La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene todas las de ganar, este miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Su Ministerio de Hacienda tiene la mitad de los votos en ese foro. Así que con que una Comunidad Autónoma le dé su apoyo, podrá imponer la quita de deuda a la gran mayoría de regiones, que la rechaza.
Y Cataluña votará a favor, evidentemente. Porque es la impulsora, una de las CCAA más beneficiadas, y el asunto forma parte de los acuerdos del PSC con Esquerra para la investidura de Salvador Illa. No en vano, a Oriol Junqueras le correspondió el honor de anunciarlo, este lunes.
De este modo, está previsto que se dé por adoptado el "acuerdo", a cuyo texto ha tenido acceso este diario. Aunque tendrá a casi todas las CCAA en contra, en la reunión que se celebrará en Hacienda, y de momento, también carece de votos en el Congreso.
De los socios del Gobierno, este martes mostraron su rechazo tanto los independentistas catalanes de Junts, clave para aprobar la iniciativa en las Cortes, como los nacionalistas valencianos de Compromís, miembro de Sumar, o lo que es lo mismo, parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Y es que, aunque la iniciativa salga adelante este miércoles en el CPFF, se tendrá que articular como una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, que al tratarse de una ley orgánica, necesita de mayoría absoluta en el Congreso. Y los siete votos del partido de Carles Puigdemont son imprescindibles.
La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, denunció este martes el nuevo "café para todos" y advirtió de que su formación no aceptará "gato por liebre".
Este fin de semana, los independentistas catalanes han tenido que echarse atrás y retirar su iniciativa para tratar de forzar a Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza.
Su secretario general, Jordi Turull, pasó el trago de anunciarlo, aclarando en que hacían caso al mediador internacional de la negociación que mantienen con el PSOE en Suiza, Francisco Galindo. Pero insistiendo en su "desconfianza" con Sánchez.
Ahora, tienen meses para apretarle a Sánchez con la condonación de deuda autonómica: un mérito de ERC que Junts no quiere 'tragar' si no viene acompañado de un hecho diferencial.
Lo de Sumar es más sencillo, por un lado, porque Compromís sólo tiene una diputada en el Congreso.
Pero más complicado, porque el nacionalismo valenciano necesita significarse ante los votantes de su región, como está haciendo con las ayudas por la dana. Compromís considera "insultante" el reparto y, además, exige un fondo de compensación por la "infrafinanciación" de su región, reconocida hasta por Hacienda.
El sistema actual data del año 2009, fue pactado por otro Gobierno socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero, con el entonces líder nacionalista catalán de CiU, Artur Mas. Sólo después fue impuesto al resto de autonomías. Y lleva caducado desde el año 2014.
Es decir, que tanto los valencianos como los castellano-manchegos, los murcianos y los andaluces han perdido dinero desde entonces, según sus sucesivos gobiernos y el actual de la nación.
Las CCAA se niegan
En todo caso, este miércoles se celebra el CPFF que Sánchez prometió en la Conferencia de Presidentes de diciembre. Llega un mes tarde y sin el único punto del orden del día comprometido que le interesaba a la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas: un nuevo sistema de financiación "justo y para todos".
A Cataluña no le interesaba especialmente ese debate, porque su financiación ya se empezó a pactar entre el PSOE y ERC: primero con una quita de deuda para la región, que le sirvió a Sánchez para que le votaran su investidura. Y después, acompañada del llamado concierto catalán, que le dio a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat.
Y varias de las regiones consultadas advierten de que el sistema propuesto "es puro humo" y no soluciona nada.
"Desde 2017, nosotros pedimos una condonación de deuda, pero no es una condición suficiente sin un modelo más equilibrado de financiación", advierte el Ejecutivo de Emiliano García-Page.
"Lo que tenemos es una mala financiación, y este parche ni inyecta dinero nuevo ni facilita la salida a los mercados", explica el Gobierno gallego de Alfonso Rueda.
Porque el documento de Hacienda, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, viene además con letra pequeña no explicada públicamente por el Gobierno.
Primero, a las CCAA no se les aliviarán las cuentas, porque los 18.791 millones de euros que se propone condonar a la región más favorecida, Andalucía, no desaparecerán de su pasivo. Se le irán "perdonando" a cada región en cada plazo de vencimiento.
Y segundo, los gobiernos regionales tendrán que seguir haciendo frente a los intereses. Así lo establece el punto 5 del texto: "Las medidas de absorción de deuda sólo alcanzarán al capital de la deuda afectada, sin que incluyan a los intereses devengados u otros costes vinculados a la misma o que se deriven de las operaciones que instrumenten dicha asunción".
Según fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno, "es que no le sirve de nada ni a Cataluña, es todo política y teatro para justificar el sostenimiento de Sánchez en Moncloa".
"Trampa" de Hacienda
La semana pasada, Montero retiró el documento técnico que planteaba un reparto de recursos para cada autonomía, bajo el criterio inicial de "población ajustada". La vicepresidenta se vio obligada a echarse atrás ante las quejas de varios gobiernos regionales, entre ellos el socialista de Castilla-La Mancha.
"Es decir, que hizo trampa y vació la cita de contenido", según denunció un representante del Gobierno aragonés de Jorge Azcón a este periódico.
Y así, cuando el viernes pasado, Hacienda mandó el orden del día de esta reunión del CPFF, sólo aparecían tres puntos: "Un par de temas técnicos" y la propuesta de "asunción por el Estado de una parte de la deuda de las CCAA de régimen común", tal como explican fuentes del Gobierno andaluz.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes una nueva comisión en la Asamblea madrileña para que los ciudadanos de su región conozcan "cómo" les afectará el acuerdo alcanzado entre ERC y el PSOE.
El objetivo es reunir a economistas y expertos que expliquen, de manera didáctica, el "problema" que este acuerdo representa para la sociedad. Además, el PP madrileño busca trasladar los resultados del estudio a "organismos nacionales, la Unión Europea e instancias internacionales".
El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, explicó que el propósito de la comisión es evidenciar el perjuicio de este acuerdo sobre "los principios de igualdad ante la ley, las oportunidades y la solidaridad entre españoles".
Los mismos principios que señalan como "violados" desde la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. "Sánchez está comprando, otra vez, su permanencia en Moncloa. Ahora, con la quita usa el dinero de todos... antes, con la amnistía dañó con la dignidad de la democracia".
Moncloa señala al PP
Fuentes del Gobierno, por su parte, entienden que la postura del PP es más un movimiento político que una convicción real y que acabarán aprobándolo por la presión de sus territorios. "Falso, nuestros presidentes tienen sentido de Estado", responde Génova.
Pero al no del PP se sumaban las críticas de Junts y Compromís. Desde el Ejecutivo, se admite que hay "poco margen de maniobra" para intentar contentar a las distintas partes, pero una fuente del Consejo de Ministros cree que podrán darle la vuelta a la situación.
Sobre Junts, aseguran que es lógico el malestar porque es "un logro que ha conseguido por ERC", competidor directo en Cataluña de los de Puigdemont. Y sobre Compromís aseguran que no han entendido bien la condonación y que, en cuanto a la quita por habitante, la Comunidad Valenciana está en la parte más alta de la tabla.
A pesar del posible abandono de sus socios, en el Gobierno creen que hay que poner el foco sobre el PP, que es el que más fácil puede tener la tentación de cambiar de posición. "Si el PP y Junts votan en contra, no sale. Pero ellos sabrán. Lo que sabemos nosotros es que perjudica más al PP, que gobierna en más sitios", zanja un ministro.