Este miércoles, la Asamblea de Madrid debatirá el informe de conclusiones elaborado por los grupos políticos tras la llamada 'Comisión Begoña'. Órgano impulsado por el grupo parlamentario del PP de Isabel Díaz Ayuso que forzó la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y que ha tratado de someter al control de una cámara autonómica a Pedro Sánchez.
Como era previsible, el enfrentamiento que ha marcado las sesiones de esta comisión de investigación continuará en esta última jornada, en la que se enfrentarán dos posturas: la que sostiene que hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez y la que defiende que no fue así.
Para sostener sus posiciones, los grupos presentarán este miércoles sus respectivos informes de conclusiones, basados en los testimonios de quienes han comparecido ante este órgano que, según ha denunciado el PSOE, ha costado "300.000 euros" a los madrileños.
Las declaraciones de los testigos permiten alimentar ambas versiones. Desde la acusación del exvicerrector de la UCM, quien afirmó que Goyache —rector de la Complutense— le dijo que "tenían que crear una cátedra para la mujer del presidente", hasta el propio rector, que defendió que no hubo nada "irregular" en su creación y negó que existiera un "trato excepcional".
El Partido Popular, cuyas conclusiones ha repetido en numerosas ocasiones, insiste en que la cátedra vinculada a Gómez fue una "operación irregular" diseñada desde La Moncloa. Son precisamente esas conclusiones las que previsiblemente serán aprobadas por la comisión, no solo por la mayoría absoluta del PP en la Cámara regional, sino también porque se espera que cuenten con el respaldo de Vox.
Las conclusiones debatidas este miércoles se llevarán al Pleno del día 24, donde se votará el dictamen. A continuación, el PP ha anunciado que remitirá el documento a la Fiscalía.
El portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, confirmó este lunes su intención de elevar el informe al Ministerio Público. A su juicio, las 17 comparecencias han dejado claro que "se colocó" a Gómez "en una posición de prestigio académico que no le correspondía ni por su formación ni por su experiencia laboral o docente".
"Se utilizó la influencia de su condición de mujer del presidente para que determinadas empresas trabajaran gratis para ella, no para la Universidad, y pensando en un futuro negocio que quedó abortado porque el caso salió a la luz", denunció Díaz-Pache, quien insistió en que se trató de una cátedra "irregular, arbitraria y gestionada al margen de cualquier procedimiento administrativo".
En el documento que ha registrado el PP (y que previsiblemente será el que se apruebe), el grupo solicita que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida popularmente como el 'software' de la cátedra.
En el documento, el PP apoya su teoría de que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue creada de forma "anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa".
"Se trató de una operación diseñada 'ad hoc' para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica". Para ello, explican que, como se contó en las comparecencias, ningún otro director de las 54 cátedras tenía un perfil similar al suyo.
Y van más allá. También hablan de su asesora Cristian Álvarez, al considerar que colaboraba con ella en el trabajo que hacía para la UCM, suponiendo su labor un "uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales y un desvío de fondos públicos a destinos distintos de los originales".
A modo de conclusiones, además de remitir el documento a la Fiscalía, el PP se pone deberes a él mismo. Concretamente, al consejero de Educación, Emilio Viciana, a quien le pide "un marco común de regulación, denominación y gestión" para las nuevas cátedras en colaboración con entidades privadas.
PSOE
Desde el grupo socialista, han recopilado un total de nueve conclusiones que presentarán ante la opinión pública, pero que no registrarán. Y es que, el PSOE abandonó la comisión cuando se citó a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En el documento que van a dar a conocer a la ciudadanía denuncian que, según su interpretación, "todos los comparecientes han dejado claro que no ha existido ningún tipo de irregularidad". "Toda sombra de duda que el Partido Popular ha querido extender sobre la figura profesional de doña Begoña Gómez ha sido rebatida por los diferentes comparecientes en sus intervenciones, sesión tras sesión", insisten.
En su opinión, las comparecencias solo han servido para "conocer mejor la intolerable situación de recortes e infrafinanciación a la que el Gobierno popular está sometiendo a las universidades públicas madrileñas".
Tanto el PSOE como Más Madrid han denunciado que, durante toda la Comisión, el Partido Popular vetó las peticiones de comparecencia de otros grupos parlamentarios, "entre ellas la de la señora Díaz Ayuso".
"No solo han copado 14 de las 18 comparecencias ejecutadas, sino que además han vetado que determinadas personas no acudieran a las mismas, en un ejercicio de totalitarismo y censura", afirman, calificando la investigación como "comisión basura".
Por todo ello, denuncian que el dinero gastado por la Asamblea de Madrid en esta Comisión de Investigación —"300.000 euros durante estos meses"— habría estado "mejor empleado en becas educativas o en becas comedor". Aunque los socialistas saben que esas partidas no son equivalentes, ya que los fondos de la Cámara regional se distribuyen de forma distinta a los presupuestos educativos.
Para sacar las cuentas de esos 300.000 euros, el PSOE ha calculado el coste que tiene para cada miembro de la comisión su estancia en la misma. Es decir, el presidente cobra al mes unos 750 euros, más la figura del vicepresidente y del secretario (otros 560 euros al mes cada uno) más los portavoces de cada grupo (934 euros por cada uno). Y, todo eso, multiplicado por los meses que ha durado la comisión. Precio al que, además, hay que sumarle el coste que tiene para los servicios de la Cámara.