Donald Trump y Javier Milei ganaron las elecciones aprovechando el componente de "revuelta fiscal" que detectaron en Estados Unidos y Argentina. Percutieron con un mensaje que se podría resumir así: el país no es el mejor que podemos tener porque se gasta una infinidad de dinero público en cuestiones absurdas e ideológicas.
Son dos países muy distintos entre sí. Uno pelea por no perder el mando del mundo y el otro por sobrevivir, pero el hilo argumental que los encumbró es similar. Nos explica el concepto de "revuelta fiscal" Martín Varsavsky, un rico empresario argentino afincado en España, amigo de Elon Musk, con quien chatea todas las semanas. También ha compartido ratos de charla con Milei, a quien programó una gira empresarial en Norteamérica.
Ahora, sueña con que una hipotética caída de Pedro Sánchez dé paso en España a lo que su admirado Milei llamó "la motosierra"; un método que también ha implantado Musk en Washington a través del DOGE –Department of Government Efficiency–.
Varsavsky, que fundó Jazztel en los noventa y que hoy posee la red de clínicas de fertilidad más grande de Estados Unidos, está convencido de que ese componente de "revuelta fiscal" puede prender en España y convertirse en el motor que agrupe al votante que va desde el centro hasta la extrema derecha. Ya se ha reunido con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso.
Justo cuando lo visitamos ha creado un sitio web para canalizar la revuelta. Lleva el mismo nombre que la motosierra de Musk, DOGE –Departamento de Optimización del Gobierno de España–. Da la oportunidad a los ciudadanos de identificar gastos y entes públicos supérfluos para proponer su supresión.
Se trata de una auditoría ciudadana. De una "revuelta". "Hazte auditor y contribuye con tu propuesta a la motosierra española", se lee en las instrucciones. También se intenta captar a los funcionarios que, desde dentro y conservando su anonimato, quieran aprovechar su conocimiento interno del sector para adelgazarlo.
La propuesta de Varsavksy no deja de ser un juego, un pasatiempo, pero nos permite centrar un debate que, al calor de las victorias de Trump y Milei, ha estado de fondo en España desde la hipertrofia del Estado Autonómico. ¿El sector público está sobredimensionado? ¿Hay demasiados funcionarios? ¿Hay demasiados organismos estatales con funciones redundantes? Si la respuesta es "sí", ¿alguien se atreve a activar la "motosierra"? Si la respuesta es no, ¿por qué nadie se atreve a tomar medidas?
Milei ha cerrado sin déficit el ejercicio argentino de 2024, cosa que no sucedía desde 2008. Su gobierno presume de haber reducido en un 10,4% el personal de la Administración pública y un 13,1% el de las empresas estatales. Las partidas del gasto primario del PIB han pasado del 17% al 13%, la cifra más baja desde el 2000.
En Estados Unidos, el DOGE de Trump ha anunciado como meta un recorte de 2 billones de dólares... en un presupuesto de 7 billones. Musk está utilizando la inteligencia artificial para analizar cada dólar que sale de un departamento público, desde contratos hasta subvenciones pasando por gastos eventuales y dietas.
Sin embargo, el remedio populista implementado tras realizar un buen diagnóstico ya está dejando sus primeras consecuencias. En Argentina, Milei alentó la inversión en una cirptomoneda que resultó ser una estafa. En Estados Unidos, la justicia ha advertido a Musk de que poner información reservada –incluso datos fiscales– en manos de la inteligencia artificial puede ser un delito.
El cabreo por el gasto público disparado llevó a la victoria al nacional-populismo argentino y norteamericano, que ya aplica sus motosierras a discreción. Pero, analicemos el caso español. Antes de tratar de responder a la pregunta de qué harían PP y Vox si llegaran al gobierno, conviene referir si nuestro Estado gasta y crece por encima de lo sostenible.
¿España es sostenible?
