Junts ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para que las empresas de Cataluña reciban el 25% de los 14.100 millones de euros que el Ejecutivo está movilizando con el objetivo de mitigar el efecto de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos.
Según ha explicado el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, su formación y el Ministerio de Economía han pactado que se "territorialicen" las ayudas e inversiones incluidas en el llamado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial de Moncloa.
Así, si las empresas catalanas representan en torno al 24% o 25% de las exportaciones de toda España a Estados Unidos, las empresas catalanas tendrán que recibir un porcentaje similar de los fondos. Esto se traducirá en 3.000 o 4.000 millones para las empresas de esa comunidad autónoma.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley que contiene las primeras ayudas para los sectores económicos afectados por la guerra arancelaria. Este primer paquete incluye 5.000 millones de euros en forma de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En el primer borrador del real decreto no se había incluido ninguna medición a la territorialización de las ayudas en general, pero según explican en Junts se ha acabado incluyendo una disposición adicional en la que se indica que las comunidades autónomas con más peso en las exportaciones podrán acceder a más ayudas.
Este acuerdo se negoció a lo largo de los últimos días y se acabó materializando este martes a primera hora de la mañana, según explican desde el partido de Carles Puigdemont.
En el Gobierno, en cambio, niegan tajantemente que haya nada territorializado. Fuentes del Ministerio de Economía explican que la concesión de los avales es a demanda y si el 25% de las empresas afectadas están en Cataluña, lo lógico es que el 25% de los avales vayan a Cataluña.
Fuentes de Junts también han explicado que se ha pactado una mesa de trabajo continuada entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central para hacer seguimiento de dichos fondos y la comparecencia de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, cada trimestre.
Además, según han explicado, también se ha acordado que el Gobierno deberá remitir trimestralmente al Congreso un informe en el que se explique la "territorialización" de los recursos. En ese informe tendrán que ir incluidas todas las empresas que han sido beneficiadas por las ayudas para vigilar que los fondos no se reparten de forma arbitraria.