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"Que viene la ultraderecha", "que tendrán que asumir la responsabilidad de abrir la puerta a Vox y al recorte de derechos", "que se cierra la posibilidad de hacer concesiones a Cataluña", "que se pondría fin a la posibilidad de aprobar medidas progresistas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional"...

Esas son algunas de las expresiones que, en esencia, ha utilizado el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr apoyo de sus socios de investidura a diferentes medidas durante la legislatura. Y hasta ahora le ha resultado eficaz.

Algunos de ellos explican que por responsabilidad han tenido que aceptar (o "tragar") algunas de las propuestas que llevaba el Gobierno a votación al Congreso. Ninguno quería cargar con el peso de haber puesto fin al Gobierno progresista y haber permitido un Gobierno con la ultraderecha.

ERC cargó en 2019 con la responsabilidad de haber rechazado los Presupuestos que presentó Sánchez y haber provocado la convocatoria electoral anticipada. Y eso que, en realidad, la acusación no era del todo cierta porque aquella fue una decisión estratégica de Sánchez como consecuencia de encuestas favorables y para rentabilizar la "foto de Colón" de PP y Vox juntos.

Pero, el relato oficial, cayó sobre ERC. Y Moncloa explicó que había elecciones anticipadas porque no salieron adelante los Presupuestos de 2019.

Ahora, Sánchez ha mutado también en esta convicción y el hipotético rechazo de las cuentas ya no es causa de disolución de las Cortes y convocatoria electoral. O, al menos, eso dijo este lunes en TVE.

Con esa explicación, además de retorcer la Constitución, el presidente del Gobierno ha invalidado todos los incentivos para que sus socios parlamentarios aprueben las cuentas del Estado.

Ahora saben que aunque no apoyen los Presupuestos la legislatura seguirá, no habrán contribuido a la caída del Gobierno más progresista de la historia, no habrán abierto la puerta a Vox y pueden seguir apoyando de forma selectiva medidas concretas hasta 2027.

Es decir, además de meterse en un lío de interpretación constitucional y en un enredo argumental, Sánchez ha perdido capacidad para forzar a sus socios a apoyar su proyecto de Presupuestos. Lo ha convertido en una votación más de las que puede perder y, de hecho, pierde frecuentemente.

Muestra además su confianza sin límites en que ninguno de sus socios se va a atrever a hacer un gesto irreversible para acabar con su Gobierno. Que ninguno va a apoyar una hipotética moción de censura con PP y Vox, lo que significa que en esto sí sostiene todavía el argumento del "miedo a Vox" que tanto le ha servido para otras negociaciones.

Está dispuesto a completar una legislatura sin haber aprobado Presupuestos, lo que supone un récord impensable para cualquier constitucionalista.

El argumento es que los que están en vigor, aprobados en 2022 por otra Cámara, le sirven para su proyecto. Aunque, en realidad, deberían servir a la mayoría parlamentaria actual, según el espíritu de la Constitución.

El enredo argumental sigue porque asegura que convocar elecciones anticipadas supone provocar “parálisis”, pero en realidad las dos veces que ha habido elecciones con él en la Moncloa ha sido por convocatoria anticipada decidida por él mismo en 2019 y en 2023. Lo que, por cierto, arruina su argumento actual, que asegura que las legislaturas deben completarse, cumplir los cuatro años.

Además, Sánchez habló hace meses de “matices” cuando se le preguntó por el reiterado incumplimiento del precepto constitucional que obliga a presentar los Presupuestos en el Congreso y ahora persiste en el error porque omite una parte de ese artículo de la Carta Magna: el de los plazos.

La Constitución establece que deben presentarse antes de finales de septiembre y ahora nadie en el Gobierno cree posible cumplir ese precepto.