Podemos anticipar que no, que no somos sostenibles; y empezar por el final, diciendo que España tiene un caldo de cultivo más que maridable con una "revuelta fiscal". La motosierra, con los números sobre la mesa, tendría mucho trabajo. La motosierra, si se practicara con rigurosidad, sería deseable. Vayamos de lo más amplio a lo más concreto.
España no tiene más empleo público que la media de la Unión Europea según Eurostat, pero sí que dispone de un mayor número de organismos públicos. Citando al Tribunal de Cuentas y a Funcas, podemos situar en torno a 2.000 el número de entes estatales. Italia, con diez millones más de habitantes, tiene 1.500, según su Ministerio de Economía. Por no hablar de Francia, que con su estructura centralizada logra reducir esa cifra hasta los 1.200.
El Estado Autonómico, que no ha dejado de crecer y de extender sus tentáculos desde que nacieron las distintas Comunidades, acaba por alumbrar estructuras públicas en los distintos niveles que cumplen con las mismas funciones.
El Índice de Eficiencia del Gasto Público elaborado por el Instituto de Estudios Económicos nos dice que España tiene un diferencial negativo del 25% en relación a la media de la Unión Europea y de la OCDE, donde ocupamos el puesto 29 de 37 en la clasificación de los países desarrollados.
Índice de Eficiencia del Gasto Público en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), además, lleva años advirtiendo –sin demasiada preocupación por parte del Gobierno– de la ineficiencia de las subvenciones que se conceden. Es muy difícil conocer fielmente su impacto, sus resultados.
A esto conviene añadir los últimos datos del Banco de España: la deuda pública suma 409.000 millones desde que Sánchez llegó a Moncloa, un 33,7% más, y ha tocado nuevo techo. En las Comunidades autónomas, esta variable también ha aumentado. Sólo se ha contenido en los ayuntamientos.
En resumen: un descontrol en la concesión anual de miles de millones públicos. "Falta de evaluación", "duplicidad y superposición", "desviación de recursos", ausencia de "transparencia y rendición de cuentas". Todas esas son las advertencias de la Airef, que no consiguen una rectificación de los distintos gobiernos.
De entre todas estas partidas, las que más encienden al electorado susceptible de reivindicar la motosierra no son necesariamente las más cuantiosas, sino las que tienen que ver con ejes como el cambio climático, la memoria histórica, la transición ecológica, la cultura, los sindicatos... Conciben PP y Vox –igual que proclamaron Trump y Milei– que los gobiernos de izquierdas han ido tejiendo una maraña de gasto público ideológico que ha redundado en un estancamiento de la economía.
Con Pedro Sánchez, por poner un par de ejemplos simbólicos, las subvenciones a los sindicatos han crecido hasta los 32 millones de euros, cuando con el presidente anterior, Mariano Rajoy, no alcanzaban los 9. Para más inri, desde que Sánchez llegó a La Moncloa, los sindicatos trabajan como un apéndice del partido, llegando a lanzar sus reivindicaciones contra la oposición y no contra el Gobierno, invirtiendo así el funcionamiento tradicional de un sindicato. Muy lejos quedan las duras protestas de Comisiones Obreras y UGT contra el Ejecutivo de Felipe González.
Y ahí va el segundo ejemplo –datos del Ministerio de la Función Pública–: Sánchez ha disparado hasta los 799 los altos cargos nombrados a dedo; la mayor cifra de la democracia. Ya son 128 más que con Rajoy. Un montante de 85,1 millones de euros.
Por último, aunque no sea éste el motivo del artículo, citemos la fragilidad del sistema de pensiones. Está a punto de desembarcar por completo en la jubilación la generación boomer, que es la más numerosa de todas las generaciones.
A veces, las anécdotas son más ilustrativas que los datos. Esto nos contaba Eduardo Serra –que formó parte de los gobiernos de UCD, PSOE y PP– en una entrevista reciente. En los ochenta, intentó meter en vereda al funcionariado para hacerlo más eficiente y reducir costes, pero ya entonces se había consolidado la dinámica actual:
Convocaron [habla del Gobierno, entonces de González, donde él era secretario de Estado] una reunión para mejorar la eficiencia de los funcionarios. Dijeron: “Aquí todo el mundo tiene que venir a la misma hora. O de 8h a 15h; o de 9h a 14h y de 16h a 19h. Se posicionaron. Yo, que era el último en responder, dije: “Ninguna de las dos. Veamos cuántas horas, de las cuarenta semanales, cumplen los funcionarios”.
