Toni Roldán: "El control de precios del alquiler es desastroso, acaba logrando el efecto contrario al deseado"

En este periódico no somos luditas. Confiamos más en las oportunidades que en los riesgos que arroja la tecnología. Pero estamos delante de una puerta y no podemos abrirla por culpa de la puñetera tecnología. 

–Un momento, perdonad, esto tendría que funcionar, pero… 

Nos lo dice Toni Roldán (Barcelona, 1983), nuestro anfitrión en EsadeEcPol, un sitio de esos donde se utilizan muchas palabras en inglés y donde se elaboran estudios disruptivos acerca de las políticas públicas que convienen en cada momento. Lo hacen con la intención de anclarse en el centro y mantener interlocución con ambos lados de la balanza política.

¡Tantas cosas en inglés dice Toni! “Policies”, “inputs”, “outputs”. No se preocupe, lector. Como usted paga, lo vamos a publicar todo traducido con ayuda de un gran diccionario económico inglés-español.

Esade es una marca potente, la escuela de negocios de los jesuitas, y se han montado un edificio muy moderno a las afueras de la Castellana. Tan moderno y tan nuevo que casi lo estamos estrenando… y no hay manera de abrir la puerta de la sala donde queremos hacer la entrevista. 

–Pone “available”, tendría que poder abrirse –insiste Roldán con un manillar y un letrero iluminado en verde que parecen sacados de la Estrella de la Muerte de Star Wars. 

–¿Cómo dice? 

–“Available” –repite Toni.

La distancia que separa el “available” de Roldán y el nuestro es la misma que separa Madrid de Moscú.

–Está disponible, pero no se abre.

Aun así, seguimos creyendo en la tecnología. Él y nosotros. ¡Hasta ahí llega nuestra fe! Entramos por fin en otra sala. Vamos a entrevistar a Toni Roldán, al que hace mucho que no veíamos, desde los días dorados de Ciudadanos. Sigue llevando la melena de aquel chaval, pero ahora es doctor.

Toni –recordemos un poco mientras se sienta y nos ofrece un poco de agua– es hijo de dos de los fontaneros económicos más eminentes del felipismo. Su madre, María Antonia Monés, dirigía el departamento de Economía del gabinete de Presidencia. Su padre, Curri, era autor de cabecera en los programas electorales de aquel PSOE.

Toni salió liberal. Se formó en Columbia y en la London School of Economics. Discípulo aventajado de Luis Garicano, entró en Ciudadanos y, mano a mano con su maestro, desarrolló aquellas políticas que abrieron debates ignotos. El resto es Historia. 

Hoy lo visitamos en su condición de investigador y director de EsadeEcPol para hacer un monográfico sobre uno de los problemas que más atenaza a España y que, en pocas ocasiones, se trata con el reposo que merece: la Vivienda. Cogemos fresco y en forma a Toni porque acaba de escribir un informe al respecto. Aprovecharemos para compartir la nostalgia del centro y preguntar por el resto de asuntos económicos que capitalizan las portadas. 

De entre todas las políticas públicas que desarrolla el Gobierno, usted sitúa las de Vivienda como “el peor de los fracasos”. ¿Por qué?

Hay buenismo en esas políticas, hay incluso una intención correcta en algunas medidas, pero los resultados están siendo desastrosos por una razón muy sencilla. El planteamiento a la hora de legislar está marcado por una perspectiva muy ideologizada, poco sustentada en los datos y las evidencias económicas.

En España, tenemos un problema gigantesco de oferta de vivienda. Al mismo tiempo, asistimos a un crecimiento enorme en la demanda; es decir, en la generación de nuevos hogares. Esto último se produce por la inmigración, la emancipación, el crecimiento poblacional… Se generan 300.000 nuevos hogares al año y, en ese mismo periodo de tiempo, sólo se construyen 100.000 viviendas.

Un desequilibrio brutal entre oferta y demanda.

Año tras año, vamos acumulando un déficit de 200.000 viviendas aproximadamente. La cuestión es por qué ocurre esto. Ahí entran las políticas por las que usted me preguntaba. 

Aparentemente es sencillo: si hacen falta tantas viviendas, construyamos viviendas.

Exacto. Si de repente la gente empezara a comprar muchísimos más plátanos, pues se producirían muchísimos más plátanos. Compensar la oferta y la demanda no debería ser tan difícil. Pero, en este caso, en el de la vivienda española, existen muchísimas restricciones. Hay un exceso de regulación.

