El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas catastróficas en los territorios afectados por incendios forestales e inundaciones desde el pasado 23 de junio.
La medida se extiende a 16 de las 17 comunidades autónomas, con la única excepción del País Vasco, y permitirá a los damnificados acceder a las ayudas previstas en la ley.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha explicado que se trata de la primera reunión del Gabinete tras el parón estival y que responde a la gravedad de los daños sufridos este verano.
Vídeo | El Gobierno minimiza las propuestas del PP para los incendios: "Soluciones de poco fuste"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que estas emergencias constituyen "la mayor catástrofe de los últimos años" y ha asegurado que los afectados podrán reclamar de inmediato las compensaciones.
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica, está regulada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015.
¿Qué es la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil?
Según la norma, el Consejo de Ministros delimita las áreas incluidas y aprueba ayudas económicas para viviendas, bienes de primera necesidad o corporaciones locales por los gastos derivados de la emergencia.
También contempla subvenciones para daños en infraestructuras municipales, producciones agrícolas, ganaderas o forestales, así como la posibilidad de abrir líneas de crédito del ICO.
Entre las medidas fiscales, se incluyen exenciones en el IBI o reducciones en el IAE, además de moratorias en cotizaciones a la Seguridad Social cuando la actividad se haya visto afectada.
El Ejecutivo recuerda precedentes recientes: la erupción del volcán de La Palma en 2021, la borrasca Filomena en 2021 o las danas que en 2024 obligaron a declarar zona catastrófica a 78 municipios.
Grande-Marlaska ha anunciado que el Gobierno estudiará las propuestas de todos los partidos en materia de prevención y respuesta ante catástrofes.
En este sentido, ha confirmado que se analizará el plan presentado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con 50 medidas contra los incendios, aunque ha criticado la idea de crear un registro de pirómanos controlados con pulseras telemáticas.
"Son soluciones con poco fuste", ha subrayado el ministro, que ha emplazado a debatir estas cuestiones dentro del pacto de Estado para la emergencia climática que defiende Pedro Sánchez.
Alegría ha insistido en que el Ejecutivo está abierto a estudiar las propuestas de todas las formaciones, pero ha pedido al PP que deje de "utilizar las tragedias" y se sume al acuerdo nacional.
La ministra ha advertido de que el discurso negacionista de Vox "ha ido cogiendo protagonismo" en el Partido Popular y ha reclamado mayor responsabilidad en un momento de crisis climática.
Acogida de menas
En la misma reunión, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que fija la capacidad de acogida de menores migrantes en las comunidades autónomas.
El texto establece un ratio de 32 menores por cada 100.000 habitantes y permitirá derivar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias y Ceuta a territorios con menos presión en sus recursos.
La portavoz del Gobierno ha defendido que se trata de un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante" y ha subrayado la obligación legal y humanitaria de atenderlos.
El PP y varias comunidades gobernadas por este partido han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional y el Supremo contra este sistema de reparto obligatorio.
Madrid y La Rioja ya han mostrado sus quejas, mientras que Baleares ha pedido la suspensión cautelar del decreto.
Con el nuevo mecanismo, ni País Vasco ni Cataluña deberán asumir nuevos traslados, aunque la Generalitat ha expresado su voluntad de acoger al menos a 31 menores.