Yo había hecho ese estudio en el INI dos años antes. Había gente que no iba nunca a trabajar. ¡Nunca! Y cobraban. Otros asistían diez horas, algunos veinte, otros cuarenta… Vamos a ver lo que van y, después, dejamos de pagar a los que no van. Si no hacemos eso, seguiremos siempre igual.
Y seguimos igual... casi cuarenta años después.
A este ejemplo, relatado desde dentro del poder, cada ciudadano puede añadir recuerdos relacionados con la ineficiencia de la Administración. El viaje por las distintas ventanillas para realizar una sola gestión. El laberinto de delegaciones del gobierno, subdelegaciones de gobierno, consejerías autonómicas y ayuntamientos.
El antropólogo anarquista David Graeber –autor que está leyendo ahora Yolanda Díaz– definía la burocracia como una forma de "violencia social". Y, cuanta más violencia social existe, mejor es el contexto para la revuelta... fiscal.
El debate de los expertos
Hemos consultado a dos expertos que colaboran asiduamente con este diario. Uno de ellos, Lorenzo Bernaldo de Quirós, autoproclamado liberal. El otro, Miguel Sebastián, autoproclamado socialdemócrata.
Bernaldo de Quirós fue fundador del Instituto Von Mises, forma parte del Cato Institute –una de las organizaciones liberales más importantes del mundo– y es miembro del consejo de la Fundación Internacional para la Libertad, que encarna Mario Vargas Llosa. Ha dirigido los estudios de la Cámara de Comercio y del Círculo de Empresarios.
Miguel Sebastián dirigió la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno con Zapatero. Luego fue ministro de Industria. Es doctor en Economía por las universidades de Minessota y Madrid. Da clases de Fundamentos del Análisis Económico en la Complutense.
Aunque por caminos distintos, los dos comparten una conclusión: en España, hay organismos de cuatro niveles distintos realizando las mismas funciones: Ayuntamiento, Diputación, Comunidad autónoma y Gobierno central.
Dice Bernaldo de Quirós: "En España, desde la llegada de la Democracia, hemos vivido presos del consenso socialdemócrata, impulsado tanto por la derecha como por la izquierda. No se cuestiona lo esencial, que es el tamaño de las instituciones del Estado y sus funciones".
Responde Sebastián: "Debemos optimizar el sector público, desde luego. Basta con leer los informes de la Airef. Sólo así podremos evitar las redundancias. Hay mucho donde se puede optimizar".
Entonces, si tanto la derecha liberal como la izquierda socialdemócrata están de acuerdo, ¿por qué nadie lleva a cabo esa optimización? Contesta primero Bernaldo de Quirós: "El fallo ha provenido de la derecha, que ha sido incapaz de plantear una alternativa. La derecha en España es el taller de reparaciones de la socialdemocracia". Sebastián arguye: "Los partidos sí llevan en sus programas ciertas reformas de las administraciones públicas. Pero luego, es cierto, no van hasta el final".
Ambos dejan entrever cierto "clientelismo político" como una de las causas fundamentales. No se suprimen estos órganos supérfluos porque dan trabajo a mucha gente que ha colaborado con el partido en su escalada hacia el poder. En esto, Bernaldo de Quirós es mucho más contundente que Sebastián.
Fuera de micro, algunos dirigentes de PP y PSOE ya retirados y consultados por este diario, mencionan como motivo clave ese mecanismo perverso que convierte las diputaciones, fundaciones y un largo listado de etcéteras en bolsas de empleo de los partidos. Amigos, familiares y vasallos. "España es un país determinantemente autonómico. Y los líderes autonómicos ejercen muchísima presión sobre los líderes nacionales para que no cambie ese statu quo", coinciden varios de ellos.
