El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un nuevo grave problema político, esta vez a cuenta del apagón del pasado 28 de abril.
En esta ocasión, está atrapado entre la obligación de ofrecer respuestas a los ciudadanos cuanto antes sobre lo que ocurrió y dar garantías de que no volverá a pasar, las dificultades para abordar una complicada y delicada investigación y el riesgo para su política energética, basada en las energías renovables para cumplir los objetivos verdes y abaratar precios mejorando la competitividad.
Para colmo, se trata de un asunto endiablado porque ha afectado directamente a todos los ciudadanos, pero es un problema complejo y técnico difícil de explicar y entender, con muchos intereses y lobbies haciendo presión.
Para empezar, el Gobierno considera que no será fácil ni rápido determinar con seguridad la causa del apagón y, por tanto, poder aclarar de quién es la responsabilidad de la crisis eléctrica.
Fuentes de Moncloa explican que, en todo caso, mientras no haya conclusiones cerradas no pueden apuntar o insinuar públicamente el origen del grave incidente, que provocó desde las 12,33 horas del lunes el histórico corte de luz.
El Ejecutivo no puede hacerlo porque carece aún de todos los datos necesarios que están en poder de las empresas eléctricas y, especialmente, de Red Eléctrica. Por ejemplo, este sábado la comisión de análisis e investigación que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se reunirá en la sede de la empresa de Beatriz Corredor para recabar datos y valoraciones de sus responsables.
También porque al final de todo el proceso de investigación está la determinación de posibles indemnizaciones millonarias que tendría que pagar quien sea considerado responsable. La conclusión del Gobierno puede ser determinante sobre esa responsabilidad patrimonial. Una insinuación precipitada del Gobierno puede provocar un desplome del valor de empresas cotizadas.
Redeia, matriz de Red Eléctrica, ha caído esta semana un 7% de valor en bolsa, tras el apagón y como consecuencia de los indicios que apuntan a posibles fallos durante el apagón y las dudas sobre el resultado de las investigaciones sobre las causas.
Respecto al tiempo de la investigación, hay precedentes como el de 2003, cuando hubo un apagón en una zona de Barcelona que duró semanas y que afectó a unas 100.000 personas. Y aún hay litigios judiciales sobre la indemnización que, en principio, debían pagar Red Eléctrica y Endesa.
En Tenerife hubo otro similar y se tardaron seis meses en tener un informe preliminar sobre la responsabilidad del incidente.
La Comisión Europea asegura que se tardarán entre tres y seis meses para tener un informe inicial sobre lo que ocurrió el 28 de abril, pese a que el Gobierno español ha pedido celeridad. Esa investigación la realiza un gestor de red de transporte de un estado miembro y el Gobierno español debe remitir un informe en tres meses, para que la investigación europea haga un primer documento detallado sobre las causas y trabajará sobre propuestas para evitar que vuelva a producirse. Este último proceso debe estar concluido, en principio, en seis meses.
La comisión de investigación que encabeza Aagesen no tiene plazos establecidos, pero aspira a actuar con la mayor celeridad posible, dentro de esas limitaciones.
Hay que tener en cuenta que las compañías ya han entregado millones de datos que deben ser procesados detalladamente por los técnicos de Transición Ecológica. Por ejemplo, cada una de las placas solares dispone de datos de cada uno de los microsegundos del 28 de abril. Y eso, además, se ha ampliado a las horas previas para determinar sí ya hubo otros fallos ese mismo día.
Fuentes no oficiales miran hacia Red Eléctrica como responsable del transporte y distribución de la energía que suministran las compañías. También lo hacen las empresas del sector y, por ejemplo, el máximo responsable de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, apuntó claramente el miércoles a la compañía que preside Beatriz Corredor.
Según su explicación, las eléctricas no deciden qué tipo de energía se produce en cada momento o cuándo se para cada uno de las fuentes de producción, además de que Red Eléctrica gestiona la “autopista” desde el productor hasta el consumidor.
En todo caso, el Gobierno no forzará la destitución de Corredor, si no hay certeza de la responsabilidad de la empresa participada por el Estado, aunque se considere que su comunicación posterior al apagón fue muy mejorable. Si se fuera ahora, la empresa quedaría marcada de cara al posterior proceso de determinación de las indemnizaciones.
El suceso afecta directamente a la política del Gobierno de Sánchez, porque una de sus banderas es la de las energías renovables, aspirando a que cubran el mayor porcentaje posible del mix energético, para abaratar precios, mejorar la competitividad y cumplir estándares exigentes de política verde.
