El presidente del Gobierno Pedro Sánchez afirma que las materias vinculadas con la expulsión de los inmigrantes están residenciadas en la Administración General del Estado y al respecto pone en valor el pacto de migración y asilo firmado con Europa, "donde a lo que vamos precisamente no es a una centrifugación, sino una mayor coordinación de las políticas de migración".
Sánchez enmarca las competencias en inmigración cedidas a Junts en "lo que está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de política migratoria" y hace referencia a que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea es bastante claro pues "vamos hacia una política comunitaria" por lo que rechaza que Cataluña pueda regular los flujos migratorios.
El presidente del Gobierno asegura en El País que Junts, como partido independentista "ya sabemos cuál es su programa de máximos" y "pedirán lógicamente las competencias que consideren", dice Sánchez que se compromete a hablar con la Generalitat de Cataluña y con el Govern.
Para Sánchez, España en materia de política migratoria es un ejemplo para Europa y en ese sentido "hemos aumentado los recursos económicos vinculados con todo lo que tiene que ver con el asilo y con el reasentamiento. Estamos teniendo una política migratoria humanista y esa es la intención, la voluntad del Gobierno de España", dice.
Estas palabras de Sánchez contrastan con el escrito que envió Junts tras el acuerdo alcanzado con los socialistas en el que aseguraban que "permitiría a Cataluña hacer una política integral" en materia migratoria "adecuada a las necesidades y a la realidad" catalanes.
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, elevó ayer el tono al asegurar que el pacto entre el partido independentista y los socialistas ponía la nación en juego.
Para Turull, "necesitamos una política nacional de inmigración que responda a las necesidades del país en términos de cohesión social. Porque sí. Cataluña, un único pueblo", en palabras del político indultado, que también recurrió al pretexto del "progreso" y la protección y difusión de la lengua catalana para justificar su política.
Xenofobia
La presidenta Laura Borràs o el propio Turull han puesto sobre la mesa varias propuestas que han levantado revuelo y han sido calificadas por parte de ERC y de otras formaciones a nivel nacional como xenófobas; tales como el control de fronteras o la expulsión de delincuentes multirreincidentes en situación irregular. "No actuar contra los delincuentes multirreincidentes, lleven 15 dias u ocho generaciones aquí si que es poner en peligro la convivencia y la cohesión", defendió el secretario general independentista ante los suyos.
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Lejos de rectificar, Turull ve "absolutamente indigno" acusar a su partido de xenofobia y de ser de extrema derecha porque "justamente el aumento de la ultraderecha en Europa es, en parte, responsabilidad de los partidos que rehuyen este debate" sobre la inmigración.
También, como era de esperar, Turull lanzó varios dardos a su antiguo socio de Gobierno y actualmente al frente del 'Govern', ERC, al asegurar que "no nos movemos en la comodidad, mantenemos nuestra posición y defendemos lo que creemos que puede ser útil para los catalanes. No nos resignamos ni nos rendimos".
Sobre esta nueva cesión y la polémica con Junts también se ha pronunciado Pere Aragonès en una entrevista en La Vanguardia asegurando que "a nosotros no nos encontrarán con los discursos populistas que utilizan la inmigración para fines electorales".
El president también ha aclarado que, si bien está dispuesto a asumir todas las competencias posibles, considera que "mezclar delincuencia e inmigración es un error y se aleja del catalanismo".
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"Creo que mezclarlo hace un mal favor en el país y se aleja de la larga tradición del catalanismo, que también Junts o anteriormente Convergència había defendido de ese catalanismo integrador", ha subrayado Aragonès.
En la mismas línea se mostró también la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en Catalunya Ràdio, aseguró que le parece "grave" lo que está sucediendo y que Cataluña "se debe plantar" ante derivas de este tipo.
"Cuando Junts dice que Cataluña debe gestionar la inmigración y la frase que dice a continuación asocia la inmigración con delincuencia, esto es lo que hace Vox, y tenemos que decir claro que Cataluña ha sido siempre una tierra de acogida, que ha visto la diversidad como una riqueza", ha añadido.
En esta línea, la dirigente de los comunes ha pedido "tolerancia cero" con esos discursos que quieren asociar inmigración con delincuencia, porque se trata de una "deriva hacia posiciones de extrema derecha que rompen la convivencia", ha advertido
Debilidad del Gobierno
Ante la posible imagen de debilidad transmitida por el Gobierno el pasado miércoles en el Congreso durante la negociación de los decretos sometidos a aprobación, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez señala que "lo importante para los ciudadanos es lo que se aprueba. Lo que se jugaba en esa votación era la política económica del Gobierno".
El líder socialista dice que "tenemos que asumir la realidad, operar sobre ella y sacar adelante con humildad, con trabajo y con capacidad de diálogo políticas que son beneficiosas para la mayoría social".
Y afirma que "estamos haciendo algo muy importante para la convivencia: que partidos independentistas que anteayer se negaban a investir a un presidente del Gobierno español, o incluso a participar en la gobernabilidad del país, hoy lo están haciendo".
Preguntado sobre si tiene la impresión de ser chantajeado, Sánchez asevera que "no" tiene la impresión de estar siendo chantajeado, como ayer dijo Feijóo, que tachó la legislatura como la de la "extorsión" y añade que "lo que estamos haciendo es ser coherentes con el Título VIII de nuestra Constitución. Estamos en un Estado autonómico y tenemos que compartir competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como la migratoria".
Con respecto a la situación social que se vive en Cataluña, señala que desde hace cinco años lo que hacemos "es caminar en una senda de superación de la crisis territorial más grave que hemos vivido en estos últimos 40 años. Y la alternativa que tenemos enfrente, la del Partido Popular y la de Vox, es un estado de excepción permanente, es el 155 permanente, o la ilegalización de partidos políticos".