La expulsión de Juan Manuel Badenas, vicealcalde de Valencia, como portavoz de Vox en el Ayuntamiento podría desatar una nueva crisis territorial en el partido. Todo ello tras el estallido del primer presunto caso de corrupción en Vox, que tiene al segundo teniente de alcalde como protagonista.
El caso consiste en un supuesto amaño de un contrato por parte de Badenas en favor de la empresa en la que trabaja Javier Cebrián, el marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. El encargo, que ahora investiga Vox, ascendió a 128.951 euros.
Nada más conocerse la noticia, y ante los "indicios de irregularidades", la formación de Santiago Abascal decidió abrir un expediente interno que dejó en manos del Comité de Garantías, órgano que resolvió este lunes suspender a Badenas de sus derechos como afiliado e inhabilitarle para ser portavoz como medida cautelar ante la "gravedad de las acusaciones".
El partido no ha pedido por el momento el acta al concejal.
Desde Vox, explican fuentes de la dirección, mantienen "intacta" su disposición para seguir gobernando en Valencia. Se trata de la mayor institución de España en la que Vox forma parte todavía de un gobierno desde que decidió salir de los Ejecutivos autonómicos en verano de 2024.
La formación de Abascal no considera que suspender a Badenas suponga una pérdida de confianza en el concejal, sino que, dicen, toman la decisión porque precisamente respetan su "presunción de inocencia" y para que pueda defenderse "de la mejor forma posible sin estar atado" a su cargo de portavoz.
La suspensión, en cualquier caso, se mira "con cautela" ante la posibilidad de que la investigación concluya que la actuación de Badenas "no estuvo acorde con lo que espera Vox de uno de sus cargos".
El desenlace definitivo todavía no se ha producido, aunque Vox confía en resolver esta misma semana el expediente. En caso de expulsión irrevocable, el escenario más probable según ha podido saber este periódico, Vox trabaja con la hipótesis de que Badenas pudiera aferrarse a su acta de concejal o, lo que es lo mismo, que se convierta en tránsfuga.
Y tampoco descartan que la concejal Cecilia Herrero, pareja del teniente de alcalde, decidiera dar un paso al lado y abandonar las siglas del partido, pero hacer lo propio con el acta.
En ese caso, el grupo municipal de Vox quedaría dividido en dos: Herrero y Badenas actuarían por libre y los otros dos concejales de Abascal acatarían las directrices de Bambú, sede nacional del partido. La alcaldesa, la popular José María Catalá, debería contar tanto con los rebeldes como con los fieles a Abascal, ya que gobierna por la mínima: 17 concejales (13 del PP y 4 de Vox) frente a los 16 de la izquierda.
Nuevo portavoz
En el ecuador de la legislatura, Vox todavía tendría margen para situar al frente de la portavocía un perfil solvente y dar a conocer con la suficiente antelación un nuevo candidato antes de las próximas elecciones municipales para que el grado de conocimiento entre los votantes sea adecuado.
Si se consuma esta división, el grupo municipal saltaría en pedazos. Y no es un caso aislado. El incendio de Valencia se sumaría a otros que se han propagado en varios territorios donde Vox logró representación pero ha perdido el control de sus diputados o concejales.
Ocurre en Castilla y León, con dos procuradores expulsados que mantienen su acta; Baleares, con tres diputados que no acatan las órdenes de la dirección; Cantabria, con dos de los cuatro diputados suspendidos de militancia; o Ceuta, donde dos diputados se han rebelado contra el líder regional designado por Abascal.
Las desavenencias internas también han desangrado al equipo de Vox en Oviedo, con la salida de Elena Figaredo, prima de José María Figaredo, del grupo municipal, aunque mantiene su escaño.