Pedro Sánchez pidió este martes la confianza de los españoles para alcanzar los acuerdos con ERC, Junts y el resto de aliados parlamentarios que le permitan ser reelegido presidente del Gobierno, tras ser designado candidato a la investidura por el Rey Felipe VI.
Durante su comparecencia ofrecida desde el palacio de la Moncloa, Sánchez intentó mostrar que el objetivo de estos acuerdos no es garantizarse los votos de ERC y Junts (entre cuyos dirigentes, como Carles Puigdemont, se encuentran los principales beneficiarios de la amnistía), sino recuperar "la convivencia y la concordia" en Cataluña.
Y para ello apeló a los resultados de una de las decisiones más controvertidas que adoptó su Gobierno durante la pasada legislatura: los indultos concedidos a Oriol Junqueras y el resto de condenados en el Tribunal Supremo por la organización del 1-O.
Tras su moción de censura contra Mariano Rajoy, explicó Sánchez, "en 2018 tuve que hacerme cargo de una de las peores, por no decir la peor, crisis territorial e institucional de la democracia española. Y no ha sido una tarea fácil, porque no he contado con el apoyo del principal partido de la oposición para poder superar todo lo vivido desde entonces".
"Cuando tomé la decisión de los indultos", indicó Sánchez este martes, "yo confiaba en los efectos beneficiosos que iban a tener en la convivencia en Cataluña y también para superar lo sucedido en 2017. Hoy puedo constatar, y es una convicción, que fue una decisión acertada y bien tomada en aras del bien general".
Gracias a ello, abundó el candidato socialista a la investidura, "hoy las tensiones territoriales han retrocedido decididamente y podemos afirmar que España está más unida que en 2018. Somos un país más unido y más fuerte, que es escuchado y respetado en el escenario internacional y europeo".
El PSOE se apoya en los datos para sostener que estas políticas han contribuido a desinflamar el movimiento independentista. En las elecciones generales del 23-J, tanto ERC como Junts experimentaron un serio retroceso, hasta colocarse como cuarta y quinta posición en Cataluña (por detrás del PSC, Sumar y el PP).
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Esto implica, también, que se produjo un desplazamiento de un sector de antiguos votantes de ambos partidos, a favor de Sumar y de la formación liderada por Salvador Illa, que creció casi un 14% en número de votos.
Medidas como los indultos, argumentan los socialistas, también han reducido la conflictividad en las calles: la manifestación celebrada el pasado domingo en el sexto aniversario del 1-O apenas reunió a un millar de independentistas en las calles de Barcelona. Aunque los dirigentes de la ANC, organizadores de la marcha, mostraron la misma virulencia que en ocasiones anteriores, que esta vez escenificaron arrojando a un contenedor de basuras los retratos de Felipe VI y del propio Pedro Sánchez.
Aunque nada comparable con la batalla de la Plaza de Urquinaona, que los CDR (cuyos dirigentes encausados en la Audiencia Nacional también esperan beneficiarse de la amnistía) organizaron en octubre de 2019, tras hacerse pública la sentencia del Supremo sobre el 1-O.
Pero la nueva exigencia de ERC y Junts, la amnistía para "más de 3.000 represaliados" (según la expresión utilizada este martes por el senador independentista Josep Lluís Cleries) supone un salto cualitativo: como ha expuesto el mismo senador de Junts, implica cuestionar la labor de la Justicia y establecer que "el 1-O no fue un delito, tampoco la declaración de independencia, ni las protestas masivas contra la represión".
Como han insistido ERC y Junts, la amnistía es el punto de partida para plantear su próxima meta: negociar las condiciones para celebrar un nuevo referéndum de independencia, esta vez con el aval del Estado.
En su comparecencia de este martes, Pedro Sánchez ha asegurado que en ningún caso aceptará negociar un referéndum de independencia, pero ha evitado en todo momento pronunciar la palabra "amnistía" (que según ERC y Junts está pactada desde el mes de agosto, a la espera de perfilar los detalles jurídicos).
Respeto a esta última opción, Sánchez ha asumido que deberá ser avalada por el Tribunal Constitucional, ante el recurso que presentarán varias instituciones gobernadas por el PP.
"Los españoles tienen que tener las garantías de que, pese a que lógicamente las conversaciones tienen que ser discretas, los acuerdos serán transparentes y conocidos", ha recalcado.
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"Tanto es así, ha añadido el candidato a la investidura, "que tienen que ser refrendados por el Poder Legislativo y, seguro, porque ha ocurrido en la pasada legislatura, hasta incluso el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar".
En cambio, Sánchez ha cerrado la puerta a un "referéndum de autodeterminación". "No sólo porque no lo contempla la Constitución", ha dicho, "sino porque es contrario de lo que siempre he defendido con mi palabra y mi acción".
Lo cierto es que Pedro Sánchez, once de sus ministros y hasta una veintena de diputados socialistas aseguraron, antes de las elecciones del 23-J, que la amnistía tampoco cabe en la Constitución.
Pedro Sánchez fue especialmente claro en el debate de las elecciones generales de 2019, al afirmar dirigiéndose al entonces líder del PP: "A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española".
Y pocos días después garantizó que no indultaría a los responsables del 1-O, para los que auguró el "íntegro cumplimiento" de sus penas: "Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento", recalcó.
En junio de 2021, el entonces ministro de Justicia Juan Carlos Campo, defendió el indulto a los condenados por el 1-O, pero cerró por completo la puerta a una amnistía: "La base de nuestra convivencia radica en el imperio de la ley, y ello se traduce en que nada ni nadie está por encima de ella", declaró.
"A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", añadió Campo. Hoy es magistrado del mismo Tribunal Constitucional que, probablemente, deberá pronunciarse sobre la amnistía que Sánchez negocia con ERC y Junts.