Cristóbal Montoro ha comunicado en la mañana de este jueves su decisión de dejar de ser afiliado del Partido Popular. Según fuentes oficiales del PP, el Comité de Derechos y Garantías ya había decidido, en la noche del miércoles, "abrir un procedimiento de información relacionado con su situación judicial".
Dicho procedimiento ha quedado ahora en suspenso, según el propio partido, a raíz de la baja voluntaria del exministro, el único afiliado de los cargos investigados.
La noticia llega después de que un juez de Tarragona imputara a Montoro por nueve delitos presuntamente cometidos durante su etapa como ministro de Hacienda.
La imputación también alcanza a varios altos cargos de su equipo, a quienes se acusa de promover modificaciones legislativas a la medida de empresas gasísticas, a cambio de importantes pagos al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de su llegada al Ministerio.
El PP ha querido resaltar que Montoro dejó de ser ministro hace más de siete años y que "nunca ha trabajado con el actual equipo de dirección del PP", según fuentes próximas a Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova ponen el foco en que la formación actual no guarda relación profesional alguna ni con Montoro ni con ninguno de los otros implicados en el caso.
El PSOE había reaccionado con dureza a la imputación, acusando al PP de no tomar medidas ejemplares. Desde Ferraz se insiste en que la dirección popular está más pendiente de lanzar reproches al Gobierno que de erradicar la corrupción en sus propias filas.
Para los socialistas, la imputación refuerza la acusación de una "corrupción sistémica" durante la etapa de Mariano Rajoy.
Bulos del PSOE
Sin embargo, fuentes del entorno de Feijóo remarcan que el Partido Popular se desmarca categóricamente de cualquier relación con el caso Montoro y recuerdan que "ningún consejero de Feijóo durante sus trece años como presidente autonómico se ha visto envuelto en una trama de corrupción. Tampoco sus dos secretarios generales en el PP de Galicia".
Entre los implicados figura también Miguel Ferré, ex secretario de Estado de Hacienda. También el PSOE había tratado de implicar a Feijóo por esta vía, asegurando que Ferré fue recuperado por el líder popular como asesor "hace dos años".
Génova lo ha desmentido categóricamente: "Es falso, ni siquiera sabemos quién es esa persona".
En el intercambio de reproches, los populares acusan al PSOE de intentar "empatar" las diferentes tramas de corrupción que acorralan al Gobierno y al entorno personal de Pedro Sánchez, incluyendo las investigaciones que afectan a dirigentes del PSOE cercanos a su líder, a su esposa y a su hermano.
Según fuentes populares, lo que el PSOE propaga son bulos, y "que busquen con Montoro empatar tras las diferentes tramas de corrupción que le afectan, dice muy poco de los estrategas de Ferraz".
Lo cierto es que, a preguntas de EL ESPAÑOL, un portavoz oficial del PP había evitado responder si se abriría expediente de expulsión a Montoro.
Sin embargo, ahora asegura Génova que ya en la noche del miércoles, el Comité de Derechos y Garantías del partido había "decidido la apertura del procedimiento informativo", inmediatamente después de que se levantase el secreto de sumario y se conocieran los detalles de la imputación.
La investigación
El juez de Tarragona atribuye a Montoro y a su equipo haber urdido una "red de influencias" dentro de Hacienda que, presuntamente, facilitó beneficios legislativos selectivos a empresas concretas.
Estos cambios legales habrían favorecido a determinadas gasísticas, a cambio de cuantiosas remuneraciones al despacho Equipo Económico, que llegó a recibir más de 779.000 euros entre 2011 y 2019, según la investigación.
Las acusaciones judiciales que pesan sobre Montoro y sus colaboradores incluyen cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto, Montoro habría hecho uso de sus potestades gubernamentales para que las empresas beneficiadas participasen incluso en la redacción de leyes que las favorecían de forma exclusiva.
La investigación judicial, mantenida en secreto durante siete años, concluye que existía una organización en la cúpula del Ministerio de Hacienda con capacidad para alterar leyes y reglamentos a cambio de favores y aportaciones económicas a un despacho privado vinculado al ministro. El auto implica a 28 personas físicas y seis empresas, entre ellas varias de las grandes gasísticas españolas.