El Gobierno estudia una fórmula legal para poder agilizar y facilitar el trámite de aprobación de la senda de estabilidad (o déficit y deuda públicos), paso previo para poder presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, según fuentes de Moncloa.
No hay una decisión definitiva, porque la opción barajada en diferentes reuniones de Moncloa puede presentar inconvenientes políticos, pero no legales, según explican esas fuentes. El objetivo es minimizar el riesgo en las votaciones precisas y reducir en lo posible las negociaciones necesarias.
La vía estudiada consiste en la aprobación casi simultánea en Consejo de Ministros de esa senda de estabilidad y de los Presupuestos, para evitar dos negociaciones sucesivas que tendrían un "precio" mayor.
Hasta ahora, este procedimiento solía completarse antes de agosto, con la aprobación en el Consejo de Ministros y, después, la votación correspondiente en el Parlamento.
De hecho, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el trámite debe cumplirse antes del 1 de agosto, previa consulta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda con las comunidades autónomas.
Sin embargo, ya el año pasado este trámite —que consiste en fijar los límites de déficit que deben asumir tanto el Estado como las autonomías— se convirtió en un obstáculo insalvable para el Ejecutivo. En 2025, directamente, se ha obviado y el calendario ha quedado ya fuera de plazo.
Primero el texto presentado por el Gobierno fue rechazado por la mayoría del Congreso en julio de 2024. El Consejo de Ministros volvió a aprobar la misma cifra en septiembre (la Ley de Estabilidad obliga a ello) y la llevó al Congreso, pero la retiró en el último momento ante el riesgo de perder la votación.
Posteriormente, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anunció que abría negociaciones con Junts para establecer unos nuevos límites fiscales (de déficit y deuda) para 2025, pero nunca se conoció ningún resultado de esas conversaciones.
Quedó en vigor la senda de estabilidad aprobada en 2022, fecha de los últimos Presupuestos del Estado que han culminado el procedimiento de aprobación en Congreso y Senado.
Ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido de nuevo a presentar un proyecto de ley de Presupuestos para 2026 cumpliendo así con el mandato constitucional.
Sin embargo, la Carta Magna establece también que ese proyecto debe ser enviado al Congreso antes de finales de septiembre, plazo que ya es casi imposible que se cumpla.
Para empezar, porque aún no se ha aprobado esa senda de déficit y tendría difícil tramitarlo como siempre se ha hecho antes de esa fecha. Además, duplicaría las negociaciones difíciles con sus socios de investidura. Con algunos de ellos, como Podemos, ni siquiera ha contactado para iniciarlas.
Acelerar plazos
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que como paso previo a la presentación de los Presupuestos se debe presentar el techo de gasto y la correspondiente senda de déficit y deuda pública para los siguientes años. Siempre se ha entendido que el paso previo incluye la aprobación en las Cortes.
Dicha senda fiscal, fundamental para formular el techo de gasto, debe ser ratificada por el Congreso, que después lo envía al Senado. Si éste la rechaza, vuelve al Congreso donde se debe aprobar. Si hubiera rechazo por las Cámaras, el Gobierno tiene un mes para volver a presentarlo.
Por tanto, a priori no parece factible que se puedan presentar Presupuestos sin haber dado estos pasos.
Sin embargo, ahora el Gobierno podría intentar hacer coincidir la tramitación del techo de gasto y la senda de déficit con la de los Presupuestos Generales del Estado.
La excusa sería acelerar los plazos, dado que ya van retrasados. Por tanto, en un Consejo de Ministros se aprobaría el techo de gasto y a continuación el proyecto de Presupuestos para que lleguen juntos al Congreso.
El objetivo, explican fuentes del Gobierno, sería intentar minimizar el coste político. Porque por el trámite normal tendrían que negociar los límites de déficit y deuda y después los Presupuestos. Sin embargo, de este modo negociarían todo en el mismo paquete.
Para la senda fiscal hay treinta días para su aprobación, una vez que salga del Consejo de Ministros, tiempo suficiente para que los Presupuestos estén ya en el Congreso para el debate de totalidad.
Así, antes del debate de totalidad, se podría aprobar la senda fiscal. Dando paso al debate, lo que permitiría el trámite normal. Si no hubiera apoyos, volvería de nuevo al Gobierno.