Y eso desincentiva tanto al constructor como al propietario que puede poner una vivienda en alquiler.

Todas esas restricciones de las que ahora, supongo, vamos a hablar reducen la rentabilidad de la construcción y, al mismo tiempo, desincentivan a quienes se plantean poner un piso en alquiler.

En el pico de la burbuja inmobiliaria, se construían en España más de 600.000 viviendas al año. Hoy, como decía, no llegamos a 100.000. Entonces, el Gobierno dice: “Solución mágica, vivienda pública. Todos los países de nuestro entorno tienen mucha más vivienda pública que nosotros”. Pero el Gobierno no construye siquiera 10.000 al año.

Hagamos los cálculos. ¡Es un problema de una magnitud enorme! En cuatro o cinco años, tendremos un déficit de un millón de viviendas. El diagnóstico del Gobierno no es “oye, tenemos un problema de oferta”, sino… “El mercado es malévolo, tenemos que fastidiarlo de alguna manera”. Entonces, apuestan por el control de precios, que es el ejemplo más claro de las políticas con consecuencias desastrosas.

Entonces, es casi un problema de filosofía política. Usted conoce bien al PSOE, negoció con ellos cuando estaba en Ciudadanos, y detecta que las políticas de Vivienda que Sánchez está llevando a cabo no son socialdemócratas, no son las del Partido Socialista. Son propias de una izquierda más extrema. 

Claro. Lo lógico, desde una perspectiva progresista, sería decir: “Vamos a hacer tantas viviendas como podamos en el menor tiempo posible para que el precio baje”. Como el problema es de oferta, esa sería la única manera de ofrecer condiciones materiales favorables en un bien tan necesario y hoy tan escaso.

Dicen que quieren “vivienda accesible para todos” y, con la otra mano, generan políticas que restringen la rentabilidad de la construcción, lo que conlleva que se prolongue esa escasez, y lo que conlleva a su vez que el precio de ese bien, por escaso, no deje de subir. Tanto en la compra como en el alquiler. Imagínese que es usted un constructor.

Adelante, ya soy un constructor. ¿Qué me pasa, doctor?

Quiere usted construir unas viviendas nuevas para ponerlas en alquiler, pero sabe que va a enfrentarse a unas regulaciones que retrasarán esa construcción diez o doce años. Podría usted hacerlo en 18 o 20 meses, pero tardará diez años. Además, todo ese proceso estará caracterizado por una enorme incertidumbre regulatoria.

Cuando termine de construir, aunque el mercado diga que esas viviendas valen 3.000, usted va a tener que venderlas por 2.000 porque lo dice un sistema que se han inventado, con lo cual su rentabilidad va a ser muy poca. Además de eso, tendrá usted que dedicar un 30% de esa construcción a vivienda social. Habiendo analizado todo esto, usted, el constructor, dice: “Paso, no construyo”. 

Y no se construye. 

En abstracto, el objetivo del Gobierno es muy positivo: “Garantizar el derecho de todos a la vivienda”. Pero se está consiguiendo exactamente lo contrario.

"El Gobierno está consiguiendo lo contrario a su objetivo: el acceso de todos a la vivienda"

¿Qué es, en realidad, lo que nos ha traído hasta aquí? ¿Cómo empezó todo?

Hace unas décadas, sufrimos una burbuja inmobiliaria que fue catastrófica para la economía. La dependencia del ladrillo, lo recordará usted. Desde entonces, hemos tratado de huir de eso. A mí me parece positivo que queramos una economía que no dependa tanto de la construcción. ¡Pero estamos en algo muy distinto! 

Es mentira que estemos en una dinámica de pre-burbuja inmobiliaria. Cuando oiga usted a alguien que justifica las políticas de las que hablamos por el riesgo de una burbuja… No es cierto. Mire, las cajas de ahorro ya no existen, los bancos tienen requerimientos de capital muy altos, el crédito no es tan barato… Es que estamos en algo muy distinto. La construcción hoy representa alrededor de un 6% del PIB. En la burbuja, llegaba al 12%. Y la media histórica está en el 8% o el 9%.

