La Comisión Europea advirtió con claridad en junio de 2022: el Plan de Preparación frente a Riesgos Eléctricos (PPR) remitido por el Gobierno de España no cumplía los requisitos mínimos exigidos por el reglamento comunitario: "La Comisión considera que determinados elementos del PPR presentado por el Miteco no cumplen algunas de las disposiciones del Reglamento".
El dictamen oficial de Bruselas [consúltelo aquí en PDF] calificó como "insuficientes" las "descripciones de los escenarios" de crisis del plan elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de Teresa Ribera. También, alertó de la "falta de información" sobre simulaciones, medidas de "cooperación con países vecinos", ciberseguridad y, especialmente, sobre la "dependencia" del sistema eléctrico español respecto a la energía nuclear.
Cuando la Península Ibérica entera y el sur de Francia se apagaron el 28 de abril a las 12:33 horas, millones de ciudadanos se quedaron sin suministro eléctrico, sin telecomunicaciones y sin información. Pero en Bruselas no sorprendió del todo: la Comisión Europea había suspendido en 2022 el plan de preparación frente a riesgos eléctricos presentado por el Gobierno de España.
En ese informe oficial, del 14 de junio de 2022, la Comisión advertía con contundencia: "La descripción de los escenarios de riesgo por parte de España no cumple los requisitos del artículo 5 del Reglamento 2019/941. No se han descrito situaciones específicas, no se han realizado simulaciones, ni se han incorporado los efectos de la dependencia del sistema respecto a la generación nuclear o de las interconexiones europeas".
El texto también urgía al Ejecutivo a describir con detalle los procedimientos. Por ejemplo, criticaba que "el PPR español no nombra a ningún coordinador nacional de crisis" o que "no contiene información sobre los mecanismos para informar al público de las crisis de electricidad". Es más, lamenta que el documento del Miteco "no contiene ninguna información sobre simulacros de crisis de electricidad".
Y concretamente, pide a España tener en cuenta posibles interrupciones derivadas de un exceso de fuentes renovables sin respaldo. "España está directamente interconectada con terceros países dentro de la zona síncrona [...] El PPR español debería describir los mecanismos existentes para la cooperación y la coordinación, antes y durante la crisis de electricidad".
Exactamente lo que, según la mayoría del consenso técnico, pudo suceder el 28 de abril.
Sin embargo, en lugar de aclarar qué falló y por qué, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene abiertas "todas las hipótesis": el posible error de planificación de Red Eléctrica (REE), un autosabotaje de los "ultrarricos dueños de las nucleares", o un ciberataque extranjero, pese a que REE lo dio por "descartado" ya al día siguiente del "cero energético".
Esta última teoría es la que más se ha dejado filtrar desde Moncloa. Durante su comparecencia en el Congreso, el pasado miércoles, Sánchez evitó explicaciones y convirtió su intervención en una violenta diatriba personal contra Alberto Núñez Feijóo y contra las compañías eléctricas.
"Las derechas llevan años anunciando un apocalipsis que nunca llega", espetó el presidente. En lugar de asumir responsabilidades, acusó a Feijóo de actuar "al dictado de los propietarios de las nucleares". Y defendió la actuación del Ejecutivo con una frase que indignó en las filas populares: "El Gobierno recuperó el suministro en horas, no en días, como en otros países". Pero no dijo por qué cayó la red.
Feijóo le respondió de forma tajante: "España funciona no gracias a usted, sino a pesar de usted. Lo que tenemos son servicios públicos tercermundistas". Y un dirigente del PP lo ha resumido así en conversación con EL ESPAÑOL: "Sánchez sabe lo que pasó, pero no puede reconocer que es su culpa. Por eso, convierte el apagón en un ataque político a la oposición y evita asumir responsabilidades".
Almacenamiento y respaldo
Las causas que apunta el sector energético son claras: una sobrecarga de renovables sin respaldo ni capacidad de almacenamiento, sumada a la orden gubernamental de mantener parados cinco de los siete reactores nucleares que aún están operativos.
El dictamen de la Comisión Europea en 2022 que desvela este periódico parece, así, coincidir con los 11 avisos que, provenientes de la CNMC, la propia Red Eléctrica y organismos europeos, alertaron desde 2020 del riesgo de "desconexiones" masivas por la falta de flexibilidad del sistema.
Así se lo afeó Feijóo a Sánchez el miércoles, tal como documentó este diario. De hecho, cinco días antes del gran apagón, una refinería de Repsol se vio obligada a detener su actividad para no colapsar la red.
La propia Comisión Europea, en su evaluación de 2022, subrayaba que el sistema eléctrico español no contempla la cascada de efectos que puede generar un desequilibrio de frecuencia o de tensión debido a picos o caídas de generación renovable. Y recomendaba al Gobierno incorporar esos escenarios “urgentemente” a su Plan de Riesgos.
Tras la marcha de Ribera a Bruselas, su sucesora en el Miteco, Sara Aagesen, anunció en diciembre ayudas por valor de 156 millones para 45 proyectos de almacenamiento energético, financiados con fondos del Plan de Recuperación. Unas inversiones que podrían llegar tarde. "Eso es lo que había que haber tenido listo hace años, no justo antes del colapso", lamentan fuentes de la oposición.
Esos fondos, provenientes del Plan de Recuperación, fueron asignados apenas cuatro meses antes del apagón. Demasiado tarde, según los expertos. El fallo pudo no ser técnico, sino político. Y Bruselas lo había advertido.