Salvo sorpresas, el Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar este martes la propuesta de reforma de su reglamento interno que busca utilizar "un lenguaje inclusivo y no sexista" con el objetivo de garantizar la "no discriminación" de las mujeres en el texto.
La iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar supone una modificación simbólica en el nombre de la institución: pasará a llamarse simplemente "Congreso" en todos los documentos oficiales internos.
Se elimina el apellido "de los Diputados" para evitar el uso del masculino genérico y con la intención, como recoge la iniciativa, de lograr "el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria" desde las instituciones.
Sin embargo, pese al revuelo político generado, el cambio no afecta ni a la Constitución Española ni a la fachada del Parlamento, donde seguirá figurando el nombre oficial: "Congreso de los Diputados".
La modificación se limita al reglamento interno de la Cámara Baja, que regula su funcionamiento y protocolo. En otras palabras, se trata de un gesto sin consecuencias jurídicas, pero con intenciones políticas claras.
Ilustración: Tomás Serrano
Esto es así porque para modificar el nombre completo de la institución, tal como aparece en la Constitución —y en el frontispicio— sería necesario un procedimiento mucho más complejo.
La Carta Magna establece en su artículo 66.1 que "las Cortes Generales se componen del Congreso de los Diputados y del Senado". Por tanto, cualquier alteración en el nombre oficial requeriría una reforma constitucional.
Esto exige una mayoría cualificada, es decir, la aprobación por mayoría de tres quintos en ambas cámaras y, eventualmente, la convocatoria de un referéndum si una décima parte de los diputados o senadores lo solicita.
Tampoco es fácil cambiar el letrero de la residencia de la soberanía nacional, debido a que el Palacio de las Cortes, sede del Congreso, es un edificio histórico de mediados del siglo XIX.
Su fachada forma parte de un conjunto protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y cualquier intervención requeriría de autorización de las instituciones de patrimonio histórico.
Posturas políticas
La propuesta de reforma del Reglamento fue impulsada por los grupos que sostienen al Gobierno (PSOE y Sumar) y ha sido trabajada en la Comisión de Reglamento durante los últimos meses. El nuevo texto sustituye sistemáticamente todos los cargos masculinos para apostar por un "lenguaje inclusivo".
Así, términos como "presidente", "diputado" o "secretario" pasarán a formularse de manera doble ("presidente o presidenta", "diputado o diputada", "Rey o Reina" etc.) o neutra ("Presidencia", "Secretaría", etc.)
Desde la oposición, la portavoz del PP en el Congreso Ester Muñoz ha criticado la medida por considerarla "maquillaje" político para evitar hablar de la corrupción que afecta al PSOE.
Muñoz ha recordado que este "paripé" del Gobierno no tendrá efecto real puesto que el nombre real de Congreso de los Diputados lo otorga la Constitución.
Por su parte, la portavoz del PSOE Montse Mínguez ha criticado al PP de ser "tibio" por tener una posición clara con respecto a la medida.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al PSOE que vaya a sacar adelante esta propuesta "con su mayoría parlamentaria golpista".
"Es un insulto a los españoles que pagan impuesto y que soportan esta clase política. Es un insulto porque hemos escuchado perfectamente cómo hablaban de mujeres como si fueran mercancía", ha sentenciado Abascal.
Desde Sumar, uno de los impulsores del texto, consideran que "lo que no se nombra no existe y las mujeres somos más del 50% de la población", argumentó la vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil de Reboleño.
Queda por conocer qué pasará con los distintivos de los pasillos, la sala de prensa y otros letreros.