¿Qué debe hacerse? ¿Cuál es la reforma necesaria?
La receta Bernaldo de Quirós: "Claro que hay que reducir el gasto político innecesario. Claro que hay que reducir la burocracia y cerrar los organismos supérfluos. Por supuesto que hay que reducir el empleo público, pero eso no resuelve el problema. La madre del cordero es el Estado del Bienestar, que absorbe las principales partidas del Presupuesto. Sanidad y Pensiones fundamentalmente. Debemos cambiar de modelo. El envejecimiento de este país lo está haciendo insostenible".
La receta Sebastián: "Hay que acabar con el gasto redundante y repetido en varias administraciones. Hay que reducir la burocracia. Impulsemos una gran reforma para dar poder a los ayuntamientos, hacerlos más grandes, fusionar algunos de ellos... Así nos podríamos ahorrar, por ejemplo, las diputaciones provinciales y muchas de las duplicidades".
Bernaldo de Quirós apostilla al método de Sebastián: "El Estado es absolutamente ineficiente. No hay una responsabilidad real entre las decisiones de gasto de las Comunidades autónomas y la necesidad de recaudar impuestos para financiarlo. Digamos que gastan lo público de manera gratuita, sin miedo a las consecuencias. Juegan con pólvora del rey. Puestos a ser federales, ¿por qué no un federalismo competitivo, como el de Estados Unidos o Suiza, donde sí existen esas consecuencias?".
Para acabar, les preguntamos por el empleo público. Los dos apuntan que España no tiene una cantidad de funcionarios superior a la media europea. Dicho esto, Bernaldo de Quirós añade: "Pero los salarios sí son muy superiores". Sebastián no apuesta por recortar el empleo público, sino por "redistribuirlo": "Hay muchos sectores con plazas sin cubrir".
Un intento frustrado
La primera vez que, en España, se puso sobre la mesa una verdadera reforma de las administraciones públicas fue en 2013. Como suele ocurrir en política, no tuvo que ver con la voluntariedad, sino con la urgencia. El país salía, recorte a recorte, de la crisis financiera de 2008.
Un equipo de expertos elaboró para el PP el llamado "Informe CORA", que se ha convertido en algo así como el paraíso perdido de los liberales, libertarios e incluso algunos socialdemócratas.
Se sugirió la eliminación de empresas públicas que no cumplían con sus objetivos, de agencias y fundaciones no eficientes, de servicios duplicados, de organismos autonómicos y locales... El objetivo era, básicamente, reducir el gasto público y la estructura administrativa.
Y se puso en marcha. Se hicieron algunos avances, pero el Gobierno central se topó con las competencias autonómicas y municipales. En varias ocasiones, incluso al ser del mismo partido, no se pudo llegar a un acuerdo.
El Informe CORA dio resultado, se ahorraron miles de millones de euros, pero no fue nada comparado con lo que se proponía en ese tocho que llegó a pasear con orgullo Soraya Sáenz de Santamaría. Su hombre de confianza, Jaime Pérez Renovales, dimitió en 2015 y regresó a su puesto en el Banco Santander. Varias de las fuentes consultadas durante la elaboración de este artículo aseguran que Pérez Renovales dimitió, entre otras cosas, desesperado por no poder implementar el Informe CORA.
Para muestra un botón: la Fundación Biodiversidad, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León... Se propuso la eliminación de todas ellas la considerar que sus funciones ya las estaban llevando a cabo otros organismos. Todas están abiertas hoy.
Un precedente sin populismo
En 2015, Ciudadanos era, según el promedio y la evolución de las encuestas, una alternativa de gobierno. Podía pactar a derecha e izquierda, lo que le daba una oportunidad ganara quien ganase. El procés no se había desatado y el debate, intoxicado por las identidades pero no al completo, dejaba pequeños espacios para las propuestas disruptivas.
Luis Garicano y Toni Roldán fueron los dos economistas encargados de redactar un pograma que obligaba a los tertulianos a hablar de cosas tan raras como la "mochila austriaca".
