La inmensa mayoría de todas las medidas que presentó este domingo Alberto Núñez Feijóo, tras la cumbre de presidentes autonómicos del PP, en Murcia, ya estaban en el programa electoral de 2023.
El presidente del partido, en realidad, se ha limitado en los últimos meses a "endurecer" la argumentación, ajustando el tono a la preocupación creciente por la inmigración que muestran los sondeos demoscópicos.
De hecho, la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre este asunto, publicada ya el pasado mes de julio —justo una semana después de los incidentes en la localidad murciana de Torrepacheco—, reveló que un 73% de los españoles cree que la cantidad de inmigrantes es "excesiva", cinco puntos más que en enero.
Es más, el 81% de los ciudadanos pedía "endurecer" las políticas contra la inmigración irregular. Y el 93% de los españoles está de acuerdo con expulsar del país a los extranjeros que cometan delitos.
Estos datos explican, según las fuentes consultadas en la dirección del PP, por qué Feijóo ha radicalizado el discurso.
Simplemente, para "alinearse más con su electorado" y arañar apoyos en el ajedrez demoscópico, sabiendo que incluso entre los socialistas "existe una amplia mayoría favorable a endurecer las políticas migratorias".
Comparando documentos
En realidad, para las elecciones generales de 2023, el PP ya proponía un sistema de inmigración legal cualificada "basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora" para atraer talento con alto potencial de integración.
Esta propuesta buscaba explícitamente "facilitar la admisión de talento extranjero que tienen un alto potencial de integración y que pueden aportar el mayor beneficio a España, tanto en términos de contribuir al crecimiento económico como a la sostenibilidad de los servicios públicos".
Esa misma propuesta vuelve a repetirse en la llamada Declaración de la Región de Murcia, sin añadir nuevos contenidos sustanciales.
El programa de 2023 incluía también el "refuerzo de la inspección fronteriza", con más personal y medios para Policía Nacional y Guardia Civil.
Contemplaba la "alineación" con los sistemas europeos de registro de entradas y salidas y coordinación con Frontex. Asimismo, la agilización de las "órdenes de retorno o expulsión" de inmigrantes en situación irregular, especialmente los delincuentes.
Todos esos puntos fueron solemnemente firmados, pero simplemente reelaborados en Murcia.
Es cierto que Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, ha estado trabajando los últimos meses en un Plan Integral, que el PP desgranará en las próximas semanas. Pero lo presentado este fin de semana no son, propiamente dichas, novedades políticas recién diseñadas.
En materia de menas, la ponencia del 23-J recogía ya una "estrategia nacional para la protección integral e inclusión de niños y niñas migrantes no acompañados", y la reforma del procedimiento de determinación de edad.
Ahora se dice lo mismo, añadiendo críticas al "reparto pactado con los socios separatistas" de Sánchez.
El Gobierno, de perfil
El presidente del PP lleva meses repitiendo una frase con la que trata de resumir su decepción con el modelo económico del Gobierno: "No puede ser que en España no merezca la pena trabajar".
Con ella busca torpedear el modelo de subvenciones, pagas y subsidios que "desincentivan" la búsqueda de empleo. Y el "infierno fiscal" que, subiendo "hasta 97 veces impuestos y cotizaciones" desde que gobierna el PSOE, hace a las empresas y autónomos "menos competitivos" para pagar mejores sueldos.
Lo cierto es que ahora se ha incluido este concepto en el discurso migratorio introduciendo, en el texto de Murcia, una retórica más dura para ligar las ayudas de la búsqueda activa de empleo.
La única novedad detectable es que el castigo con la expulsión se extiende desde los inmigrantes con delitos graves a aquéllos que sean "reincidentes en delitos leves".
Pero lo cierto es que es una medida coherente con la promesa del PP de cambiar el Código Penal para que las condenas por la reincidencia en pequeños "hurtos o estafas" se equiparen a las de delitos más graves.
Es decir, si al nacional se le mandaría a la cárcel, con esa reforma, al extranjero se le expulsaría, como ocurre ahora en delitos castigados con más de un año de prisión.
De hecho, las únicas críticas de miembros del Gobierno, este lunes, fueron muy de perfil. El ministro Félix Bolaños advirtió, desde Albacete, de que le sorprendía que Feijóo hiciese un discurso con "propuestas estrella que ya están en la ley".
Y que el problema está en si el PP "blanquea el discurso xenófobo" de Vox, porque acelerará "el sorpasso de la ultraderecha".
Por su parte, Elma Saiz sólo pudo recurrir a un bulo para criticar al PP. Según dijo la ministra de Inclusión, es falso que el IMV dé derecho al permiso de residencia... pero, en realidad, ni Feijóo ni cualquier otro líder popular ha dicho eso, ni consta en los documentos.
Feijóo carga contra las prestaciones públicas sin contrapartidas laborales, es cierto. Pero el PP ya lo planteaba en 2023. Ocurre que ahora incluye este concepto en su catálogo de políticas migratorias.
"Las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital deben ligarse a la búsqueda activa de empleo. La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida", reza el documento del domingo.
Unas palabras u otras
Eso sí, la Declaración de la Región de Murcia se abre con la afirmación de que "España vive una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente". Y aunque el documento subraya que "Europa entera afronta este desafío", los populares han decidido ahora meter cuchara, en pleno ascenso de Vox en las encuestas.
El texto del PP añade que "la inmigración bien gestionada es una oportunidad; mal gestionada, una fuente de división y precariedad". Pero continúa criticando las políticas socialistas.
El documento advierte de que "se han roto los incentivos a quien quiere cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad" y afirma rotundamente que "España debe decidir quién entra y en qué condiciones. Ninguna vía irregular puede ser más ventajosa que la legal".
Esta filosofía, en realidad, ya impregnaba el programa electoral de 2023 y en la ponencia política aprobada en el último congreso nacional del partido, el pasado julio.
Pero las palabras escogidas eran otras: el PP advertía de la necesidad de "ordenar los flujos migratorios" y "favorecer la inmigración legal frente a la irregular".
Solo en la UE
Según las fuentes del PP, "Sánchez podría querer aplicar estas políticas, pero no le dejan sus socios". Y apoyan esta afirmación, casi condescendiente, en que él es el líder de la Internacional socialista y, sin embargo, todos sus correligionarios europeos le han dejado solo.
"Sólo España se felicita del descontrol fronterizo", añade un portavoz cercano a Feijóo. "Hasta la Dinamarca socialdemócrata aboga por expulsiones a terceros países", algo que no aparece en los postulados del PP, aunque sí en los del PP Europeo.
También se apoya el PP en los sondeos demoscópicos, que arrojan una preocupación creciente de los españoles con el asunto migratorio.
El último barómetro del CIS ya lo considera el segundo problema en España. Y la encuesta citada de EL ESPAÑOL lo corrobora: entre los votantes del PSOE, el 59,8% dice que hay que endurecer la política contra la inmigración ilegal y el 85,6% apoya expulsar a los extranjeros que cometan delitos.
Fuentes de la dirección del PP admiten con franqueza que podrían endurecer aún más su discurso, atendiendo a las demandas de su electorado, pero no lo harán por "responsabilidad política".
Estas mismas fuentes añaden que la falta de críticas sustanciales del PSOE a sus propuestas porque "saben que su electorado las respalda mayoritariamente".
Y subrayan además que líderes socialdemócratas como la danesa Mette Frederiksen o el británico Keir Starmer defienden posiciones similares o incluso más duras en sus respectivos países europeos.
Según el PP, Pedro Sánchez no puede impulsar estas políticas porque "perdería el apoyo de sus socios de Gobierno o del Congreso".