La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto ley que modifica la ley de Extranjería para alterar el reparto de menores migrantes no acompañados tras el pacto entre Junts y el Gobierno de Pedro Sánchez.
El consejero portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha explicado este miércoles que el real decreto ley "vulnera preceptos constitucionales" e invade competencias, puesto que "la percepción y el acogimiento" de estos menores es de las Comunidades Autónomas.
Con esta decisión, Isabel Díaz Ayuso se convierte en la primera dirigente regional que ordena este hecho. Algo que anunciaron más compañeros del Partido Popular, como es el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
La Comunidad de Madrid ha dado instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el Real Decreto ley 2/2025 con estos cambios, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.
"El Gobierno central no puede decidir a voluntad dónde y cómo deben ser acogidos los menores", denunciaba el consejero de Presidencia. Hay que recordar que con este Real Decreto ley se va a decidir la reubicación de unos 4.400 menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias, Ceuta o Melilla.
Desde la Comunidad insisten en que este Real Decreto es contrario a la "solidaridad constitucional" entre administraciones y, además, vulnera los derechos de los propios menores, "desplazándolos por cuotas subjetivas, puramente políticas".
"No les interesa la atención de estos menores, lo que les interesa a Pedro Sánchez y a su Gobierno es garantizarse esos siete votos. Lo primero que tiene que hacer es poner fin al caos migratorio que vive nuestro país, controlar las fronteras, llegar a acuerdos con los países de origen y ponerse de acuerdo con nuestros socios de la Unión Europea", ha subrayado.
Qué dice la Abogacía General
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley "infringe varios preceptos" de la Carta Magna de 1978 y es "inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.
Además, considera que se vulneran "sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".