Pero lo más sustancial de ese programa, lo más polémico y lo que al mismo tiempo más rédito electoral les generó, fue la disruptiva propuesta de acabar de una vez por todas con lo que Albert Rivera llamaba en sus ruedas de prensa "la grasa del Estado". No hablaron de motosierra, pero proponían una motosierra.
Con una diferencia respecto a los populismos emergentes: en el programa, esa supresión propuesta iba acompañada de largas soluciones. Estaba pensanda la forma para seguir caminando el día después.
Citemos algunas de las medidas hasta entonces inéditas en Democracia –o por lo menos inéditas en un partido alejado de los extremos y con vocación mayoritaria–: la supresión del CGPJ –las funciones recaerían sobre el presidente del Supremo y dos adjuntos–, la supresión del Senado –creando a cambio un consejo de presidentes autonómicos sin implicar sobrecostes–, la supresión de las diputaciones provinciales –se definieron como "entes de dudosa utilidad, foco de corrupción y escaso control democrático"–, la fusión de municipios –creando un "índice de sostenibilidad para garantizar la subsistencia de cada uno de ellos. Si no se alcanza ese mínimo, fusión–.
En 2016, Ciudadanos añadió al programa "una revisión integral del gasto de cada ministerio, partida a partida". También el análisis del coste y la sostenibilidad de proyectos públicos: aeropuertos, polideportivos vacíos y estructuras infrautilizadas.
Y en 2019, antes de alcanzar los 57 escaños, se apostó por "cerrar todos y cada uno de los chiringuitos políticos que el bipartidismo ha usado para colocar a sus amiguetes": "Suprimiremos todos los organismos, agencias, empresas, fundaciones, consorcios, embajadas autonómicas... que carezcan de justificación. Impulsaremos una racionalización de las Administraciones y la supresión de todos los organismos duplicados de las Comunidades autónomas".
Luis Garicano es profesor de Políticas Públicas en la London School of Economics. Fue el autor de cabecera de las propuestas económicas de Ciudadanos y, desde entonces, se consolidó como una de las voces más respetadas en el campo del debate público-económico. Ya lo era antes dentro del gremio debido a su trayectoria académica e investigadora, pero la irrupción de Ciudadanos lo llevó al prime time. Hoy publica sus conclusiones en Silicon Continent.
Nos atiende desde Londres, donde pasa la mayor parte de su tiempo.
Comienza haciendo una distinción entre Trump y Milei: "Milei se arrima a Trump porque quiere protección. Pero, de momento, Milei ha mostrado un respeto exquisito por las instituciones. Las recorta en gran medida, pero sin gestos autoritarios similares a los de los peronistas. A Milei sólo se le puede comprender en el contexto argentino".
Dicho esto, con el conocimiento atesorado en la Academia y en la Política, le pedimos una reflexión sobre el tamaño del Estado, su burocracia y la posibilidad de hacer una liposucción a aquella "grasa" de la que hablaban en 2015.
"Conviene diferenciar entre el recorte de los gastos, la reducción de la estructura del Estado y los excesos regulatorios que caracterizan a España. Porque muchos de esos excesos regulatorios acaban implicando la creación de estructuras públicas innecesarias", introduce.
Le pedimos al profesor Garicano que ponga un ejemplo concreto que nos permita entenderlo. Elige su favorito, por estar últimamente investigando acerca de la inteligencia artificial.
"En España no existe ninguna compañía puntera en IA. Y en lugar de hacer todo lo posible para tenerla, hemos creado una agencia pública para regular ese vacío. Hablo de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial", cuenta.
Conforme lo relata, nos envía una imagen del organigrama de dicha agencia. "Es para que os lo creáis", añade con ironía. Vemos una telaraña que incluye una secretaría de Estado, un consejo rector, dos subdirecciones, una secretaría general, seis departamentos y cuatro divisiones.
"No hay un tejido empresarial potente sobre inteligencia artificial, pero ya existe una agencia pública que lo regule. Lo importante ahí, más allá del coste, son las piedras en el camino que se acaban poniendo a quienes quieren emprender en el sector", razona Garicano.
