El director general de Patrimonio del Estado, Juan Tejedor, admitió este lunes que en el departamento que dirige no existen informes que justifiquen la cesión al PNV del palacete que alberga la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes de París.
Según explicó Tejedor, la justificación "debemos buscarla en el propio real decreto ley" que aprobó el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.
Tejedor fue citado a la Comisión de Hacienda del Senado con el objetivo de arrojar algo de luz sobre esta cesión al PNV. Sin embargo, su comparecencia no conllevó ninguna respuesta, no aportó ningún dato nuevo y el caso sigue rodeado de una opacidad que el Ejecutivo continúa sin despejar.
A día de hoy no se conocen los informes técnicos que supuestamente demuestran la titularidad del PNV sobre esos edificios. Lo único que ha visto la luz es un informe del secretario de Estado de Memoria Democrática, un cargo político, que justifica la cesión basado en "estudios historiográficos".
Ese informe se elaboró a petición de la Dirección General del Patrimonio del Estado que dirige Juan Tejedor y que depende del Ministerio de Hacienda, el encargado de administrar los bienes inmuebles del Estado.
Tejedor, sin embargo, dijo que "la norma que avala el traslado es el real decreto", y que al tener rango de ley, su ente se ha limitado a cumplirla. "No hay informes previos a esa disposición porque es autosuficiente", añadió.
Pero tanto el Gobierno como el PNV han asegurado en varias ocasiones que existen informes que demuestran la titularidad que el partido tuvo sobre dichos inmuebles. Por las palabras de Tejedor se deduce que en su Dirección General no están dichos informes, aunque sería la responsable de tenerlos.
La situación ha entrado así en una especie de bucle por la cual el Gobierno asegura haber plasmado la cesión en el real decreto por la existencia de unos informes que acreditan la titularidad del PNV, mientras que el supuesto responsable de tener los informes dice que la cesión se ha hecho porque lo dice el real decreto.
"Privatización encubierta"
El Gobierno se comprometió, a través del Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, a dar al PNV el palacete de París y a compensar a los nacionalistas vascos por la privación de dos edificios en las localidades francesas de Noyon y Compans. Estos dos últimos edificios ya no existen y los solares ni siquiera pertenecen al Estado español.
El PNV lleva años reclamando la titularidad del inmueble parisino y la compensación por los otros dos, asegurando que fueron comprados por el partido durante la Guerra Civil y que luego les fueron arrebatados durante la ocupación nazi de Francia y que fueron cedidos por los nazis al Gobierno de Franco.
Sin embargo, esa "reparación" no había sido posible hasta el momento, y por varios motivos. Tres sentencias de tribunales franceses establecían que los edificios pertenecían al Estado español, no al PNV, y el Consejo de Ministros de José María Aznar rechazó las peticiones de los nacionalistas, decisión que fue secundada por el Tribunal Supremo.
Pero Sánchez desactivó la sentencia del Supremo a través de una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática y culminó la cesión con el real decreto de enero.
El senador del PP Alfonso Polanco calificó la decisión del Gobierno como una "privatización encubierta" y acusó al Ejecutivo de entregar un "símbolo de la proyección cultural de España en el exterior" a espaldas de "la legalidad, la transparencia y del interés general".
"Estamos ante un pago político, un peaje más de Pedro Sánchez a sus socios independentistas", añadió. Al margen de opiniones políticas, también trasladó una serie de preguntas concretas a Juan Tejedor. Este, sin embargo, pudo dar pocas respuestas.
Polanco preguntó qué justifica la cesión, por qué se hacía ahora, en qué informes técnicos estaba avalada la decisión, que valoración económica se ha hecho del inmueble y, haciéndose eco de las diversas informaciones publicadas por este diario, cuáles fueron los criterios seguidos para fijar en 3,8 millones de euros la compensación por los edificios de Noyon y Compans.
Tejedor se limitó a responder, en varias ocasiones, que en Patrimonio no hay informes previos y que la cesión está justificada por el propio real decreto. También explicó que no tiene repercusión presupuestaria para su departamento, que se ha dado de baja el activo y se ha dado de alta el derecho de uso, ya que el Instituto Cervantes puede usarlo hasta 2030 pagando una renta de mercado.
Sin embargo, Tejedor aseguró desconocer a cuánto asciende la renta de mercado, que dependería del Ministerio de Exteriores, responsable de gestionar el Cervantes. También dijo que desconoce cómo se han fijado los 3,8 millones de euros y que eso es algo que le corresponde al Ministerio de Memoria Democrática.