Al menos desde el año 2020 son públicas la quejas —emitidas por parte de organismos oficiales y dirigidas a las autoridades competentes— sobre el mal funcionamiento de las pulseras antimaltratadores.
Estos dispositivos usan tecnología GPS para geoposicionar a un investigado o condenado sobre el que pesa la prohibición de acercarse a la mujer que le denunció. Y emiten una alerta sonora cuando esto se incumple.
Ahora bien, durante todo el último lustro han ocurrido incidencias, más o menos graves, en su funcionamiento. Y ello, pese a que, en todo este tiempo, ha habido cambios en el sistema informático, en el modelo de gestión y en su proveedor. También, en el Gobierno y en cúpula del Ministerio de Igualdad.
A todo ello, se suma que la última Memoria anual de la Fiscalía, correspondiente a la actividad desplegada el año 2024, se queja de "gran cantidad" de archivos judiciales provocados por los problemas informáticos derivados del cambio de empresa proveedora de este servicio.
¿Cuáles son los problemas?
Por un lado, la Memoria de la Fiscalía, hecha pública a inicios de septiembre, alertó de que el cambio de proveedor del sistema de control había provocado muchos sobreseimientos.
¿Por qué? Hasta 2023, gestionaba este servicio Telefónica. Pero esta compañía, ese año, no se presentó el concurso público y la adjudicación fue concedida a una UTE (unión temporal de empresas) entre Securitas y Vodafone.
Como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva ya ese año, un informe de técnicos de la Secretaría de Estado de Igualdad calificaba de "deficiente" el plan previsto para acometer la transición. De hecho, lo calificaba con un suspenso, con una nota de 3,6 sobre 10.
Pulsera de localización de la firma israelí Attenti, proveedora de los brazaletes hasta 2023.
La firma fabricante de los brazaletes hasta 2023, cuando se produjo el cambio en el servicio, fue la firma israelí Attenti.
Con el nuevo contrato, en vigor hasta 2026, el Gobierno pasaba a comprar las pulseras telemáticas en vez de, como hasta entonces, pagar diariamente por el uso del servicio. Este modelo supuso un ahorro económico.
Además, venía acompañado de una reforma legislativa: la conocida como Ley del sólo sí es sí, impulsada por la entonces ministra Irene Montero, contemplaba la colocación de los brazaletes a ciertos agresores sexuales.
Pero, más allá del cambio de proveedor, en los últimos cinco años también han existido otros problemas derivados del propio funcionamiento de las pulseras telemáticas.
¿Quién se ha quejado?
Como desveló EL ESPAÑOL, el informe anual del Defensor del Pueblo del año 2019 —entregado al Congreso en mayo de 2020, fecha en la que se presentó públicamente— también recogía quejas sobre estas pulseras.
Varias mujeres víctimas de violencia de género se dirigieron a esta institución, encabezada entonces por el socialista Francisco Fernández Marugán.
Al menos una de esas quejas está fechada en el año 2018, por lo que el Defensor del Pueblo solicitó información al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido, entonces, por Dolors Monserrat (PP).
Al poco tiempo, ya con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, este departamento fue desgajado. La cartera de Igualdad pasó a manos de la socialista Carmen Calvo. En 2020, sería sustituida en dicho departamento por Irene Montero, de Podemos.
En este tiempo, los problemas tampoco se resolvieron. De hecho, el cambio de proveedor del sistema de control se produjo con Montero como ministra de Igualdad. Y el informe de 2019 del Defensor del Público subraya que los problemas con los brazaletes prosiguieron tras la llegada de Sánchez a Moncloa.
Ha habido más quejas de otros organismos oficiales. Como avanzó EL ESPAÑOL, el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió a principios de 2025 a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de que las deficiencias en el funcionamiento de las pulseras telemáticas continuaban.
La presidenta del Observatorio, Esther Erice, envió a esa Delegación, que depende del Ministerio de Igualdad, dos oficios. Uno, el 8 de enero. El segundo, el 21 de febrero. En ellos se alerta de "incidencias" reportadas por órganos judiciales que, alarmados por los errores de los dispositivos, informaron al CGPJ.
Asimismo, este periódico ha tenido acceso al acta de una de las reuniones anuales de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de Granada. Está fechada el 10 de julio de 2024.
El documento recoge que, en esa reunión, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de la ciudad se quejó de que "los primeros meses de funcionamiento de la nueva empresa que gestiona [el centro de control de las pulseras] fueron caóticos".
"Se producían numerosas incidencias en la implantación de los dispositivos", lamentó la magistrada.
Por su parte, la fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer de la provincia también se quejó de los "muchos procedimientos que se archivan". "Oficiado el centro [de control], el mismo indica que el obligado no se encuentra donde la víctima decía que estaba", advirtió.
Los matices de la Fiscalía
Tras la polémica generada por las quejas que incluye la última Memoria de la Fiscalía, el propio Ministerio Público, el pasado jueves, emitió un comunicado al respecto.
En él, se aclara que los errores derivados del cambio de proveedor del sistema de control tan sólo afectaron a procedimientos judiciales por el delito de quebrantamiento.
Es decir, aquellos relativos al incumplimiento, por parte de un hombre investigado o condenado, de la orden de alejamiento. Y no a los procedimientos por violencia de género de los cuales los anteriores se derivan.
La Fiscalía señaló la semana pasada que ninguna mujer ha estado desprotegida por este problema concreto. Sí lo habrían estado, no obstante, por otros fallos en los dispositivos, que, en ocasiones, emiten alarmas sin ser necesario o, cuando deben, no lo hacen.
Testimonios de abogados recabados por EL ESPAÑOL lamentan que los brazaletes de control, a veces, no funcionan en zonas rurales con escasa cobertura móvil.
En su comunicado, la Fiscalía reconocía "errores puntuales" debido a los problemas técnicos por la migración del sistema, que impidieron contar con información anterior a 2024.
¿Y esto causó algún archivo judicial? Sí. Aunque el Ministerio Público señala que la gran mayoría se revocaron una vez obtenidos de los datos faltantes y se pudo condenar a los acusados que lo mereciesen.
¿Qué dice Igualdad?
En línea con el comunicado de la Fiscalía del pasado jueves, Igualdad, encabezado actualmente por la ministra Ana Redondo, del PSOE, insiste en que las mujeres que emplean el sistema de brazaletes GPS han estado protegidas.
Así se pronunció la dirigente al ser cuestionada sobre la queja plasmada en la Memoria de 2025 de la Fiscalía, la relativa a la migración de un sistema informático a otro.
La ministra Ana Redondo, la semana pasada, en el Congreso.
Fuentes de Igualdad confirman a EL ESPAÑOL que se han dirigido al Ministerio Público a fin de que les entregue una cifra exacta de las causas judiciales por quebrantamiento que se vieron afectadas.
De forma genérica y sin dar datos exactos, Redondo señaló que habría habido incidencias en "menos del 1%" de los casos, sin especificar si se refería a las causas abiertas por quebrantamiento de condena o al número de pulseras activas, unas 4.500.
La Memoria de la Fiscalía de 2025 tampoco cifra esa "gran cantidad" de archivos que se produjeron a raíz del problema técnico derivado del cambio de proveedor.
Por otro lado, algunas voces políticas, policiales y jurídicas han criticado la mala calidad del actual modelo de brazalete antimaltrato. Tanto es así, que han llegado a afirmar que los aparatos fueron compradas en AliExpress, el equivalente chino de Amazon.
Fuentes del Ministerio de Igualdad lo niegan tajantemente y recuerdan que ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaba este sistema encima.