Durante unas horas, las últimas del martes y las primeras del miércoles, el Congreso de los Diputados volvió a 2019. Regresó el debate sobre la energía atómica, el apagón nuclear y volvieron a rondar los mismos argumentos a favor y en contra que ya se escuchaban en España durante la puesta en marcha de los primeros reactores, a mediados de los años sesenta. También regresó la oposición a cerrarlos.
El calendario escalonado de cierre de las centrales (principalmente, por razones geoestratégicas), firmado en los meses previos a la pandemia por Teresa Ribera y continuado ahora por Sara Aagesen, sigue teniendo plena vigencia en el Ministerio de Transición Ecológica y en la política general del Gobierno. Con una diferencia: cuando se firmó el plan, Junts no era un socio prioritario.
Los independentistas catalanes han brindado al Gobierno su primera derrota parlamentaria del nuevo periodo de sesiones y la segunda del año, tras el sonoro fracaso del decreto ómnibus a finales de enero. La votación, que no es vinculante, era una proposición no de ley (PNL) del PP que plantea extender la vida útil de las centrales más allá de 2035, como propone el plan actual.
Mientras que PNV, EH Bildu, Podemos o Sumar han rechazado de plano esta marcha atrás, Junts y ERC se han abstenido con el argumento de que en Cataluña la realidad nuclear siempre ha sido más complicada. Muchas veces, no tanto por el discurso medioambiental sino por la falta de alternativas para suplir el cierre de las centrales, que dotan del 60% de la energía que consume la región y miles de puestos de trabajo.
Los tres reactores catalanes (Ascó I, Ascó II y Vandellós) tienen prevista su fecha de cierre en 2030, 2032 y 2035, pero no existe ningún plan que dé alternativas cuando se produzca el desmantelamiento. Así, desde Junts reclaman "una salida" para evitar que Cataluña "dependa de Francia o Aragón".
"No pensamos perder nuestra soberanía energética", reclamó este martes la diputada Pilar Calvo, antes de unir sus votos al PP y Vox. La coportavoz de Junts, no obstante, dejó claro que está en contra de "perpetuar indefinidamente" la vida de los reactores, "como piden otros grupos".
Aunque no lo dijo, esto era una referencia clara al PP, cuya posición pronuclear ha ido creciendo en los últimos años. En su programa electoral de 2023, Alberto Núñez Feijóo incluyó la propuesta de mantener los reactores y, desde entonces, ha presentado diversas iniciativas sin carácter vinculante para tantear el respaldo de grupos como Vox o Junts. Incluso ERC, llegado el caso.
Incluso, fuentes del partido aseguran que quieren "llegar más lejos" y presentar una ley para evitar el cierre de las centrales antes de que vayan cerrando. La siguiente en la lista será la de Almaraz (Cáceres): el primero de sus dos reactores dejará de operar definitivamente el 1 de noviembre de 2027 y empezará a enfriarse este año hasta dejar de producir energía. Tanto el Gobierno como sus propietarios, Iberdrola y Endesa, mantienen el plan de desmantelamiento.
En cualquier caso, el debate supera a España. La propia Teresa Ribera, la ministra socialista que firmó y promovió el apagón nuclear, fue la primera en dar marcha atrás en el discurso antinuclear una vez tomó posesión como comisaria europea a finales de 2024, entre otras cosas por la importancia que tiene el sector en países como Francia. El PP usa este hecho para ponerla a ella y a su plan frente al espejo.