El fantasma de la burbuja inmobiliaria da alas a quienes desarrollan políticas contra los “fondos buitre”, la “inversión extranjera”, “los grandes tenedores”…

La burbuja inmobiliaria generó una percepción social negativa en una parte importante de la población hacia la construcción. Eso ha hecho que este marco de exceso regulatorio tenga más aceptación de la previsible. A esto hay que añadir un rasgo propio del populismo: soluciones fáciles, sencillas… y finalmente equivocadas. “Qué bien, vamos a poner un control de precios y así los precios son mejores para todos”. Y el que iba a construir no construye; y el que iba a poner un piso en alquiler ya no lo pone. 

Ya existen casos concretos donde puede medirse el efecto del control de precios. 

El estudio más riguroso que se ha hecho hasta ahora es de José Montalvo y Joan Monrás, de la Pompeu Fabra. Evalúan el efecto del control de precios en Barcelona. Efectivamente, con ese control, caen los precios en las zonas tensionadas, pero en las no tensionadas suben los precios que estaban por debajo del precio límite.

Por tanto, acabas perjudicando a los que alquilaban a un precio menor y a los inquilinos que pagaban una renta menor. Además, tensionas más el resto de zonas y se reduce la oferta de alquiler en un 10%. ¡Acabas eliminando más oferta cuando lo que debemos buscar es aumentarla! 

En resumen, que esto viene de…

De ese síndrome del estrés postraumático de la burbuja inmobiliaria, de un gran crecimiento de la demanda y de un encarecimiento de los materiales de construcción debido a la pandemia, entre otras cosas. A lo que debemos añadir las medidas regulatorias que comentamos.

Hablemos con más detalle de esas medidas regulatorias, además del índice de control de precios. ¿Cuáles son?

La incertidumbre jurídica y regulatoria es, para empezar, el peor de los contextos. Eso de ir cambiando la ley, de aprobar una ley que no se aplica por igual en las Comunidades autónomas, el índice de control de precios que funciona como marco y que puede aplicarse en cualquier momento…

Vuelvo a Cataluña, que es el lugar donde el exceso regulatorio ha tenido un efecto más bestia. En 2019, en Cataluña, se establece la exigencia de un 30% para vivienda social, que es muy positivo sobre el papel, pero que luego acaba reduciendo la rentabilidad. Después, se estableció el control de los alquileres. Consecuencia: en aquel 2019, Cataluña tenía más o menos el mismo número de licencias de nueva construcción que Madrid. Hoy está en el 23% de lo que tiene Madrid.

Eso en cuanto a la construcción, pero el precio se ha disparado también en el alquiler. 

Porque en el alquiler la escasez de la oferta puede explicarse con estos factores: te dicen que no podrás sacar a tu inquilino en cinco años, que si ese inquilino no te paga tendrá un nuevo régimen de protección, que las leyes de desahucio se han hecho más flexibles… Eso genera una serie de desincentivos. Cuando abusas de una mala regulación, sucede lo que estamos viviendo.

"Cuando abusas de una mala regulación, nos encontramos con una situación como esta"

El Gobierno ha dictado algunas políticas de estímulo, como el bono de alquiler para jóvenes. Dice usted que son medidas biensonantes, pero que generan hambre para el mañana.

Si tienes un problema de oferta y estimulas la demanda, ese problema se agrava todavía más. Ese bono al alquiler joven puede facilitar en un momento determinado a un joven determinado que acceda a una vivienda, pero el problema de fondo es que nos va a faltar un millón de viviendas cada tres o cuatro años. Entonces, esas ayudas al alquiler se acaban traduciendo en subidas de precios.

¿Por qué?

Porque el mercado internaliza esa señal. El mercado dice: “Si estos chavales tienen más capacidad financiera, el precio del alquiler sube”. Son políticas que pueden funcionar muy temporalmente, sobre todo en zonas no tensionadas, pero que acaban redundando en un aumento de los precios. En las zonas más tensionadas, ese bono del alquiler se acabará trasladando casi integralmente a una subida del precio. 

Usted ha advertido en varias ocasiones de que se puede estar generando un mercado negro. ¿A qué se refiere exactamente?

Existe mucha evidencia científica sobre las consecuencias del control de precios. Ya en el 2000, Paul Krugman escribió un artículo al respecto en el New York Times que todavía hoy se cita mucho. Hace un resumen de esta evidencia científica de la que le hablo.

Cuando se controlan los precios, la gente tiende a vender su casa o a no ponerla en alquiler ni venderla si se lo puede permitir. Eso hace que se reduzca la oferta. Por tanto, se genera una mayor presión sobre los precios. Al haber más demanda y reducirse progresivamente la oferta, los precios se disparan.

