Este martes, Pedro Sánchez volverá a incumplir el artículo 134 de la Constitución, que obliga al Gobierno a presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.
Es decir, antes del 30 de septiembre.
Lo cierto es que Sánchez nunca ha cumplido con esta obligación constitucional. Los últimos Presupuestos en vigor, los de 2023, se registraron el 6 de octubre de 2022.
Fue lo más cerca que estuvo del plazo, ya que los de 2022 se presentaron el 13 de octubre, y los de 2021, casi en noviembre. Todos, por tanto, fuera de plazo.
Este año tampoco parece que la presentación sea inminente. De hecho, ni siquiera se ha aprobado aún el techo de gasto, paso previo imprescindible para la elaboración de las cuentas.
Según adelantó Fernando Garea en El Español, la idea es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente en las próximas semanas la senda de déficit. Sin embargo, por ahora no hay garantías de que pueda alcanzarse un acuerdo con Junts o Podemos.
En el Gobierno ya se contempla la posibilidad de que el Congreso rechace la nueva senda fiscal, lo que obligaría a mantener la aprobada en 2022 y prorrogar los Presupuestos actuales.
Por eso, desde Moncloa buscan normalizar la pérdida de votaciones, para evitar transmitir una imagen de ingobernabilidad.
Lo que sí parece claro es que este año, a diferencia de anteriores, el Gobierno sí presentará los Presupuestos en el Congreso, tal como ha prometido Sánchez en varias comparecencias, como la del balance de verano.
En sus socios ya se percibe un clima preelectoral. Junts se aleja cada vez más del Ejecutivo, y Podemos trata de marcar distancia con Sánchez, especialmente con Yolanda Díaz.
Sánchez Vs Sánchez
“Presente ya los Presupuestos y, si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlos, convoque a los españoles a las urnas”. La frase, aunque parezca lejana, es de Pedro Sánchez.
Hay que remontarse a 2016, bajo el mandato de Mariano Rajoy, para encontrar los últimos Presupuestos presentados, como se decía entonces, “en tiempo y forma”.
Corría el año 2018, solo unos meses antes de llegar a La Moncloa. El Gobierno de Rajoy había prorrogado los Presupuestos mientras posponía su compromiso de presentar las nuevas cuentas.
Durante su etapa como líder de la oposición, Sánchez se mostró especialmente crítico con las prórrogas presupuestarias y con los retrasos en el Congreso.
Consideraba que tener un país sin Presupuestos Generales era como “tener un coche sin gasolina”, una muestra de “parálisis”, y advertía que “gobernar no consiste en conservar el poder a cualquier precio”.
En 2014 también registró un Plan de Regeneración que, además de proponer limitar el mandato del presidente a dos legislaturas, pedía prohibir los indultos políticos o limitar los decretos leyes. Incluso planteaban que se tramitaran como proyectos de ley si lo pedían dos grupos parlamentarios.
Desde 2018, Sánchez ha firmado más de 150 decretos manteniendo el récord de la democracia.
Esta figura legislativa, ideada para momentos de emergencia, se ha utilizado en infinidad de ocasiones y parece que es a lo que recurrirá Sánchez en los próximos meses.
De ahí que, por ejemplo, el embargo de armas a Israel se haya hecho mediante Real Decreto, aunque Sumar pide que se tramite luego como proyecto de ley.
Sánchez se aferrará a esta norma para poder seguir gobernando aunque no parece claro que consiga sacar adelante sus compromisos.
Los reales decretos tienen un mes para ser convalidados o, de lo contrario, decaen de forma automática. Es un menú cerrado. O lo tomas o lo dejas y, a diferencia de los proyectos de ley, no se admiten enmiendas.
En el caso del embargo a Israel, Moncloa teme que Podemos lo tumbe. Mientras que los socios ven a Junts como el que le dará la estocada.