Jordi Turull y Míriam Nogueras pusieron sobre la mesa de Moncloa, el pasado martes, las condiciones de Junts para seguir sosteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez.
En la reunión que exigió el partido de Carles Puigdemont para comprobar la "viabilidad" de la legislatura, el secretario general y la portavoz exigieron dos "garantías".
La primera es que Sánchez lleve él mismo y directamente al Consejo Europeo la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE. Y la segunda, que se tramite en el Congreso "ya y sin más dilación" la cesión "integral" de las políticas migratorias a la Generalitat.
Turull reconoce el "esfuerzo" de José Manuel Albares. Pero el partido de derecha separatista advierte de que "aquí toca que se remangue" Sánchez. Junts reclama que el tema se lleve a la mesa de Bruselas esta semana para sortear las resistencias de Alemania, Francia o Italia.
Y le exigen que ponga tanto empeño "como cuando negoció con los ultraderechistas Viktor Orbán y Giorgia Meloni para que Teresa Ribera fuese vicepresidenta de la Comisión".
Además, Junts recuerda que en enero de 2024 permitieron al Gobierno convalidar tres decretos-ley a cambio de que se publicaran las balanzas fiscales y se cedieran íntegramente las competencias en inmigración a Cataluña.
El PSOE cumplió lo primero, a mediados de año. Pero las políticas de extranjería "siguen pendientes".
De hecho, ese punto provocó la última gran crisis entre ambas formaciones. Puigdemont llegó a amenazar a inicios de 2025 con romper el apoyo parlamentario a finales de año. Exigía a Sánchez presentar una cuestión de confianza, dando por hecho "que el PSOE no cumpliría nada".
Luego llegó la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero y del relator salvadoreño en la mesa de negociación en Suiza. Finalmente, Junts retiró la exigencia y presentó una proposición de ley conjunta con el PSOE para traspasar la inmigración.
Corrupción y desbandada
La ley se registró en marzo, recibió luz verde del Gobierno en abril y, desde entonces, "duerme en un cajón", según fuentes de Junts en el Congreso. "Ni siquiera se ha debatido su toma en consideración".
La imputación de Santos Cerdán por organización criminal y cohecho en el caso Ábalos ha sacudido al PSOE en las últimas dos semanas.
El presidente ha visto cómo algunos de sus socios ni siquiera han querido reunirse en Moncloa y otros se han negado a fotografiarse a su lado.
Y la desbandada puede culminarse con Junts si Sánchez no cumple con las "garantías".
Porque estos acuerdos no nacieron en el vacío. En agosto de 2023, Junts entregó sus votos para asegurar que Francina Armengol presida la Mesa del Congreso, a cambio de blindar el catalán en la Cámara y en la UE.
Ese apoyo a Armengol facilitó el pacto de investidura del presidente que incluyó, además de la amnistía, la llamada "financiación singular" de Cataluña, fuera del régimen común de las Comunidades Autónomas recogido en la Constitución, y el "reconocimiento nacional" de la región.
Así, en enero de 2024, Junts exigió la primera "competencia de Estado". No apoyaría los primeros decretos de Sánchez si no se cedía la inmigración a la autonomía catalana.
Ahora, fuentes del partido de Puigdemont reclaman la tramitación urgente de la norma. Con la ley en vigor, la Generalitat gestionará la seguridad de los puertos, aeropuertos, la reubicación de menores y las expulsiones de extranjeros. Pero sobre todo, añaden el requisito lingüístico: "Sin catalán no habrá papeles".
Sin estas garantías, Junts amenaza con apartarse del Gobierno. "Sánchez no es fiable", recriminan, y el PSOE lo sabe.
En este caso, no hay ni semanas de margen, el presidente debe demostrar su "compromiso" esta semana próxima en Bruselas y hacer que Armengol impulse la tramitación de la ley en el Congreso.