Pero, claro, los precios están controlados en determinadas zonas tensionadas. Y hay inquilinos que dicen: “Oye, aunque esa casa vale 600, yo estoy dispuesto a pagar por ella 1.000. Porque está en el centro, en un barrio que me encanta”. Se juntan varios inquilinos peleando por esa casa y acaba llevándosela el que paga un sobrecoste en negro por encima del precio controlado. Esta casuística sucede.

Sánchez ha prometido construir 184.000 viviendas, pero ha entregado poco más de 10.000. A esto hay que sumar la incertidumbre que genera la pelea competencial y de modelo con las Comunidades autónomas del PP, que son la mayoría.

La solución a esto, como casi siempre, es que la señal de precios funcione. Si tienes una señal de precios atrofiada por las malas regulaciones y la gente no invierte, no vas a poder construir las viviendas sociales ni las no sociales. El Gobierno debería promover cambios regulatorios para que se pueda construir más rápido. Convendría acompasarlo con una liberalización del suelo.

La medida que propone liberar el suelo está bloqueada por Sumar y Podemos en el Congreso.

Es que hay otro mito: “No hay suelo disponible”. ¡Hay un montón de suelo disponible! Además, son suelos cercanos a ciudades y zonas relevantes donde verdaderamente existe una demanda. Son suelos que debido a extrañas razones burocráticas no se liberan para construir.

Antes hablaba de la burbuja inmobiliaria. Hay veces que se introducen regulaciones que tienen sentido en un momento, pero que luego dejan de tenerlo porque desaparece ese contexto. Y al final se alcanza ese punto que comentábamos: doce años para construir lo que podría tardar 18 meses. Necesitamos un reset, un cambio radical.

La solución no es ver si el Gobierno puede construir 10.000 o 12.000 casas al año. La solución es cambiar la regulación para promover la rentabilidad y que, desde el sector privado, se construyan muchas más. Si no, jamás cumpliremos el objetivo. Lo más progresista hoy para ayudar a la población vulnerable es limitar la regulación para que se construyan más casas y baje el precio.

Construir vivienda pública, entonces, lo interpreta como un parche. 

Es que el problema es de una magnitud tan grande… Necesitamos mucha más densidad de vivienda. Necesitamos recortar masivamente las regulaciones y quedarnos sólo con las imprescindibles.

Dejemos que el mercado funcione. Dejemos que se construyan 500.000 casas al año, como cuando la burbuja. No hay riesgo de burbuja porque los bancos han cambiado. En vez de desarrollar políticas buenistas y parches, dejemos que el mercado permita la rentabilidad de quien construye y de quien pone en alquiler.

Felipe González, tras incumplir su utópica promesa de los 800.000 empleos, dijo: “Prometí 800.000 empleos, destruimos 800.000 empleos y ya me callé para siempre porque los empleos los dan los empleadores, no el Estado".

Usted me conoce desde hace tiempo. Sabe que huyo de los dos extremos. No creo en un mercado absoluto ni un Estado muy regulador. La solución debe estar en el término medio. Pero necesitamos, en vivienda, un pensamiento más… disruptivo.

Otra posible solución: ¿por qué no permitir edificios de mayor altura en determinadas zonas? La pregunta más progresista hoy, perdone que insista, es: ¿cómo podemos construir el mayor número de viviendas posible? Si lo has intentado frenando el mercado y no lo has conseguido, dale más espacio al mercado para que las señales de precio funcionen. 

A lo mejor, basta con que sólo se necesite un informe medioambiental y no tener que presentar papeles una y otra vez en cuatro administraciones distintas. Quizá le sorprenda, pero soy optimista: cuando se rebaja la regulación, el mercado reacciona muy rápido. Se podrían alcanzar soluciones verdaderamente rápido.

"Soy optimista. Si se limitan las regulaciones, el mercado reaccionará rápido y se empezará pronto a construir mucho"

¿Cómo influye el lío competencial en este debate? PP y PSOE enfrentan, desde gobierno central y gobiernos autonómicos, dos modelos radicalmente distintos. No hemos hablado del modelo del PP. ¿Le convence?

Tampoco veo en ellos una ambición verdaderamente transformadora en este asunto. No están pensando en una solución a largo plazo. Fijémonos en Reino Unido, que tiene un gobierno progresista: “Build first”. Se han dado cuenta de que necesitan construir masivamente y están eliminando las restricciones porque saben que es la manera de responder al problema.

