Moncloa quiere tejer el mayor número de hilos de interdependencia con sus socios parlamentarios. Que haya más incentivos para que estén interesados en mantener el apoyo al Gobierno de coalición, pase lo que pase.
Para eso, agilizarán en los próximos días los pactos con los partidos vascos y catalanes, especialmente, los que necesiten tramitación parlamentaria porque tiene reflejo en normas concretas.
De esa forma, consideran en el seno de Moncloa, ERC, Junts, PNV y Bildu no podrán romper hasta que no estén aprobadas esas normas después de largas y complicadas negociaciones y votaciones en el Congreso.
Según el planteamiento del presidente, las formaciones nacionalistas e independentistas necesitarán que esos traspasos para sus comunidades estén culminados y que sean apreciados por sus potenciales votantes para anular, así, el coste que pueda tener apoyar al Gobierno en estas circunstancias.
Y al tiempo, esos partidos pueden aprovechar la situación de debilidad de Pedro Sánchez por los casos de corrupción para pisar el acelerador en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos.
De alguna forma, paradójicamente Santos Cerdán sigue facilitando la gobernabilidad y los acuerdos con ERC, Junts y PNV.
"Financiación singular"
El caso más claro es el del modelo de financiación singular para Cataluña. Lo que se conoce como el "concierto fiscal" para esta Comunidad supone que, en el final del proceso, la Generalitat recaudará, gestionará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en la región.
Y sólo después contribuirá, con un cupo establecido, a la solidaridad del Estado.
Ese sistema de "financiación singular" fue pactado hace un año por los socialistas y ERC a cambio del voto en la investidura de Salvador Illa y, desde entonces, se ha ido negociando entre las dos administraciones.
Este lunes, el president de la Generalitat se reunirá en Barcelona con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y está previsto que esa comisión bilateral avance hacia la aplicación del pacto político.
Lo primero sería la elaboración y presentación de una proposición de ley de los grupos parlamentarios para modificar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) con el objetivo de llevar a la norma la cesión a Cataluña de la gestión de impuestos, empezando por el IRPF.
Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso
La proposición de ley podría empezar a tramitarse en el Congreso en otoño y puede prolongarse hasta 2026, lo que podría facilitar la prolongación de la legislatura.
En todo caso, no está garantizada la aprobación de esta reforma. Como mínimo, por las reticencias de algunos partidos como Compromís o Chunta, por ejemplo, que forman parte de Sumar. Eso alargará el procedimiento más allá de lo habitual, por esa incertidumbre, como ocurre con otros asuntos pactados entre el PSOE y algunos de sus socios.
Acuerdos con Junts y PNV
El caso más claro es el de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña que pactó el PSOE con Junts hace ya año y medio. La proposición de ley que lo contempla fue enviada el pasado marzo al Congreso, pero está bloqueada y no ha pasado ni siquiera el primer trámite ante las dudas sobre su aprobación.
En este caso, es Podemos quien anunció su oposición a esta reforma legal.
Además, el martes Sánchez se reunirá con el lehendakari Imanol Pradales y se espera que desbloqueen algunos traspasos de competencias pendientes, como la de las pensiones no contributivas o las de salvamento marítimo y, sobre todo, la gestión de la Seguridad Social.
Sobre esta última transferencia, el Gobierno ha ido arrastrando los pies, aunque lo pactó en el inicio de la legislatura.
Este traspaso necesitará una tramitación parlamentaria a cuya culminación tendrá que esperar el PNV si se planteara la opción de poner fin a la legislatura. Los nacionalistas vascos necesitan que quede resuelto antes de las próximas elecciones generales.