Por eso, para Sánchez sería preferible como mal menor un error o problema en Red Eléctrica que un incidente provocado por el exceso de energía renovables, como sostienen algunos expertos.
El Gobierno, empezando por Sánchez, ha intentado desde el día 28 sacar del foco a las renovables. Porque ha habido días que han llegado hasta el cien por cien de estas energías en el mix, muy por encima del porcentaje del día del apagón y, además, se cayeron también las nucleares, las centrales de gas y hasta las de carbón.
El origen del apagón fueron dos oscilaciones o perturbaciones sucesivas y separadas por un tiempo mínimo y, según Red Eléctrica, en la zona suroeste de España, es decir, Extremadura o Huelva.
Ese tipo de perturbaciones son habituales y el sistema de Red Eléctrica reacciona siempre, porque está preparado para que no tenga efecto en la producción y distribución de energía. Pero la primera duda es cómo es posible la doble perturbación sucesiva en esa zona.
Las causas pueden ser múltiples, desde un cortocircuito a una intervención exterior y se trata de determinar eso. Por ello el Gobierno mantiene que no descarta nada.
A partir de ahí, puede haber otro fallo que consiste en que el sistema no sea capaz de responder a esas perturbaciones, aislándolo y amortiguándolo, y otro porque no se aisló el problema en la zona en la que se produjeron las perturbaciones, como ocurrió en Francia cuando el sistema cerró para aislarse. En otros apagones se produce ese cierre y queda siempre restringido a una zona concreta.
Esos tres pasos forman parte básicamente de la investigación de la comisión de Aagesen.
Casi todo ese proceso se restringe a la actividad de Red Eléctrica y por eso los focos se dirigen hacia esa compañía, responsable de aislar y amortiguar las perturbaciones.
El Gobierno explica que va dando pasos necesariamente lentos, consciente de que eso puede crear inquietud en los ciudadanos por no conocer el origen del apagón. Para ello, la misma tarde del miércoles se constituyó la comisión de investigación que encabeza la vicepresidenta tercera, con presencia de varios departamentos del Gobierno, incluido el CNI, y cuantos expertos o interesados puedan ser convocados.
Su primer paso ha sido pedir a las compañías todos los datos posibles. Por ejemplo, a Red Eléctrica el registro por milisegundos de los cinco segundos en los que se desencadenó el apagón.
El Gobierno explica que no tiene capacidad para forzar a esas empresas a entregar esos datos. De hecho, el martes vieron resistencia de algunas de ellas a entregar todos los datos y fue necesario que el presidente del Gobierno convocara a la Moncloa a todas las compañías para instarles a entregar toda la información.
Moncloa detectó resistencia inicial el lunes y el martes por la mañana por parte de Red Eléctrica. Explican que las dos visitas a la sede de la compañía encabezadas por el presidente del Gobierno fueron frustrantes y detectaron desconcierto. No se informó de posibles perturbaciones previas a las que provocaron el apagón, ni de que descartaban el ciberataque.
La vicepresidenta tercera se quedó toda la noche del lunes al martes en Red Eléctrica para supervisar la vuelta a la normalidad, lo que da idea del control del Gobierno sobre esta empresa, de la que el 20% de sus acciones son del Estado.
Con esa cadencia necesariamente lenta de la investigación es previsible que el presidente del Gobierno no pueda dar información concreta sobre las causas del apagón en su comparecencia del próximo miércoles en el pleno del Congreso.
Lo que sí ha hecho Sánchez desde el martes es activar un protocolo habitual en su vida política para momentos de crisis: señalar un adversario como bote de humo. En este caso, lo ha hecho con los “operadores privados”, justo cuando se han conocido sus beneficios y aprovechando sus problemas reputacionales.
Hace años, cuando se le descabalgó de la Secretaria General del PSOE, señaló a un grupo de comunicación y lo ha hecho con éxito en otros momentos de su vida política. Hace un año fueron los pseudomedios, la máquina del fango y los bulos para responder a la apertura del proceso judicial contra su esposa, Begoña Gómez.
Además puso sobre la mesa él mismo desde el primer momento el debate sobre las centrales nucleares, también como bote de humo en plena crisis.
El Gobierno explica que detrás de ese debate está el interés de las empresas eléctricas en lograr rebajas de impuestos que no está dispuesto a conceder y, por eso, mantiene el calendario de cierre de centrales.
Su problema es si puede sostener esa posición si terminara por determinarse que el apagón tiene origen en un supuesto abuso de las energías renovables.