El Ministerio del Interior tendrá que explicarse en el Congreso por su papel en la investigación judicial a Santos Cerdán. El departamento de Fernando Grande-Marlaska deberá responder a varias preguntas escritas, a las que ha tenido acceso este diario, para dar cuenta de por qué "obstruye" los trabajos de la UCO de la Guardia Civil y quién filtró a la defensa de Cerdán que se investigaban sus visitas en prisión.
El Grupo Parlamentario Popular ha puesto en marcha una ofensiva para esclarecer las maniobras del Ministerio del Interior en el conocido como caso Cerdán.
Según fuentes consultadas en el Congreso, el origen de esta iniciativa es la revelación en EL ESPAÑOL de la negativa de Instituciones Penitenciarias a colaborar con la UCO informando sobre las visitas que recibe Cerdán en la prisión de Soto del Real.
El jefe de Prisiones, Ángel Luis Ortiz —mano derecha del ministro Marlaska—, decidió cortar el flujo de información a los investigadores de la Guardia Civil. Los populares también han solicitado la comparecencia de Ortiz ante la Comisión de Interior del Congreso.
La UCO había solicitado conocer, "con máxima discreción", la identidad y fechas de las visitas al ex secretario de organización del PSOE. E Instituciones Penitenciarias no sólo denegó la solicitud, sino que informó al Tribunal Supremo de la petición de la UCO y, después, presuntamente alertó a la propia defensa de Cerdán sobre las pesquisas en marcha.
El movimiento ha generado estupor en el seno de la UCO. Sus investigadores aseguran que esta colaboración es habitual en cientos de casos similares y que la excepción con Cerdán no está justificada.
Los responsables penitenciarios argumentaron que sólo atenderán nuevas peticiones si existe una autorización judicial expresa. Un cambio de criterio que las fuentes judiciales consideran "excepcional" y que choca con la doctrina de colaboración que rige en las investigaciones sobre crimen organizado y corrupción.
Tres preguntas clave
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Cerdán dirigió un "sistema eficaz y duradero de corrupción a gran escala", vinculado al reparto de mordidas por contratos públicos de Adif. El juez Leopoldo Puente envió a Cerdán a prisión el 30 de junio por riesgo claro de destrucción de pruebas.
Y la UCO defiende que monitorizar las visitas al interno es clave para evitar filtraciones o coordinaciones que puedan afectar a la instrucción judicial.
Por eso, el PP, a través de sus portavoces Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno.
"¿Cuáles son los motivos por los que Instituciones Penitenciarias niega dicha información sobre las visitas del recluso Santos Cerdán a los requerimientos de la UCO?".
"¿Quién dio la orden para que Instituciones Penitenciarias esté obstruyendo las investigaciones que está realizando la UCO sobre dicho recluso?".
"¿Ha abierto alguna investigación interna el Ministerio del Interior para saber quién filtró las investigaciones de la UCO que requería las visitas a Santos Cerdán de manera discreta para no entorpecer la investigación?".
Los socios de Sánchez
Simultáneamente, el PP ha registrado la petición de comparecencia urgente de Ortiz, secretario general de Prisiones. La formación reclama que explique de forma pública la razón por la que su departamento "se niega a colaborar con la Guardia Civil" y si hubo "filtraciones para alertar a la defensa de Cerdán".
El documento oficial señala la urgencia "para explicar por qué Instituciones Penitenciarias está obstruyendo la investigación del 'caso Koldo'... así como la filtración desde Instituciones Penitenciarias, para alertar a la defensa, del intento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de conocer con 'la máxima reserva' quiénes visitaban a Cerdán en Soto del Real".
Para que Ortiz comparezca ante la Comisión, se requiere el voto mayoritario de sus 47 miembros. Todos los ojos están puestos en los diputados de los hasta ahora aliados de Pedro Sánchez en el Congreso, Junts, ERC y PNV.
La posición de PP, Vox y UPN (23 votos) está garantizada en apoyo de la comparecencia, pero precisan de los socios nacionalistas e independentistas. PSOE, Sumar y Bildu (21 votos) mostrarán un rechazo previsible.
Audio entre Cerdán y Ortiz
La notoriedad de este escándalo aumenta por la proximidad personal, política y orgánica entre Santos Cerdán y Ángel Luis Ortiz.
Durante los años clave de la investigación, en que Cerdán ejercía como secretario de Organización del PSOE y Ortiz ya era el responsable máximo de Prisiones, en la órbita directa de Marlaska, una grabación intervenida por la UCO arroja luz al caso.
Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, grabó una reunión del exministro con Cerdán en la que se revela un trato directo entre el hoy preso preventivo y el responsable de Prisiones.
Se escucha a Cerdán dialogar por teléfono con "ÁNGEL LUIS", aludiendo a traslados y gestiones directamente relacionadas con la política penitenciaria. La UCO interpreta que hablaban de traslados de presos de ETA a cárceles vascas, en el ámbito de la negociación política con EH Bildu.
Este episodio se suma a una serie de informaciones previas sobre la gestión de Ortiz en los temas de acercamiento de presos, concesión de terceros grados y su papel en los acuerdos con Bildu.
Ortiz ha sido descrito en varias ocasiones como el "buenista" del sector penitenciario y como el gestor que ocultó detalles cruciales para que la política de Prisiones se ajustara a las necesidades de socios clave para la gobernabilidad de Sánchez.
La polémica se alimenta además por el hecho de que Instituciones Penitenciarias trasladó al Supremo la petición policial y la defensa fue rápidamente alertada. Este procedimiento rompe con la discreción habitual que exige la UCO en investigaciones judiciales de alta sensibilidad.
La defensa de Cerdán calificó la solicitud de la Guardia Civil como un "atropello". La petición de la UCO era conocer, "a poder ser con antelación", quién acudía a ver al interno, incluidos abogados y empresarios, aunque excluía en todo caso el contenido de las conversaciones.
Prisiones se negó, y optó por remitir la consulta al Supremo y cesar toda colaboración posterior sin aval explícito. El malestar entre los mandos de la UCO es patente, y para el PP, la secuencia y el contenido de las decisiones no se entienden sin la coordinación personal entre Ortiz y Marlaska, en defensa de Cerdán y de los intereses del círculo socialista.