Cuando el Gobierno cede ante las exigencias de partidos como Junts, Moncloa saca pecho de su capacidad para llegar a acuerdos en un sistema parlamentario diverso. Pero ese argumento no parece aplicable al PP.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado apoyar el decreto del Gobierno para paliar los efectos de los aranceles precisamente porque el Ejecutivo no está dispuesto a negociar sus condiciones.
"No quieren un pacto, quieren adhesión", aseguraban fuentes del PP tras la reunión entre su responsable económico, Juan Bravo, y el ministro Carlos Cuerpo.
Lejos de tratar de reconducir la situación, Pedro Sánchez respondía este jueves con dureza. En una carta a la militancia socialista con motivo del 1 de Mayo, Sánchez acusa al PP de una "absoluta sumisión a intereses particulares de los de arriba, frente al interés de la mayoría".
El PP demuestra, para Sánchez, "su nulo compromiso con el país" y "el total sometimiento al interés de determinadas grandes empresas, llegando a anteponer la voluntad de esas grandes empresas a la prosperidad de la economía española".
El ministro Óscar López se sumó a las críticas y, hablando de "fachas y ultras", dijo que el PP se había convertido en un "lobby" para determinadas empresas.
Aunque ni Sánchez ni López especificaron a qué empresas está el PP, supuestamente, rindiendo pleitesía, la respuesta es evidente: las empresas a favor de la energía nuclear.
Según explican fuentes del PP, una de las condiciones para aprobar el plan del Gobierno era que Moncloa se comprometiera a ampliar la vida útil de las centrales nucleares. Ahora se están cerrando en España y el partido de Feijóo ha registrado una proposición de ley para la ampliación de los plazos.
Pero no era la única condición. El PP también proponía a Moncloa la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, la elaboración de un plan de infraestructuras hidráulicas, revisar las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno o aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.
En manos de Podemos
El Gobierno lo descarta y pasa a la ofensiva. En Moncloa se está apostando por una estrategia de presión social, de dibujar al PP ante la ciudadanía como un partido que va en contra de los intereses de "la mayoría".
No es una estrategia nueva para Pedro Sánchez, igual que tampoco es una estrategia que le funcione habitualmente. Es la misma presión que se ejerció, sin éxito, para intentar que el PP apoyara un decreto ómnibus a principios de este año.
También es la misma presión que ejerció el año pasado para intentar aprobar un reparto de menores migrantes de Canarias, que también fracasó. En ambos casos, el Gobierno tuvo que reconducir la situación con nuevos decretos y cesiones a Junts.
La diferencia ahora es que, si quiere aprobar su plan contra los aranceles, el Gobierno queda en manos de Podemos. Y la formación morada no piensa regalar sus votos baratos: pide, por ejemplo, expropiar las viviendas de los fondos buitre de Estados Unidos.
Este tipo de medidas son difíciles de apoyar para Sánchez, y son cruciales para Podemos porque vive en una intensa batalla contra Sumar por el espacio a la izquierda del PSOE. Además, Podemos ya ha tumbado en el pasado importantes decretos por la falta de acuerdo, como pasó en enero del año pasado con un decreto de Yolanda Díaz sobre subsidios.