Más allá de la rendición de cuentas en sede parlamentaria, Pedro Sánchez presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados un plan con el que debía poner coto a la corrupción. Sin embargo, en dicho documento el Gobierno reconoce que no se está cumpliendo al menos con el 30% de lo exigido por la UE.
“Nuestro país ha cumplido parcialmente 13 de las 19 recomendaciones” del quinto y último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.
Es decir, al menos un 30% de esas peticiones procedentes de Estrasburgo quedan sin cumplir. Y ninguna de las actuaciones presentadas en el dossier del Gobierno da respuesta a estas cuestiones.
Pero es que, además, de esas 13 materias en las que existe algún grado de cumplimiento, ninguna queda satisfecha plenamente. El organismo del Consejo de Europa contra la corrupción sólo admite cumplimientos “parciales”.
En ese último informe de seguimiento, realizado en 2023 y sobre el que el Gobierno volvió a dar respuesta en abril de este año, GRECO reclama más transparencia en la contratación de asesores o analizar los conflictos de intereses, entre otros asuntos.
También reclama normas para impedir que altos ejecutivos puedan influir en miembros del Gobierno o reducir los aforamientos.
Tan sólo las sanciones a empresas implicadas en tramas de corrupción y la prohibición de contratar con la Administración pública, que recoge el plan del Ejecutivo, abordan alguno de estos temas. Y poniendo el foco en los empresarios, no en los políticos.
Pese a ello, Sánchez justificó que había elaborado su denominado Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La contratación pública
Para Fernando Jiménez, evaluador de GRECO y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, “el problema del plan es que no va al fondo de la lucha contra la corrupción, que es cómo los políticos pueden poner a su servicio los recursos públicos de la Administración”.
“Ahora mismo cualquier empresa tiene muchos incentivos para otorgar mordidas a políticos y así garantizarse un contrato público. Esto es algo que en el resto de países de nuestro entorno, del centro o el norte de Europa, no es posible, ya que allí la Administración está muy profesionalizada y no depende de los políticos”, añade.
En su informe anual sobre el Estado de derecho de la UE, publicado esta semana, la Comisión Europea ya advierte que las contrataciones públicas o los proyectos de infraestructuras en España están sometidas a un “alto riesgo de corrupción”.
“La principal falla de nuestro país es la politización del sector público. Los motores de la corrupción van cambiando: con Aznar fue el urbanismo y la contratación pública lo ha sido siempre. También la distribución de subvenciones o el empleo público”, sostiene Fernando Jiménez.
Para él, la aportación más importante del plan del Gobierno es la creación de entidades como una Agencia Independiente de Integridad Pública, aunque la clave está en que estos organismos cuenten con recursos y sean independientes.
“El plan dice expresamente que tiene que producirse un cambio cultural y esto no se hace con normas, sino con el comportamiento. Un cambio cultural muy importante sería que cuando un político esté afectado por un escándalo que pone en solfa la confianza de los ciudadanos se vaya a su casa”, concluye.
Aforamientos y redes clientelares
La abogada experta en Derecho Europeo y fundadora de la organización España Mejor, Miriam González, coincide en que una de las claves que sigue sin tocar el plan del Gobierno es la “contratación pública basada en criterios subjetivos, los nombramientos de cargos públicos en empresas y los aforamientos, que son utilizados como camuflaje de la corrupción”.
También esta semana España Mejor ha presentado en el Congreso una propuesta para eliminar los aforamientos. Una medida a la que ya se comprometió en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy, apoyado por Ciudadanos, y que hasta ahora no se ha adoptado.
“El Gobierno recicla algunas cosas y las repite como si fueran nuevas, como la protección del denunciante o la oficina para supervisar los lobbies, mientras que otras las exige la UE y las estamos aplicando tarde y sin recursos. A todo eso le pones un lazo y te salen 15 medidas contra la corrupción”, opina Miriam González.
Para ella, otra de las principales faltas del documento es un mayor control en la financiación de partidos políticos, porque “hay que establecer mecanismos de transparencia para recibir dinero, antes que actuar cuando ya hay casos de corrupción”.
El plan del Gobierno incluye también otras medidas que han despertado críticas tanto de la oposición como de los expertos consultados por ser “incompletas” o “superficiales”.
Algunas de ellas son la realización de encuestas por parte del CIS para evaluar la percepción de la corrupción entre la ciudadanía, la puesta en marcha de campañas de formación sobre estas prácticas o la utilización de la inteligencia artificial para supervisar la contratación en el sector público.