Este tipo de organismos –incide– acaban creando trabajo de manera absurda porque, de algún modo, tiene que justificarse el empleo de todas esas personas que van integrando tales agencias públicas. "España tiene una gran proporción de pequeñas y medianas empresas en comparación con los países de su entorno porque resulta muy difícil crecer", apostilla.
En el sector de la construcción, dañado recientemente por la hipertrofia regulativa en materia de Vivienda, ocurre algo parecido: "Se tarda prácticamente más en conseguir los permisos para levantar un edificio que en desarrollar el proyecto".
–Vamos ahora, entonces, con lo estructural. Además de los costes de la regulación, ¿España sufre una estructura pública desmesurada?
–La inmensa mayoría de los organismos que nosotros identificamos como innecesarios en el programa de Ciudadanos siguen existiendo. Aquellas propuestas tenían sentido en aquel momento y lo siguen teniendo hoy. Tenemos un Estado elefantiásico. Si acaso, nos quedamos cortos y debimos ser todavía más ambiciosos.
Aunque muy pocos hoy lo creerían, Pedro Sánchez llegó a comprometerse por escrito con Ciudadanos a suprimir las diputaciones provinciales. Fue el llamado "pacto del abrazo", que luego tumbó Podemos. En las siguientes elecciones, Rivera no quiso intentar un acuerdo con Sánchez -probablemente Sánchez tampoco lo hubiera querido– cuando los dos sumaban mayoría absoluta.
–El desarrollo del Estado autonómico es clave. Ese peldaño de las diputaciones es el paradigma de lo que sucede, ¿no?
–Existe muchísima duplicidad, efectivamente, a raíz del desarrollo del Estado autonómico. Las reglas duplicadas y triplicadas son un problema para el mercado único. Volvemos al mismo punto de partida: crean una excesiva normativa regulatoria que a su vez crea una excesiva estructura pública.
Garicano se despide recordando, en concreto, la medida de Ciudadanos de suprimir las diputaciones provinciales: "En Reino Unido no existe ese peldaño de las diputaciones provinciales. Pero pongamos un ejemplo federal, como es Alemania. Tampoco existe ese peldaño de las diputaciones. Van de lo municipal al lander y después ya al gobierno central".
"Madrid es un caso claro. Sin necesidad de diputaciones, coordina una región que, en tamaño, es más grande que otras Comunidades con diputaciones. ¿Alguien echa de menos las diputaciones en la Comunidad de Madrid?", concluye.
Los políticos, hoy
Hoy, ninguno de los partidos políticos apuesta en serio por la reducción del Estado. Las propuestas de aquel Ciudadanos, igual que el Informe CORA de 2013, son una utopía. En el programa del PP se resuelve el problema con apenas un par de párrafos.
Por ejemplo: "Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de las estructuras burocráticas y la duplicidad de las mismas".
Qué dice Vox
En el programa de Vox, sí opera algo más parecido a la motosierra. "Devolución de competencias de Sanidad, Educación, Seguridad y Justicia (...) Suprimir el Ministerio de Igualdad (...) Suprimiremos todos los organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos".
Se habla también de suprimir "secretarías de Estado y direcciones generales" –sin decir cuáles–, se propone someter a referéndum las subvenciones a partidos y sindicatos, se explicita el deseo de "cerrar todos los chiringuitos ideológicos" –aunque no concretan, hablan de los de memoria, los ecologistas radicales, los de la Agenda 2030 y los separatistas–.
Se reitera una reducción de la regulación –esto también lo propone el PP– y se concreta el cierre de los consejos de juventud, defensores del pueblo, consejos consultivos, agencias meteorológicas y agencias cartográficas.
Un portavoz oficial de Vox nos manda un listado con estas otras medidas: "Reducir y eliminar siempre que sea posible el número de altos cargos, cargos de confianza y personal de designación política (...) Beneficiarios extranjeros de subvenciones españolas como la Dirección General de Agua de Marruecos (600.000 euros), la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística (500.000 euros), Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (500.000 euros), el Instituto Salvadoreño de la Mujer (2.405.900 euros) y el Ministerio de la Mujer de Perú (580.000 euros)".
