Más de cuatro meses después del ultimátum del Tribunal Supremo, sin informar del paradero de los trasladados ni de los detalles de las próximas reubicaciones. Así ha comenzado el viaje para los diez primeros menores no acompañados solicitantes de asilo que el Gobierno ha llevado este lunes de Canarias a la Península.
Desde Moncloa se acogen a los últimos episodios de odio contra inmigrantes y a un posible rechazo en las comunidades de acogida para no revelar el destino de estos diez chicos con los que el Ejecutivo ha comenzado a cumplir con el plan para trasladar a cerca de mil menores.
La premisa es "proteger la seguridad de los adolescentes", recalcan fuentes gubernamentales.
Lo único que se conoce de sus perfiles es que son todos malienses mayores de 16 años que salieron de su país huyendo de la guerra y que hasta ahora se alojaban en el campamento de emergencia Canarias 50.
Hasta el último momento el Gobierno no dio la información precisa a las autoridades canarias con los horarios exactos del viaje o la identidad de los adultos que les acompañarían en el aeropuerto.
El Ejecutivo finalmente envió esa documentación a última hora del viernes, aunque este lunes algunos de esos detalles cambiaron, lo que provocó la indignación de los servicios de inmigración insulares.
Además, en principio estos primeros menores iban a ser ocho, pero finalmente terminaron siendo diez.
Según publica ABC, los menores finalmente han sido realojados en Gijón. El Gobierno elige así una de las pocas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, Asturias, de forma que evita posibles choques con las administraciones del PP, con las que ya ha polemizado sobre este asunto.
Nuevos traslados
A partir de ahora se realizarán dos traslados semanales de unos 15 o 20 chavales por cada viaje, según informan desde Moncloa. Si bien, tampoco está confirmado que la segunda operación se vaya a producir esta semana o a la siguiente.
Cada martes se producirá una reunión interadministrativa entre el Gobierno central y las autoridades del archipiélago canario en la que se decidirán los siguientes traslados.
Por tanto, hasta que no se produzca la cita de este martes no se sabrá si los próximos en salir lo harán a finales de esta semana o a la próxima.
Por todo ello, desde el gobierno insular hablan de “improvisación y falta de concreción”. Así lo calificó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este lunes en RNE.
Según fuentes del Gobierno canario consultadas por este medio, al ritmo que plantea el Ministerio de Inclusión se tardaría “un año o más” en cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS), que el pasado 25 de marzo reclamó al Ejecutivo que se hiciera cargo de los menores extranjeros no acompañados que han solicitado protección internacional.
138 días después
Han pasado 138 días desde entonces. En ese momento el Supremo emitió una orden en la que daba un ultimátum de diez días al Gobierno para que acogiera con sus propios recursos a estos menores a los que el Estado debe proteger según el Derecho internacional.
En principio, la medida afectaría a unos mil menores, aunque finalmente se aplicará a 827, ya que por el momento sólo ha sido admitida a trámite la solicitud de asilo para este número de chicos.
Para el Ejecutivo, en cambio, todo ha funcionado bien. En el mismo momento en que los menores estaban viajando a la Península, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, escribió un tuit en el que presumía de que la operación se había producido “en coordinación con Canarias”.
“Con rigor, compromiso y sin improvisaciones. Lo hacemos garantizando el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento”, remachó.
Estos menores solicitantes de asilo antes habían tenido que ser atendidos por las autoridades canarias, con sus propios recursos, en un contexto de saturación de sus centros. De hecho, hasta el momento han permanecido en unas instalaciones del Ejército que han servido de refugio improvisado.
Ahora, sin embargo, aunque sean reubicados en otros centros de la Península, la factura y los medios humanos correrán a cargo del Gobierno central. La mayoría serán alojados en pequeños recintos para favorecer una atención más individualizada y evitar reacciones en su contra, indican desde Moncloa.
Disputa con las CCAA
Aunque esta carpeta comienza a despejarse, las negociaciones desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Canarias y el resto de comunidades están lejos de mejorar.
Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) se negó a seguir acogiendo a menores y hace un par de semanas anunció el cierre del centro que había en el municipio argumentando que no tenía la “licencia adecuada”.
Se trata de un ejemplo más del choque entre Moncloa y las comunidades autónomas gobernadas por el PP para trasladar al menos a otros 3.500 menores que no son solicitantes de asilo y que en estos momentos siguen a la espera de reubicación en Canarias.
Pese al rechazo de estas autonomías, que piden más fondos y un sistema más equitativo -Cataluña y País Vasco apenas apenas acogerán nuevos menores, bajo el argumento de que ya hacen mayor esfuerzo que el resto-, el Ejecutivo planea comenzar con un “reparto obligatorio” entre finales de agosto y principios de septiembre.
En ese momento se espera un nuevo choque político, ya que varios gobiernos autonómicos como Madrid y Aragón han recurrido el procedimiento en diferentes organismos judiciales.