La patada a seguir en el rugby es una jugada que, básicamente, consiste en enviar el balón hacia delante para superar una dificultad y ganar terreno, a la espera de encontrárselo más adelante. En política es un movimiento habitual para salir del paso.
El Gobierno lo ha venido usando, por ejemplo, para cerrar pactos interpretables en los que cada parte puede vender un triunfo a los suyos, pero a veces tiene contraindicaciones.
Ahora el Gobierno ha vuelto a enredarse con un acuerdo suscrito con sus socios redactado con ambigüedad y que, además, ha anunciado uno de los partidos que le da soporte.
Se trata esta vez del acuerdo sobre una enmienda a la ley de Atención al Cliente que fue desvelada por Junts.
Este partido anunció que el pacto obligará a que empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general, tengan que atender en lenguas cooficiales en cualquier punto de España si así lo solicita el cliente.
Luego el PSOE ha intentado matizar atropelladamente que sólo se aplicará cuando esas empresas operen en lugares en los que haya lenguas cooficiales, pero con distintas versiones entre diferentes ministros y entre dirigentes socialistas y de Sumar.
Ese acuerdo se ha alcanzado en la ponencia y aún falta que se vea en comisión. Fuentes del Grupo Socialista explican que será ahí donde se establezca el contenido concreto, sin aclarar cuál será su posición final, ya que el acuerdo fue entre Junts y el ministerio de Pablo Bustinduy, representante de Sumar.
Fuentes del Gobierno y del PSOE explican que este nuevo episodio, repetido durante las dos últimas legislaturas, tiene que ver con la reincidencia en una forma de proceder que consiste en hacer acuerdos ambiguos para salvar situaciones comprometidas, dejando en manos de los socios el anuncio e interpretación.
Añaden que otro inconveniente es que, en algunas ocasiones, los enviados de Sánchez a negociar con Carles Puigdemont, es decir, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán, han cerrado acuerdos premeditadamente confusos que iban más allá de lo que podía hacer luego el Gobierno a la hora de concretarlos en una norma.
Esa patada a seguir tiene consecuencias cuando los jugadores vuelven a toparse con el balón. Así ocurre hoy con acuerdos como el de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña o el de la "financiación singular" de Cataluña.
Llegan las 'matizaciones'
El primero fue pactado con Junts y el segundo con ERC. Ambos partidos consideran ahora que hay incumplimiento porque el Gobierno no llega hasta donde ellos dicen haber acordado y porque los dos exigen que se materialice lo convenido antes de sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado.
Sobre la inmigración, Junts anunció el acuerdo que sirvió para que el Gobierno salvara en el último minuto un decreto en el Congreso y explicó que incluía la posibilidad de que la Generalitat expulse a migrantes.
El Gobierno no dijo nada inicialmente pero luego intentó matizar ese punto.
Posteriormente, redactó una proposición de ley aceptando una exposición de motivos que incluía referencias sobre la migración y sus efectos que Podemos considera "racista" y, por eso, asegura que hará que el Congreso rechace el próximo martes la norma.
En este caso, la ambigüedad o interpretación abierta consiste en usar exposiciones de motivos o preámbulos, como ya se hizo hace años con el Estatut de Cataluña y, más recientemente, con el pacto de investidura de Pedro Sánchez.
En el caso de la financiación de Cataluña es todo aún más alambicado.
Fue un pacto entre PSC y ERC para lograr la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Los de Oriol Junqueras anunciaron el acuerdo como una especie de "concierto fiscal" con parecidos a los de País Vasco y Navarra, y al margen del sistema común del resto de comunidades.
El PSOE y el Gobierno callaron durante casi un mes, entre otras cosas, porque siempre habían rechazado ese "concierto fiscal". Pero, finalmente, Sánchez defendió el acuerdo en público y el PSOE no lo rechazó en público, aunque fuentes socialistas matizaban el alcance y la viabilidad del pacto.
Un año después, la Generalitat y Hacienda culminaron un acuerdo de financiación singular que quedaba tan lejos del inicial del PSC y ERC que este partido lo rechaza e insiste en aprobar un modelo como el acordado para investir a Illa. Y lo plantea también como condición para negociar los Presupuestos.
Como efecto colateral de esa metodología de pacto, ERC no puede presentarse ante sus electores con un acuerdo que queda lejos de lo pactado con Illa.
Comenzó en la investidura
Esa forma de negociar estuvo ya presente en el acuerdo de investidura de Sánchez firmado entre el PSOE y Junts en 2023. Por ejemplo, con un párrafo en el que se admitía implícitamente la existencia de lawfare (guerra judicial).
"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", aseguraba.
Ese párrafo sirvió a Junts para asegurar que el Parlamento investigaría acciones judiciales contra el independentismo, y que esas conclusiones podrían tenerse en cuenta para proceder contra quienes intervinieron en las causas relacionadas con el procés independentista.
El PSOE intentó matizar esa interpretación, pero aceptó constituir una comisión de investigación en el Congreso sobre la llamada "Policía patriótica" que empezó sus trabajos hace meses.
La pelota que pateó entonces el PSOE se la encontrará de nuevo cuando se redacten esas conclusiones y Junts insista en incluir la existencia de lawfare, ejecutado en este caso por el Tribunal Supremo.
Junts exigirá que se cumpla lo de "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta (…) con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
En 2022, el PSOE salvó la ley de Memoria Democrática gracias a un pacto con Bildu y el Gobierno permitió que fuera este partido el que anunciara y detallara el acuerdo.
En la presentación, en una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, explicó que la norma incluiría la investigación de crímenes de los GAL.
El PSOE lo negó luego y, tras algunas dudas, en ese caso sí consiguió que se matizara días después en la ley.