"También queremos eliminar ipso facto todas las subvenciones y partidas presupuestarias dedicadas a sostener empresas públicas cuyas prestaciones ya se provean en el mercado y los 6.790 millones en subvenciones a entidades públicas empresariales. Además de los 4.420 millones en cooperación internacional", indica esta misma fuente.
Por último, los de Abascal se comprometen a que la Administración no podrá exigir al administrado ningún dato adicional a los que ya obren en su poder.
En la izquierda, como era previsible, no hay rastro de una reducción del Estado. Centrémonos, entonces, en PP y Vox. Dos partidos que, según las encuestas, si hoy se celebrasen las elecciones, estarían condenados a gobernar juntos.
En PP y en Vox –fuera de micro– nos dicen que, más allá de lo que ponía en su último programa, hay una propuesta mucho más "ambiciosa" y que se está haciendo ese trabajo de detectar partidas y organismos ineficientes. Sin embargo, no se nos facilita ningún tipo de lista con esas partidas y organismos.
Qué dice el PP
Para abordar lo que está ocurriendo en este espectro político, nos entrevistamos con Juan Bravo –vicesecretario de Economía del PP– y con Ivan Espinosa de los Monteros –que no habla en nombre de Vox, sino de sí mismo, y que continúa apostando en distintos foros públicos por la reducción del Estado–.
Encontramos a Juan Bravo en uno de los escritorios de la M-30 del Congreso. Le preguntamos por la ausencia de medidas en el programa del PP de las últimas generales encaminadas a reducir el tamaño del Estado más allá de unos pocos párrafos en abstracto.
Responde comprometiéndose a realizar en España un proceso similar al que realizó en Andalucía como consejero autonómico, pero contesta que ese trabajo de auditoría está en marcha y que todavía no puede mencionar organismos concretos más allá del Consejo de la Productividad o del Hipódromo de la Zarzuela. También adelanta su intención de vender patrimonio estatal inactivo en caso de gobernar. "Los edificios vacíos hay que venderlos", dice.
Bravo, vicesecretario de Economía del PP, como ha sido tradicional en su partido, menciona con mucho más énfasis entre sus propuestas la reducción de las partidas de gasto, y no tanto la supresión de organismos. De hecho, no se plantea ni de lejos, por ejemplo, la supresión de las diputaciones provinciales: "Hay administración porque responde a los ciudadanos".
Más que suprimir estructuras, Bravo apuesta por estudiar las competencias duplicadas y hasta triplicadas para embridar los entes públicos que las desarrollan. Eso podría conllevar en algunos casos la racionalización del empleo público y también la supresión de determinados organismos –aunque no tienen todavía un estudio de cuáles–: "Y lo digo siendo funcionario. Sé que puede ser políticamente incorrecto, pero no podemos pedir a la gente que se apriete el cinturón cuando el Estado no se lo aprieta".
"Tenemos 22 ministerios cuando España se podría gobernar con 12 o 13. Eso ya supondría un primer gran ajuste. Después, con una auditoría realizada desde dentro pero también desde el sector privado, estudiaremos las competencias que se repiten en ayuntamiento, diputación, comunidad y administración estatal", dice Bravo.
Bravo no cree que haya que recortar el empleo público con una motosierra. Piensa que es posible lograr las reducciones en las partes hipertrofiadas de la Administración a través de las jubilaciones y de una redistribución: "Porque existen sectores, como en la sanidad, donde hacen falta más funcionarios. Por otro lado, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en la simplificación de los procesos".
Le pedimos que ponga un ejemplo concreto: "¿Por qué un autónomo de Paiporta tiene que presentar una solicitud para conseguir la ayuda en un caso tan extremo? ¿No tiene ya la administración el listado de los autónomos de Paiporta? ¿No tiene ya la Administración sus papeles?".
