Bruselas respalda al Tribunal Constitucional en el pulso que mantiene con el Gobierno de Pedro Sánchez por la reforma de las normas de funcionamiento del máximo órgano de garantías. La Comisión de Ursula von der Leyen elude de momento valorar el contenido de los cambios promovidos por el PSOE y Unidas Podemos, pero subraya que una reforma de tal calado no puede tramitarse de forma exprés sino que tiene que someterse de forma previa a una amplia consulta entre todos los sectores afectados.
"En general, cuando se trata de reformas de los sistemas de justicia en nuestros Estados miembros, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas relevantes, incluidos la judicatura y el Consejo General del Poder Judicial", explican fuentes comunitarias. También con la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa especializado en derecho constitucional.
El Ejecutivo comunitario defiende además (eso sí, fuera de micro) que corresponde al Tribunal Constitucional dirimir cualquier duda o queja sobre la reforma. Y señala que las autoridades nacionales deben respetar sus decisiones. En este sentido. Bruselas celebra que tanto el Gobierno de Sánchez como los presidentes de Congreso y Senado hayan anunciado que acatan el fallo del Constitucional.
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En público, la Comisión Europea se muestra mucho más circunspecta. "Seguimos la situación muy atentamente, estamos al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional", ha dicho este martes en rueda de prensa su portavoz de Justicia, Christian Wiegand. El portavoz ha eludido pronunciarse tanto sobre la reforma del Gobierno de Sánchez como sobre la decisión del Constitucional de pararla.
"Por supuesto, esperamos que las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo con las reglas y procedimientos nacionales", se ha limitado a señalar. El Ejecutivo comunitario se remite a su próximo informe anual sobre la situación del Estado de derecho en España y el resto de Estados miembros, cuya publicación está prevista para julio de 2023.
No obstante, el portavoz ha insistido en que la posición de Bruselas sobre la crisis en España es "clara y estable". Para la Comisión, la prioridad absoluta es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cuatro años caducado. Y a continuación la reforma del sistema de elección de sus miembros para que sean los jueces los que designen al menos a la mitad de los componentes.