De nuevo, Junts hace de la necesidad, virtud. El partido de Carles Puigdemont reclama al PSOE —y ahora, con más fuerza— que la futura Ley de Amnistía también incluya el terrorismo. Por este delito está imputado el expresident en el caso Tsunami.
Y lo que ha dado más vigor a las exigencias de los posconvergentes es la decisión de la Junta de fiscales de lo Penal del Supremo, favorable a que el Alto Tribunal abra una causa contra el político catalán por este ilícito.
"Esto nos viene bien para que el PSOE elimine el terrorismo del listado de exclusiones de la Ley de Amnistía", relata a EL ESPAÑOL una fuente próxima a Puigdemont.
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La proposición de ley registrada en solitario por el PSOE el pasado noviembre es, a ojos de Junts, poco ambiciosa. Los independentistas catalanes exigieron a los socialistas que apoyaran su enmienda para que la amnistía ampare todos los casos de terrorismo. Sin excepciones ni matices.
El PSOE se negó. Y, por el momento, todavía se niega. Entre otros motivos, por el previsible rechazo que amnistiar todo el terrorismo provocaría en la Unión Europea.
Así las cosas, lo que podría parecer un varapalo para los intereses de Junts será utilizado por el partido de Puigdemont para rearmarse en sus nuevas negociaciones con el PSOE.
Los independentistas insisten en lo que llaman su "enmienda viva" para incluir el terrorismo en la futura norma. "Ahora, toca hacer lo que toca, sin excusas: una amnistía total, completa", insiste la misma fuente próxima a Puigdemont. Y así se lo trasladarán los independentistas a los socialistas. ¿Lograrán convencerles? "Les va la legislatura en ello: esto convence bastante", añade.
Por su parte, Moncloa confía en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imponga su criterio por encima del de la mayoría de fiscales de lo Penal del Supremo, partidarios de que el máximo órgano judicial español investigue a Puigdemont por terrorismo.
Fue el instructor del caso Tsunami, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien remitió la causa al Supremo, al afectar a dos investigados aforados (Puigdemont y el diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg).
El informe de Redondo
El acuerdo de la Junta de Fiscales, conocido este martes, es una piedra en el camino para aplicar la amnistía al expresidente y hoy eurodiputado en Bruselas.
En la reunión se debatió el informe elaborado por el fiscal del Supremo Álvaro Redondo. Dicho texto se oponía a que el Alto Tribunal investigara a Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios organizados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic en el otoño de 2019.
Carles Puigdemont, en una imagen de archivo.
Pero la mayor parte de miembros de la junta ha apoyado la tesis contraria, la misma que defiende el instructor del caso Tsunami. La Fiscalía de la Audiencia Nacional —órgano en el que, por el momento, aún se investiga esta causa— tampoco aprecia terrorismo en los disturbios violentos de 2019. El fiscal Miguel Ángel Carballo se decanta por calificar los hechos como desórdenes públicos graves y pretende que la causa sea enviada a un juzgado ordinario de Barcelona.
Ahora bien, pese a no ser la más favorable para Puigdemont, Junts utilizará la decisión de la mayoría de los fiscales de lo penal del Supremo para presionar al PSOE e insistir —de nuevo— en su "enmienda viva"; la que pretende que la futura ley, hecha a la medida del expresident, también amnistíe el terrorismo, pese a los recelos que esto ya provoca en la Unión Europea.