Cada vez que Pedro Sánchez necesita amarrar el apoyo de Junts, reactiva en Bruselas su petición para que el catalán sea lengua oficial de la Unión. Una escenificación que se repite una y otra vez desde agosto de 2023, aunque las dos partes saben perfectamente que la solicitud no va a prosperar porque la unanimidad necesaria está muy lejos de alcanzarse.
Tras el debate sobre la corrupción la semana pasada en el Congreso -en el que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, avisó de que el Gobierno está en situación de "prórroga"-, Sánchez recurre de nuevo al comodín del catalán, que Carles Puigdemont siempre ha reclamado como "pago adelantado".
La recién estrenada presidencia danesa de la Unión Europea ha aceptado incluir de nuevo la oficialidad del catalán en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales del próximo viernes 18 de julio, el último antes de la pausa veraniega.
Según fuentes comunitarias en Bruselas, el asunto se ha incorporado como un gesto del "espíritu colaborador" de Dinamarca, aunque sin garantías de que se avance en su aprobación.
Es la séptima vez que se debate en Bruselas la iniciativa de Sánchez para contentar a Puigdemont, en la que el presidente del Gobierno lleva gastado mucho capital político: cuatro durante presidencia española en 2023, una bajo presidencia belga en 2024 y otra bajo presidencia polaca en mayo de 2025.
Pero el resultado será el mismo que en las seis veces anteriores: la petición de Sánchez no se aprobará, pero tampoco será tumbada definitivamente por sus socios europeos, sino que simplemente se volverá a meter en un cajón de forma indefinida.
De hecho, en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales, el reconocimiento del catalán figura como un punto para "intercambio de puntos de vista", sin decisión. No obstante, en la agenda hay también un asterisco (o nota a pie de página) en el que se señala que "se puede solicitar una votación".
El Gobierno de Sánchez se aferra precisamente a este asterisco para sostener que el viernes podría haber avances en la oficialidad del catalán. No obstante, el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, admitía este lunes que sigue sin contar con la unanimidad necesaria para sacar adelante su petición.
"De los contactos que estamos teniendo no tenemos todavía la unanimidad que se necesita (...) No puedo garantizar que el 18 sea el día D, pero un día habrá un día D", aseguró Albares en Bruselas. De hecho, el ministro de Exteriores ni siquiera tiene previsto asistir a la reunión, en la que representará a España el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro.
La solicitud de Sánchez sobre el catalán se abordó a nivel de embajadores el pasado 9 de julio. Allí, la delegación española presentó un nuevo documento de 4 páginas cuya principal novedad es que refuerza su compromiso de asumir íntegramente los costes, que Bruselas estima en 132 millones al año. Ningún otro país tomó la palabra.
El escenario central que se maneja en Bruselas es que este viernes se repita la misma coreografía. Es decir, que Sampedro reitere su petición sobre la oficialidad del catalán, y que la presidencia danesa diga que toma nota y se pase al siguiente punto sin ninguna otra intervención.
"Lo que vamos a exponer muy claramente es que esto tiene que poderse oficializar pronto. Esto es una discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional", alega Albares.
"Hay Estados que en estos momentos tienen más de un idioma como un idioma oficial. Mañana puede entrar en la Unión Europea un Estado que tenga más de una lengua oficial. ¿Por qué no podría España?", se quejaba el ministro de Exteriores.
"Ningún Estado podrá ya decir ni esconderse detrás de que no conoce suficientemente la propuesta española o que hay aspectos que no son suficientemente claros. Todos los aspectos están aclarados", sostiene el jefe de la diplomacia española.
Lo cierto es que no ha habido ningún cambio desde la anterior reunión del 27 de mayo, cuando el Gobierno de Sánchez tuvo que renunciar a la votación en el último minuto por el rechazo de una decena de países -liderados por Alemania- y de los servicios jurídicos del Consejo.
Sigue sin realizarse un análisis detallado sobre el impacto financiero, jurídico y práctico de la petición de Sánchez. Y los servicios jurídicos del Consejo mantienen que el reconocimiento del catalán exigiría una reforma de los Tratados, algo impensable en el actual contexto europeo.