La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha mostrado su "indignación " y "asco" por el caso Koldo y ha afirmado que se ve perjudicada y en ningún caso parte de una trama de corrupción en la compra de mascarillas cuando ocupaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Baleares.

Según informó EL ESPAÑOL, el Govern balear pagó 3,7 millones por unas mascarillas FFP2 en abril de 2020 y conoció en junio que eran defectuosas. Aunque prometió reclamar, no lo hizo hasta el día en el que fue desalojada del poder, en julio de 2023.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso antes de entrar en la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Armengol ha defendido la "legalidad" de todos los contratos de emergencia que firmó durante su mandato al frente de la comunidad autónoma y ha incidido en que los volvería a hacer "una y mil veces para proteger a la ciudadanía".

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"Es vergonzoso"

"Es reprochable y me da asco pensar que alguien se podía lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que en España se estaban muriendo muchísimas personas", ha reprochado tras señalar que el caso es "vergonzoso".



La presidenta del Congreso ha dejado claro con "toda firmeza" que como expresidenta de Baleares está "muy indignada" de que se ponga al que era equipo de su gobierno "al nivel de esta gente" porque su equipo "se dejó la piel para comprar material sanitario y proteger a la ciudadanía y a los sanitarios".



"En todo caso nosotros seríamos afectados y para nada parte de nada de corrupción ni de lucrarse de un momento tan complicado", ha recalcado.

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Armengol ha recordado que Baleares fue una de las comunidades con menos mortalidad durante la pandemia y ha puntualizado que en esos momentos de emergencia y con el mercado parado en Europa, "teníamos que ir a comprar a China", aunque ha puntualizado que se compró el material con contratos "legales" que controlaba el servicio de Salud balear.



Ha explicado que "todo el mundo pasaba nombres" de empresas para poder valorar si tenían ese material sanitario y que el servicio de salud era el que contrataba. Además tenía la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad autónoma, ha dicho.

"Más transparencia imposible"

En caso de dudas sobre el material sanitario, la presidenta del Congreso ha afirmado que se enviaba a analizar al Instituto nacional de higiene y seguridad en el trabajo, como ocurrió con las mascarillas del caso Koldo.



De esta forma, cuando los análisis mostraron que el material no tenía la calidad por la que se había pagado, su gobierno reclamó "en tiempo y forma" que esa empresa devolviera una parte del dinero.



"Yo dejé el expediente firmado para que se devolviera ese dinero y le exijo al actual gobierno de baleares que ejecute ese expediente y consiga la devolución de ese dinero", ha reclamado.



En este sentido, ha incidido en que cuando se hizo el traspaso de poderes al nuevo equipo de gobierno balear "se les explicó que existía este expediente y que tenían que reclamarlo". "Más transparencia imposible", ha aseverado.