Los gobiernos de izquierdas que están haciendo esto lo hacen guiados por una preocupación. La principal autocrítica que se han hecho es: “Oye, estamos perdiendo elecciones porque, cuando gobernamos, no damos a la gente lo que prometemos”. Entonces, permiten que se construya para que ese acceso real a la vivienda suceda.

¿A qué se refiere cuando dice que Moncloa utiliza como cabezas de turco a los grandes tenedores y a los fondos buitre? Ahí hay otro mito: España no es un país de grandes tenedores. Según los datos que usted maneja en su informe, los grandes tenedores representan un 7% del parque residencial. 

Hay mucha mitología también en eso. Son una cabeza de turco habitual. Es típico del relato populista: un enemigo al que culpar de todo. Al contrario de lo que predican, necesitamos grandes empresas que tengan capacidad de lidiar con esa enorme regulación y esa gigantesca incertidumbre jurídica. Ellos son los que pueden invertir y hacer construcciones a gran escala.

La mayor incidencia de grandes tenedores llega, en zonas muy determinadas, al 10% o 12%. De media, están en torno al 7%. Y los “fondos buitre” son muy pocos en comparación con otros países. Eso hace que no tengan poder de mercado. No pueden ponerse de acuerdo para subir alquileres o para subir el precio de las viviendas.

¿La vivienda turística ha disparado los precios del alquiler? 

Si reduces la oferta disponible de alquiler de vivienda habitual, el precio sube porque la oferta escasea. Eso está claro. Sin embargo, salvo en los lugares más turísticos, donde el porcentaje de vivienda turística puede alcanzar el 15%, la magnitud no es determinante. Está bien que se regule, pero no soluciona el problema. Otro mito es el de las grandes compras por parte de extranjeros. Vuelve a ser un fenómeno muy localizado con una incidencia limitada en el mercado.

Hemos analizado el exceso de regulación en muchos de los puntos que tienen que ver con la vivienda, pero en relación a la okupación... ¿estamos en el extremo contrario? ¿Por qué existe esa sensación de que los okupas en España disfrutan de una ley laxa? 

Los procesos de ejecución en casos de okupación son demasiado lentos y algunas regulaciones han generado incentivos perversos que permiten extender ad infinitum esa anomalía extrema que es la violación de la propiedad privada. Eso perjudica a menudo a familias que viven en barrios vulnerables y se producen situaciones de enorme injusticia.

Hablemos de los otros dos asuntos económicos que capitalizan las portadas: el aumento del SMI; y la reducción de la jornada laboral. Sobre lo primero: ¿qué consecuencias implica la progresiva subida del SMI? ¿Es sostenible? 

Ha habido una subida muy grande en España del SMI en los últimos años. Y lo cierto es que estamos en récord histórico de empleos. Por tanto, ha habido una mejora de las condiciones de vida de una parte muy sustancial de la sociedad sin un coste aparente. 

Lo que pasa es que, en este debate, a veces se hace un poco de trampa porque no existe lo que podríamos llamar “el grupo de control”. No tenemos datos del mundo alternativo, de la sociedad en la que no se hubiera subido tanto el SMI. ¿Estaríamos mejor o peor?

España es un país con mucha incidencia de Pymes y de sectores de bajo valor añadido. Se pagan salarios bajos porque somos poco productivos, no porque nos guste pagar salarios bajos. Esas subidas del SMI, deja entrever el Banco de España, hacen que se genere menos empleo. No lo sé. 

¿Y la jornada laboral? ¿Es factible económica y culturalmente en un país como España?

Es un problema relacionado con el anterior. Es un problema de productividad, que al final es lo que permite reducir la jornada o bajar sueldos. En Dinamarca, tienen unos sueldos más altos que los nuestros y trabajan menos horas porque son más productivos.

El problema es que si eso se impone puede tener costes. Si el número de horas trabajadas pasa de 38 a 36, pues todo eso se reduce del PIB. Hombre, no es un efecto matemático porque estas relaciones no son fijas, pero en términos económicos… esa es la idea. Si reduces la jornada y no eres más productivo, esa riqueza que pierdes.

Entonces, Yolanda Díaz confía mucho en la productividad de los españoles.

A mí me gustaría que cambiáramos de pensamiento. Desde el 2000, tenemos un nivel de renta media muy parecido al de 2007. Y estamos en proceso divergente respecto a la Unión Europea. Eso es porque somos menos productivos. Lo que debemos pensar es en cómo hacernos más productivos a través de la gran revolución tecnológica que viene. Se puede pagar más, se puede reducir la jornada laboral, pero si no somos más productivos, no funcionará.