–No recortarán el empleo público exactamente.
–Recortar suena mal. Conseguiremos que no exista personal innecesario. De los 2 millones de empleos que ha generado este Gobierno, 500.000 son públicos. Entre el 35% y el 50% de los empleados se va a jubilar pronto; eso nos va a permitir reorientar.
–Pero, ¿España tiene más empleo público del que necesita?
–Sí.
–Mucha gente piensa que el PP, debido al clientelismo, es incapaz de abordar una verdadera reforma de la Administración Pública. ¿Qué contesta?
–Entiendo que haya quien piense así, pero lo vamos a hacer. Ya desarrollamos muchas medidas en ese sentido con el Informe Cora, pero se quedaron cosas por hacer. Respondo con la auditoría y la reforma que llevamos a cabo en Andalucía.
La visión de Iván Espinosa
Iván Espinosa de los Monteros fue portavoz de Vox en el Congreso. Desde su marcha, no ha querido entrar en polémicas con la dirección, pero se si se le lee entre líneas, se puede entrever su decepción con lo que apareció como partido disruptivo y acabó como un integrante más de la partitocracia.
Hoy, prepara el lanzamiento de un think tank y es objeto de deseo en el PP. Feijóo sabe que, si consigue atraer a Espinosa de alguna manera, provocaría una fuga de votos en el partido de Abascal.
El adelgazamiento del Estado –por su insostenibilidad– viene siendo una de las obsesiones políticas de Espinosa de los Monteros.
–¿Por qué hasta la irrupción de Trump y Milei, y desde aquel programa de Ciudadanos en 2015, este debate no ha estado en la primera línea de la política española?
–No existe ese debate porque España está poblada de partidos estatalistas, que no son necesariamente socialistas. Es una pugna por controlar el aparato para tomarlo, y no para reducirlo. Dicen que van a limitar unas partidas de gasto ideológicas, pero luego aumentan en aspectos que a ellos les gustan y que también son ideológicos. Creen que el Estado es capaz de hacer cosas de manera eficiente, pero a la vista está que no es capaz.
Iván Espinosa menciona el Informe Cora como el "único intento serio" de reforma de la Administración que se ha hecho en Democracia: "Era un buen informe, un informe serio, pero se acabó metiendo en un cajón y su principal promotor dimitió". Habla de Pérez Renovales, que como decíamos regresó al Banco Santander.
El exportavoz de Vox plantea dos preguntas fundamentales: ¿cómo puede hacer el Estado eficientemente algo que no está haciendo eficientemente? ¿Debe dedicarse el Estado a determinadas cosas a las que se dedica? "En España, quienes gobiernan y quienes han gobernado no se han formulado a sí mismos estas preguntas", dice. En cambio, en Argentina y Estados Unidos "sí está ocurriendo eso ahora".
Espinosa, igual que Garicano, mira a la inteligencia artificial: "¿Cómo es posible que no estemos discutiendo todo el día sobre eso? La IA ya está provocando una gran revolución. Bien usada, nos puede ayudar a triplicar la productividad. ¿Y eso? ¿Cómo vamos a gestionarlo? Cuando se jubilen progresivamente los funcionarios, ¿deben reemplazarse con más funcionarios o hay algunas de esas funciones que podrá cumplir la IA?".
Más preguntas de Espinosa de los Monteros sobre el papel que juega el Estado: "¿De verdad el Estado debe tener medios de comunicación? ¿Debe el Estado financiar ONG que, como su propio nombre indica, son supuestamente Organizaciones No Gubernamentales?".
Este artículo es fruto de la "revuelta fiscal" que promueve Varsavsky en España colocando su auditoría ciudadana en el espejo de Elon Musk y Javier Milei. Allí, los partidos tradicionales también rechazaban debatir sobre el adelgazamiento del Estado por el clientelismo político al que se debían. En eso, España funciona de manera similar. Allí, la revuelta fiscal, entre otras cosas, arrasó a izquierda y derecha. En España, reina la incertidumbre a la espera del próximo ciclo electoral.