Carles Puigdemont se ha portado bien con el Gobierno este jueves y Junts ha decidido salir en auxilio del Ejecutivo y salvar su plan contra los aranceles de Donald Trump. Lo hace "tras constatar" las inversiones en Cataluña que reclamaba.
El decreto, que moviliza más de 14.000 millones de euros, fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril y se ha convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados. En teoría, nunca corrió peligro. Pero Junts no se fía del Gobierno, ni en Moncloa están seguros de que Puigdemont no les acabe pinchando el salvavidas.
Cuando se anunció el decreto, Junts compareció para explicar que habían conseguido arrancarle al Gobierno el compromiso de que el 25% de las ayudas fueran a parar a Cataluña. Esto fue interpretado como una nueva cesión territorial a los independentistas por parte de Sánchez.
Sin embargo, desde el Ministerio de Economía que pilota Carlos Cuerpo explicaron que no era así. Incidieron en que todas las empresas que exportan a Estados Unidos podían acogerse a las ayudas y que, como el 25% de las exportaciones son de empresas catalanas, lo lógico era que los fondos acabaran en Cataluña.
Fuentes de Junts también explicaron entonces que se había pactado con Moncloa una mesa de trabajo continuada entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central para hacer seguimiento de los fondos y la comparecencia de Caros Cuerpo de manera trimestral.
Además, también se acordó remitir al Congreso de manera trimestral un informe en el que se explique la distribución por territorios de los recursos. Ahí habrá que incluir todas las empresas beneficiadas por las ayudas para vigilar que los fondos no se reparten de forma arbitraria.
A pesar del pacto hace un mes, desde Junts empezaron a dejar su apoyo en el aire esta semana. El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que apoyaría el decreto si el PSOE "acredita" que "ha cumplido" lo pactado en el texto de la norma.
Este jueves, en el Congreso de los Diputados, fuentes de Junts comentaban que la primera reunión con Carlos Cuerpo se produjo este miércoles y que ahí pudieron "constatar" que se estaba cumpliendo lo pactado, incluyendo la parte de inversiones que deberían acabar en Cataluña.
"Si se negocia con Junts con rigurosidad y se cumplen los acuerdos, como ha hecho el ministro, Junts cumple sus acuerdos", ha dicho en el Pleno el diputado de Junts Josep Maria Cruset. Desde Economía, sin embargo, aseguraban este miércoles que no se estaba hablando sólo con Junts, sino con todos los partidos de la Cámara.
PP en contra, Podemos abstención
A pesar de la victoria para el Gobierno, Moncloa ha tenido que contener la respiración hasta el último minuto. El decreto ha sido convalidado con solo 176 votos a favor, 169 en contra y cuatro abstenciones.
Incluso se ha llegado a dar la orden de que los diputados sevillanos del PSOE tenían que estar este jueves en el Congreso, sin poder acudir a la Feria de su ciudad, algo que ha afectado a personalidades como la vicepresidenta María Jesús Montero o el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
En un principio, el Gobierno llegó a pensar que podría tener un acuerdo con el PP y así no depender de algunos de sus socios más duros. Sin embargo, mientras fueron pasando los días, la distancia entre ambos partidos se fue haciendo cada vez más grande.
El PP, que encajó mal el acuerdo de Moncloa con Junts, puso una serie de condiciones para su voto a favor. Una era aprobar un plan para ampliar la vida útil de las centrales nucleares, pero también se proponía la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, la elaboración de un plan de infraestructuras hidráulicas, revisar las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno o aprobar unos Presupuestos Generales.
Las conversaciones, sin embargo, se acabaron rompiendo la semana pasada. Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo acusaron al Gobierno de buscar adhesión, no una negociación, y de no haber tenido en cuenta ni una sola de sus propuestas.
Otro de los flecos ha sido la posición de Podemos. Los morados viven en una guerra constante contra Sumar por el espacio a la izquierda del PSOE y habían marcado una postura muy dura: querían que el Gobierno expropiara las viviendas de fondos buitre estadounidenses como condición a su apoyo.
Pero, finalmente, su secretaria general, Ione Belarra, acabó anunciando que su partido apostaría por la abstención. Aunque no se trata de una concesión del todo, sí le ha dado cierto margen para que las cuentas le cuadren al Ejecutivo.