Junts ha decidido desafiar de nuevo a Moncloa y ponerle en un difícil brete político en el Congreso de los Diputados.
Una votación y la actitud de Junts inquietan y ponen en difícil situación parlamentaria al Gobierno y ensombrecen la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
Los de Carles Puigdemont han decidido llevar a votación el próximo martes la proposición de ley pactada con el PSOE el pasado mes de marzo para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.
La iniciativa, acordada en su momento a cambio de otra votación clave para el Gobierno, quedó atascada en el Congreso por la dificultad de salir adelante.
Ahora, Junts ha decidido descongelar la proposición de ley y usar su cupo de iniciativas para que se someta a votación la toma en consideración el próximo martes.
El problema para el Gobierno es que Podemos mantiene su radical rechazo. Tan radical que parece imposible que el partido de Ione Belarra pueda modificar una posición que le lleva a tachar la proposición de ley de "racista".
Podemos denuncia que la iniciativa incluye una exposición de motivos de la que se desprende que la inmigración es un problema y "un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.
"Es una norma que sólo se entiende en el marco de la pugna electoral que mantienen Junts y Aliança Catalana, un hecho constatado por todos los analistas políticos en Cataluña y en el conjunto del Estado, ya que Aliança Catalana recorta distancia con Junts en las encuestas", dicen en Podemos.
"Lo dijimos en el pasado y lo mantenemos: para hacer leyes racistas no se puede contar con los votos de Podemos, menos aún para pugnas electorales racistas", señalan.
Al ser una proposición conjunta no cabe tampoco la opción de que el PSOE la retire, porque necesitaría el apoyo de Junts, y no parece que eso se pueda producir.
Sería la segunda sonora derrota del Gobierno en el Congreso de este recién iniciado curso político, tras el rechazo al proyecto de ley de reducción de jornada laboral. De esa votación salieron los de Junts con un coste político forzado por el Gobierno y, más concretamente, por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que les acusó de atacar a los trabajadores.
Fuentes de la Moncloa muestran su sorpresa por el hecho de que Junts haya decidido presentar en este momento la votación para delegar a Cataluña las competencias de inmigración, porque ensombrece la negociación de los Presupuestos.
Pero los de Puigdemont han decidido no sentarse a negociar las cuentas del Estado hasta que no se cierren compromisos pendientes.
La tesis de Junts es que irán votación a votación, pactando lo que sea posible y rechazando lo que no compartan, aunque ello suponga poner en difícil situación al Gobierno de Pedro Sánchez.
Por ejemplo, estos días han rechazado la reducción de jornada y la creación de una Oficina Anticorrupción propuesta por Sumar, y han pactado con el ministro Pablo Bustinduy el uso del catalán en la atención al público en toda España.
Moncloa ve casi imposible que la proposición de Junts pueda salir adelante el martes, porque la negativa de Podemos es muy firme.
En el Gobierno consideran también que Junts reacciona a las encuestas, que hoy le sitúan en pugna complicada Aliança Catalana, partido ultraderechista e independentista que tiene un discurso muy duro sobre inmigración.
"Nos gustaría tener más tiempo y que los asuntos llegaran aquí con la garantía de que van a salir aprobados. Apuraremos el tiempo para negociar y para sacarlo adelante", aseguró el portavoz socialista, Patxi López, este martes al enterarse del movimiento de Junts.