2024, Carmen Calvo ha indicado este viernes que la fórmula elegida por el Gobierno es "factible".

Pero ha considerado que la mejor opción para proteger el aborto frente a los vaivenes políticos es incluirlo en el bloque de "derechos fundamentales" de la Constitución (que va del artículo 15 al 29), lo que implica la reforma por procedimiento agravado, con disolución de las Cortes y referéndum, informa Europa Press.

Calvo ha recalcado que, tal como indican varias resoluciones del Tribunal Constitucional, el aborto es un derecho "del tronco de la libertad", fundamentado en el "artículo 10" y en el "artículo 15" de la Carta Magna.

"En mi opinión, eso está ubicado ahí", ha apuntado Carmen Calvo, aunque ha aclarado que se trata de su opinión a título personal, y no quiere anticiparse al dictamen que deberá elaborar el Consejo de Estado.

"Como lo tengo escrito y además lo he dicho públicamente, esa es la posición en la que creo que la naturaleza jurídica de esta libertad se quedaría garantizada", ha dicho la exvicepresidenta del Gobierno en declaraciones recogidas por Europa Press.

Una vez reciba el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado tendrá un plazo de dos meses para emitir su dictamen, dado que el Gobierno ha optado por el trámite ordinario. Si hubiera optado por el procedimiento urgente, el plazo habría sido de 15 días.

Carmen Calvo ha defendido de este modo una línea muy similar a la que sostuvo el miércoles la eurodiputada de Podemos Irene Montero. Ambas han sido ministras de Igualdad.

Aunque Montero dio un paso más y señaló que la fórmula elegida por el Gobierno "puede poner en riesgo el derecho de las mujeres" al aborto.

"Ahora mismo el aborto es un derecho fundamental, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional", indicó Montero en declaraciones a TVE, "pero si se mete en el artículo 43, que no es un derecho fundamental, se estaría rebajando su carácter y por tanto no sería exigible, ante su incumplimiento, en el Tribunal Constitucional y en los tribunales".

A su juicio, la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros sólo busca "intentar generar un titular en la campaña electoral permanente en la que ya está el Gobierno" y supondría "de facto poner en riesgo el derecho al aborto".

"Las feministas no queremos que vuelva la derecha", recalcó la exministra de Igualdad Irene Montero, "pero tampoco queremos pagar con nuestros derechos la campaña electoral del PSOE".

El PSOE ha afirmado que, con su reforma de la Constitución, busca evitar que el PP y Vox pongan en peligro el derecho al aborto.

Pero cualquiera de las dos fórmulas (a través del artículo 43, como propone el Gobierno, o bien en el bloque de derechos fundamentales, como piden Carmen Calvo e Irene Montero) sólo puede salir adelante si cuenta con los votos del PP en el Congreso y en el Senado.