El Gobierno ha echado mano estos días al manual de crisis, que arranca con una cierta sobreactuación y el anuncio de medidas urgentes para ayudar a los afectados, sobre la base de ese principio que maneja ya con soltura por pura repetición: "No dejaremos a nadie atrás".
Moncloa no oculta la gravedad de la situación que se vive y lo que puede llegar, pero su intención es intentar evitar en lo posible que se extienda el pesimismo económico que acabe como una especie de profecía autocumplida y lleva al desastre que previamente se anuncia.
En esa estrategia, al Gobierno no le ha gustado mucho la declaración del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, anunciando sucesivas revisiones a la baja del crecimiento. No porque no vayan a ocurrir, sino porque considera que mensajes como ese pueden llevar a un miedo en las empresas que contraiga la economía.
Moncloa intenta que no aumente el efecto de la crisis provocada por los aranceles impuestos por Donald Trump. Se trataría de combinar preocupación con ausencia de alarmismos. Evitar el pesimismo, sin ocultar la gravedad y mostrando actividad, en un momento tan delicado.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó desde Vietnam un mensaje tranquilizador que señala que la economía española está preparada para proteger a los sectores afectados y que es fuerte para aguantar.
En el Ejecutivo entienden que será difícil cumplir las previsiones de crecimiento, pero añaden que hay margen todavía sin que nos acerquemos ni mucho menos a una recesión y, por eso, es necesario evitar mensajes muy pesimistas que afectarían a la situación.
El Gobierno tiene previsto poner en marcha un plan de contactos con agentes sociales, especialmente, con grandes empresas y sectores afectados, algunos de los cuales ya estuvieron la pasada semana con Sánchez.
Esa tesis de la preocupación con tranquilidad relativa está también en los mensajes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el sentido de que el Gobierno irá acompasando las medidas que adopte a la marcha de la crisis y a sus efectos. Sin anticipar nada, ni anunciar ya decisiones que puedan provocar un efecto negativo para la propia economía, es decir, que se puedan frenar inversiones, congelar contrataciones o bloquear proyectos.
Medidas laborales, no
Cuerpo, que lidera la gestión de la crisis, tiene previsto reunirse con las comunidades autónomas y con los agentes sociales para dar imagen de unidad frente a la crisis y, por eso, mantiene la relación directa con el responsable de economía del PP, Juan Bravo, con interés de llegar a acuerdos o, al menos, tener su apoyo a la convalidación de las medidas.
También para mantener sobre la mesa todas las opciones y propuestas, a la espera de cómo evolucione la negociación de la UE con Estados Unidos y decisiones como la posible creación de un fondo para los afectados con lo que se racaude por los aranceles.
Por ejemplo, una vez que el Gobierno ya ha explicado que no dudará en tomar decisiones para proteger a los trabajadores como hizo durante la pandemia, no cree conveniente avanzar ya medidas laborales.
Desde la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz se había sugerido la posibilidad de que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobara ya medidas de protección a los trabajadores, como Ertes o ayudas condicionadas a que no haya deslocalización o cierres.
La parte socialista del Gobierno entiende que no es momento de hacerlo, porque ni siquiera está claro que vaya a haber despidos o reducciones de plantilla y anunciarlo ya puede provocar que se frenen contrataciones o se ajusten plantillas.
Explica el equipo económico del Gobierno, es decir, la parte socialista, que de todas las opciones sobre la mesa la que no contempla es la de reducir impuestos. Precisamente porque es posible que haya que aumentar las ayudas.
Niega el Gobierno que se hayan producido 93 subidas de impuestos como sostiene el PP y atribuye la espectacular subida de la recaudación al aumento del PIB y del empleo.