El Gobierno no tiene previsto aprobar ningún decreto que sustituya el que fue rechazado el pasado miércoles en el Congreso en esta semana, es decir, que si lo hace será después de la manifestación convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para protestar contra los partidos que votaron en contra de la norma.
Así será, salvo cambio de última hora en la estrategia de Moncloa. Para empezar, fuentes oficiales dan por hecho que este martes no se aprobará todavía y explican que no está prevista la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario durante la semana, por lo que habrá que esperar al martes.
Si se aprobara esta semana, tras cerrar un acuerdo con Junts, carecería de sentido la manifestación que los sindicatos han convocado en toda España el próximo día 2 de febrero con el lema "A la calle contra el asalto a los bolsillos de la gente".
No se especifica en la convocatoria contra quién es la protesta, pero de forma implícita se dirige contra PP y Junts, los partidos que votaron en contra del llamado decreto ómnibus en el que se incluyen, entre otras medidas, la subida de las pensiones, la prohibición de desahucios para vulnerables, la gratuidad del transporte y ayudas a los afectados de la dana.
El Gobierno considera que esa protesta supondrá una movilización ciudadana masiva en la calle contra la derecha, lo que supondrá un coste político para el PP. Es decir, situará a los trabajadores convocados por los sindicatos frente a la derecha en la calle. Será la primera vez que la izquierda salga a la calle en toda España en años, más allá de las manifestaciones del Día de la Mujer o del Orgullo LGBTI+.
Desde que se produjo la votación el pasado miércoles, el Gobierno hizo saber que no tenía prisa alguna en aprobar el nuevo decreto para dar tiempo a que los ciudadanos perciban las consecuencias del voto de PP y Junts. Se decía que la derecha "debe cocerse en su propia salsa" y la manifestación sindical visualiza esa situación.
Moncloa sigue manteniendo inalterable y hasta nuevo aviso su decisión de no trocear el decreto para facilitar su aprobación. Entiende que eso sería ceder y, además, no habría garantía de que medidas como la supresión de desahucios para vulnerables saliera adelante.
Por ello, Pedro Sánchez está entre la presión de los socios que le piden que apruebe ya inmediatamente en Consejo de Ministros el mismo decreto que fue rechazado en el Congreso, y la de Junts y PP, que exigen que se trocee la norma para apoyarla.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, emplazó ayer a Sánchez a aprobar este mismo martes el mismo decreto. Sin embargo, Moncloa explica que no puedan arriesgarse a una nueva derrota en la votación de convalidación. De hecho, hay partidos que sostienen que esa votación equivaldría a una cuestión de confianza y una nueva derrota dejaría la legislatura rota.
Por eso, fuentes del Gobierno aseguran que negocian con Junts una salida. Tras los primeros contactos no hay acuerdo y, de hecho, el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, emplazó ayer al Gobierno a aprobar este mismo martes un decreto diferente para que puedan votarlo.
Moncloa no tiene ninguna intención de negociar con el PP y, por tanto, la única salida sería un acuerdo con el partido de Carles Puigdemont. Ese pacto tendría que cerrar algunos de los compromisos adquiridos en las reuniones de Suiza y Bruselas y que han sido frenadas en Madrid, especialmente, la de la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.