La OCDE destaca en su último informe, publicado este jueves, que España es uno de los únicos cinco países desarrollados que no cuentan con un plan integral para prevenir y combatir la corrupción. Se encuentran en la misma situación Canadá, Islandia, Irlanda y Noruega.
"El comportamiento poco ético por parte de funcionarios electos y funcionarios públicos", indica el informe, "puede manifestarse de diversas formas, como influencias indebidas, corrupción, sobornos, malversación y favoritismo".
Todas estas prácticas, advierte, "debilitan la gobernanza democrática y dan lugar a políticas ineficaces, recursos desviados o desperdiciados y peores resultados" en la gestión de los recursos públicos.
Ya en su informe de 2017, la OCDE dictó como recomendación a sus países miembros desarrollar una estrategia integral para mitigar los riesgos de integridad en el sector público, y más específicamente para prevenir y combatir la corrupción.
Pero España aún no ha hecho los deberes, tal como constata ahora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último informe sobre las Administraciones públicas, publicado este jueves.
El dictamen indica que los países que han desarrollado un marco más sólido para combatir la corrupción son Chile, Chequia, Grecia, Letonia y Lituania.
El informe detecta entre los ciudadanos de los países de la OCDE un "escepticismo generalizado sobre la integridad de los funcionarios electos", así como una elevada preocupación por la posibilidad de que puedan ejercer una influencia indebida.
En el conjunto de los países miembros de la OCDE, casi la mitad de los encuestados (49%) ve probable que un funcionario político de alto nivel conceda un favor político, a cambio de obtener luego un trabajo lucrativo en el sector privado. Sólo el 31% lo considera poco probable.
Por otro lado, el 36% de los encuestados se muestra convencido de que los funcionarios no electos rechazarían un soborno destinado a agilizar el acceso a un servicio.
Noruega (56%), Finlandia (54%) y Dinamarca (52%) son los tres países con el mayor nivel de confianza en el comportamiento de sus servidores públicos.
Desde 2021, los países en los que más ha mejorado la confianza de los ciudadanos en sus servidores públicos son México (ha pasado del 18% al 27%) y Finlandia (ha subido del 46% al 54%).