El Gobierno se aproxima hacia otra votación al límite, hacia la posibilidad de sufrir una derrota parlamentaria de las que hacen daño político y muestran debilidad del Gobierno.
Se trata del proyecto de ley impulsado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas.
El miércoles por la tarde se votarán las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Vox y Junts y los votos de esos partidos son suficientes para echar abajo la iniciativa de Díaz en el primer trámite del Congreso.
Una derrota que, además, serviría para volver a mostrar que no hay una mayoría progresista en el Congreso, cuando se vio en otras votaciones como las que tienen que ver, por ejemplo, con cambios en impuestos.
La vicepresidenta mantiene aún la presión sobre Junts para que retire en el último momento su enmienda de totalidad y que, al menos, pueda tramitarse el proyecto en el Congreso. De hecho, ha reconocido que negocia directamente con Carles Puigdemont.
Díaz ofrece la posibilidad de aumentar las ayudas a las empresas y flexibilizar los plazos de entrada en vigor de la norma y los sectores afectados. Es decir, descafeinar el proyecto estrella de la que fue cabeza de lista de Sumar en las anteriores elecciones generales.
El problema es que Junts acordó con las patronales catalanas rechazar la medida y no tiene fácil la rectificación.
La propia vicepresidenta ha advertido que si decae el proyecto de ley el Gobierno aprobará por decreto el endurecimiento de los controles de cumplimiento de horario, sugiriendo que irá más allá de lo previsto en la norma.
Culpar al PP
Las posibilidades de acuerdo son tan bajas que el Gobierno ha empezado a utilizar ya el argumentario de socorro para intentar salir indemne de revolcones parlamentarios: culpar al PP de obstaculizar la aprobación de un beneficio para los trabajadores.
Moncloa y Trabajo intentan así “convertir una derrota en victoria” y que sea la oposición la que cargue con el coste del rechazo.
No habrá crítica a Junts, porque depende del voto del partido de Carles Puigdemont para sacar adelante otras iniciativas.
Se completa el argumento con el compromiso de volver a aprobar “las veces que sea” el proyecto de ley en el Consejo de Ministros, con el mismo texto que fue pactado con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
Fuentes oficiales rechazan la posibilidad de retirar el proyecto de ley justo antes de la votación para evitar la derrota, como ya ha hecho con otras normas similares. Este compromiso, no obstante, está sometido a deuda, porque Moncloa ya ha rectificado varias veces su posición sobre este asunto.
Retirarlo o no
Antes de verano el Gobierno ya puso en marcha los argumentarios para culpar al PP y el propio Pedro Sánchez autorizó que se sometiera a votación en el Pleno aunque no hubiera acuerdo con Junts.
Pero en el último momento, en el último Pleno de julio, se retiró la norma del orden del día porque se entendió que entonces, en pleno desgaste por la corrupción, no era la ocasión de recibir una derrota tan importante.
Ahora, Trabajo esperaba llevarlo al Pleno a finales de septiembre, pero una carambola permitió que PP y Vox pudieran imponer que se someta a votación el miércoles 10 de septiembre.
Ocurrió que este mes la representación del Grupo Mixto en la Junta de Portavoces corresponde al diputado de UPN, el bloque de investidura ha perdido la mayoría de ese órgano y se impuso un orden del día con el proyecto de ley de reducción de jornada que se someterá a votación el miércoles, tras la sesión de control al Gobierno.
Será con todos pendientes de Junts, especialista en mantener la incertidumbre hasta última hora para tener sobre ellos el foco y marcar la agenda política.