Más de un mes después, Bruselas dijo sí. Tras tomarse unas semanas "reflexionando", la Comisión Europea acepta supervisar las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El ministro Félix Bolaños y el negociador del PP, Esteban González Pons, están citados el próximo miércoles 31 de enero en Bruselas.
Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes europeas, después de la petición "formal" del Gobierno al comisario de Justicia, Didier Reynders. El titular de la cartera ha enviado un email a los dos interlocutores designados por el PSOE y el PP para citarlos el próximo miércoles 31 de enero "por la tarde", en Bruselas, "si les cuadra la fecha".
Allí se iniciará un "diálogo estructurado", como ya anticipó este diario, para "implementar la recomendación" de la UE, presente en todos sus informes sobre el Estado de derecho desde 2020: renovar el CGPJ y reformar la ley para su elección.
Según una nota posterior de la Comisión, la negociación se producirá en los términos basados en las "recomendaciones" formuladas en los informes sobre el Estado de derecho de 2022 y 2023: "Proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo del Poder Judicial e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Judicatura".
La preocupación de la Comisión por el bloqueo del CGPJ es "máxima", según expresan fuentes del Gobierno. Así se lo ha expresado en distintas ocasiones, "también ayer y hoy", el comisario Reynders al ministro Bolaños. Bruselas recuerda que "La situación actual está provocando graves problemas a la administración de justicia en España [...] afectando negativamente el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema de Justicia en su conjunto".
Las mismas fuentes gubernamentales culpan al "bloqueo del PP" de este "gran deterioro del servicio público de Justicia, que perjudica a los ciudadanos: "En coste (unos 12,5 millones de euros al año) y en retrasos en los señalamientos y resoluciones judiciales".
La propuesta
La idea de implicar a la Comisión partió de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en su reunión con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el pasado 22 de diciembre en las dependencias del Congreso de los Diputados. Aquel día, Sánchez se mostró reticente de inicio a aceptar la supervisión de Bruselas, pero finalmente aceptó.
En el PP ya daban por sentado que Bruselas aceptaría. "Dos días antes de la reunión del presidente Feijóo con Sánchez, sondeamos a Reynders", afirma un miembro de la dirección popular. "Y se mostró entusiasta con la idea, si ésta servía para desbloquear esta situación insostenible en el Poder Judicial".
Sin embargo, en las últimas semanas habían asaltado dudas a la cúpula de Génova cuando el pasado miércoles, el Gobierno de Bélgica designó a Didier Reynders como candidato oficial al puesto de secretario general del Consejo de Europa. Y es que esto significa que el comisario de Justicia "será apartado, sin sueldo", de sus funciones por la presidenta Ursula von der Leyen, tal como han confirmado fuentes del Ejecutivo comunitario.
Aparte de Reynders, otra posibilidad era que el papel lo asumiera la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová. Ambas partes, PP y Moncloa, habrían acogido bien esa opción. Según la información que añade en un "anexo" a su email, Reynders da "dos meses" a las partes para que se llegue al acuerdo: porque él perderá sus atribuciones a más tardar en abril y porque Bruselas no quiere desgastarse en la negociación.
Sánchez y Feijóo, el pasado 22 de diciembre, en el Congreso de los Diputados.
A la salida del encuentro entre Sánchez y Feijóo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, justificó la aceptación de Bruselas como "verificador" en la mesa de negociación en que "cualquier cosa es aceptable si es para que el PP cumpla la Constitución y acepte desbloquear el gobierno de los jueces". Sin embargo, para los populares, esta iniciativa representaba un "auténtico gol por la escuadra a Sánchez".
Competencia y coerción
Fuentes de la cúpula de Génova justificaron la propuesta en que "la Comisión Europea es una institución española, en tanto que le hemos cedido parte de nuestra soberanía".
Y en que Bruselas tiene "no sólo competencias", sino "capacidad coercitiva" para impulsar un acuerdo. España podría jugarse la recepción de los fondos europeos en caso de mantener el bloqueo y no cambiar la ley, dado el mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho que rige en los desembolsos de los NextGeneration.
Los cuatro informes sobre el Estado de derecho publicados hasta la fecha han suspendido a España por varias razones pero, precisamente, de manera insistente por el bloqueo y el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Así lo reflejaron expresamente los informes de los dos últimos años.
El mismo Reynders ha expresado en numerosas ocasiones, por escrito y de palabra, que "es urgente renovar el Consejo, e inmediatamente abordar la reforma de la ley sobre su sistema de elección, para que se atenga a los estándares europeos".
Es decir, que en la actualidad la ley española no cumple con esos requerimientos de la Unión Europea. Y éstos son que "al menos la mitad de los vocales sean jueces elegidos directamente por sus pares, sin intervención alguna de los políticos, ni del Poder Legislativo ni del Ejecutivo".
La "supervisión" por parte de la Comisión Europea se desarrollará con un método inusual en España: el llamado "procedimento de diálogo estructurado", habitual en Bruselas. "Si todo queda por escrito, no caben triquiñuelas, juegos o mentiras" respecto de la reforma de la ley", apuntan fuentes del PP.
El problema es que el Gobierno se ha negado "rotundamente" hasta ahora a cambiar la ley. Es más, fuentes de Moncloa defienden que la actual ya se atiene a los llamados "estándares europeos", pues son los jueces los que eligen a sus representantes. Desde la reforma de 2001, un pacto de consenso entre el PSOE y el PP (entonces, en el Gobierno), la carrera judicial vota y elige libremente una lista de 50 jueces, de la que luego el Congreso y el Senado designan seis cada cámara.
Las "dos partes"
Pero Reynders, ateniéndose a las exigencias de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, exige eliminar ese filtro de las Cortes Generales. Por eso, el PP cree que "Sánchez no podrá engañar a la UE" y da por hecho que su propuesta es "un golazo al PSOE sanchista". Porque, opinan las fuentes consultadas, "el PP no acordará renovación alguna sin la reforma de la ley, y la Comisión no permitirá tampoco que Moncloa haga trampas".
El comunicado de Bruselas es textual en este punto: "Este diálogo estructurado debería tener como objetivo resolver una cuestión de larga data y garantizar la implementación de las dos partes de la recomendación de la Comisión. La primera reunión debería tener lugar lo antes posible y este diálogo no debería exceder los dos meses".
El CGPJ lleva bloqueado ya más de cinco años, y sus vocales ya han más que duplicado su estancia en el cargo del gobierno de los jueces. Ejercen con el mandato ampliado desde diciembre de 2018, y desde 2021, además, sin poder cumplir sus principales funciones constitucionales de nombramientos, a causa de una reforma de la LOPJ impulsada por PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura.
Este cambio en la ley, después, fue retocado para permitir que el Consejo sí pudiese nombrar magistrados del Tribunal Constitucional. Con esa contrarreforma, el Ejecutivo de Sánchez lograba desbloquear el TC y, sobre todo, cambiar su equilibrio ideológico: de una mayoría de magistrados de adscripción conservadora, se pasó a una mayoría progresista... que, inmediatamente, validó como legales estos cambios en la Ley del Poder Judicial.