Nadie está más de acuerdo que yo en reducir la jornada laboral. ¡Mi mujer es alemana! Las largas jornadas, la obsesión por la presencialidad… Tienen efectos muy negativos en varias esferas de la vida. Pero no tiene sentido reducir la jornada laboral si no se lanza un gran plan para aumentar la productividad. 

Ha estado investigando últimamente sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la igualdad de oportunidades. Ha detectado efectos positivos y negativos, ¿cuáles son? 

Por un lado, hay una primera ola de literatura experimental que muestra que la productividad en una amplia gama de tareas mejora en todos los trabajadores, pero especialmente en los menos productivos. Una persona poco ágil redactando informes o correos lo hace más rápido y mejor. El que ya lo hacía bien mejora menos. Hay una especie de compresión de productividad. Eso reduciría la desigualdad, en un efecto contrario a lo que ha sucedido tradicionalmente con la tecnología, que premiaba a los más cualificados.

Los sistemas de IA generativa, al mismo tiempo, pueden generar desigualdades en las tareas complejas: pongamos la investigación o un concurso de debates. Ahí, el trabajador más brillante se aprovecha mejor de la IA. Nos queda mucho por aprender de este potencial tan grande. Se van a transformar todas las profesiones. 

En 2024, se cumplieron diez años de su entrada en política. Ha habido en esta década una aceleración de la Historia: el nacimiento y desaparición de un partido liberal que demostró que había otro camino. Hoy, nos vemos encorsetados por una dinámica de extremos. O el PSOE con la extrema izquierda y el independentismo; o el PP con la extrema derecha. ¿Qué falló en Ciudadanos? 

Creo que soy muy explícito cuando cuento lo que pienso que ocurrió. Formé parte del núcleo donde se tomaban las decisiones estratégicas. Fui el primero en irme cuando dejé de compartir lo que sucedía.

En contra de lo que algunos dicen, sí que existió la posibilidad de consolidar un partido liberal en España. De hecho, entre 2015 y 2017, los años en que Ciudadanos ya era potente y no había estallado el procés, hubo un espacio para hablar de políticas públicas. Y ahí nos movimos muy bien. Luego se impuso el marco de las identidades, que es como meter un altavoz en una sala pequeña.

Sin embargo, nos mantuvimos firmes. Pactamos con la izquierda y con la derecha. Con el PSOE firmamos el “pacto del abrazo”, que luego tumbó Podemos. Y con la derecha, sostuvimos al gobierno de Rajoy desde fuera, pero con un pacto de contenidos. Eso era lógico y fundamental en un partido liberal, poder dar estabilidad a España y alejarla de las influencias de los nacionalismos. 

El debate de las identidades nos situó en la derecha porque las izquierdas se alinearon con el nacionalismo. Rivera decidió abandonar la vía liberal porque se vio con la posibilidad de superar a la derecha y liderar ese espacio. Por la vía territorial, nos llegaban muchísimos votantes desde allí. Ciudadanos era mucho más creíble que el PP en cuanto a la solución del procés.

Rivera, en lugar de intentar anclar el proyecto en el centro, trató de liderar la derecha. Eso le llevó a unos cálculos, en mi opinión, fuera de sitio. Sacrificó cualquier posibilidad de pactar con la izquierda, de arrastrarla al centro. Se convirtió en alguien dogmático y sectario. Quiso ser la Pepsi del PP. 

De repente, nos encontramos con que PSOE y Ciudadanos suman 180 escaños. Aunque no te guste, tu obligación es intentar formar un gobierno socio-liberal y arrastrar a Sánchez al centro. Pero no lo intentó. 

Rivera suele decir que no lo intentó porque Sánchez no quería.

Claro, pero eso nunca lo sabremos.

El hecho de haberlo intentado, en ese caso, habría desenmascarado a Sánchez.

Por supuesto. Intentarlo era nuestra obligación moral como partido liberal: ofrecer estabilidad y reformismo al país. ¿Sánchez habría querido? ¿No habría querido? Pero le expulsamos de ese espacio de manera deliberada antes de saberlo. Desde entonces, hemos entrado en un marco de pobrísima gobernabilidad, se han paralizado las reformas y ha aumentado la influencia de los nacionalistas.