"Este Gobierno va de dos formaciones distintas, con un programa común pactado... en el que las dos presumen de ser progresistas, pero en el que una tiene que tirar de la otra". Desde el ala del Ejecutivo que lidera Yolanda Díaz tienen dos diagnósticos, un lamento y una sospecha a propósito de la reforma fiscal, que consideran la ley clave de 2022.
Según la diagnosis de Unidas Podemos, la norma es "lenta y light". Ya se ha retrasado un año y medio sobre lo previsto, "con la excusa de la pandemia" y, además, entienden que Moncloa está enviando globos sonda que anticipan que la remodelación tributaria "va a ser mucho menos ambiciosa de lo acordado".
Dice el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, firmado hace ya más de dos años, que "el Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos [...] gracias a un mejor uso de los recursos públicos, a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales". El concepto de acercarse a Europa en ese apartado 10 (pág. 45) quiere decir subir impuestos, según fuentes del Ministerio de Hacienda.
Al menos, hasta el pasado diciembre, María Jesús Montero sostenía que España podía (y debe) acercar su presión fiscal a la media de la Unión Europea. Según el Ministerio este gap es ocho puntos, calculado respecto al PIB.
Usando la previsión más baja de los organismos que han vaticinado el cierre de la economía de nuestro país el año pasado, el PIB habría cerrado en alrededor de 1,33 billones de euros, lo que nos dejaría con una factura de unos 100.000 millones de euros en la "reforma fiscal", a pagar por todos los españoles.
La ministra de Hacienda y miembro de la Ejecutiva del PSOE, María Jesús Montero.
Pero eso era hasta diciembre. A la vuelta de las vacaciones de Navidad, Moncloa matizó el discurso y dejó de hacer hincapié en esa "armonización fiscal" con Europa para fijarse, únicamente, en la que le quiere imponer a las Comunidades Autónomas. Sobre todo, a las cinco que gobierna el PP, en las que el concepto que se utiliza para fomentar el crecimiento económico es el de la "competitividad fiscal"... es decir, en las que la política es bajar impuestos.
"Nos tememos lo peor", afirmaban este miércoles fuentes de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Esa mañana, la presidenta Isabel Díaz Ayuso había aprobado en Consejo de Gobierno la Ley de Autonomía Financiera con el objetivo "proteger" su política fiscal del "hachazo fiscal" que le prepara Pedro Sánchez.
El lamento y la sospecha
¿De verdad lo hace? No lo creen así en Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno de coalición tiene la mosca detrás de la oreja y se teme que Hacienda no acabe cumpliendo con lo prometido.
"El PSOE suele preferir cabalgar sobre la realidad a hacer lo que toca", apuntan fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda. "Hace meses que Montero no contacta con Nacho Álvarez", apunta una fuente autorizada, que incluso revela que la ministra no contesta a los mensajes del secretario económico de Podemos.
La sospecha es que Moncloa esté siendo presionada desde la Comisión Europea, y las miradas, como siempre, se dirigen a Nadia Calviño. La guardiana de la ortodoxia de la política económica ya marcó el mensaje con el que sorprendió Sánchez en el verano de 2020.
El presidente puso entonces el broche a la desescalada tras el confinamiento retrasando la reforma fiscal "para cuando se consolide la recuperación económica". Entonces, Moncloa hablaba de un año 2021 de "rebote" y un 2022 de "consolidación".
Pero ahora Sánchez ha vuelto de la Navidad fiando aún más largo la reforma fiscal: "Ahora, lo que toca es seguir creando empleo y preparando la economía para las transformaciones profundas del Plan de Recuperación", dijo hace apenas 10 días en una entrevista radiofónica.
"En Unidas Podemos no estamos dispuestos a comprar otro retraso", asegura un portavoz de la formación, que bautiza la reforma fiscal como "poco ambiciosa" y que "llega tarde". Y es que las recientes deserciones en el seno del comité de expertos que reunió Hacienda y al que le quedan apenas 40 días para entregar sus conclusiones, alimentan las suspicacias en los morados. "Nos tememos que pretendan hacernos tragar con un retoque meramente cosmético".
Hacienda dice que cumple
En Hacienda rechazan las acusaciones, y recuerdan que Montero ya ha ido haciendo retoques, cumpliendo el acuerdo de coalición. Se han creado los impuestos a las multinacionales y a las transacciones financieras, la tasa Google, se ha impulsado la fiscalidad verde y en los Presupuestos de 2022 se ha incluido el suelo del 15% mínimo en el Impuesto de Sociedades.
Pero los morados recuerdan que "falta lo principal". A saber: dos puntos más en el IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000. El impuesto a las grandes fortunas y un gravamen de cuatro puntos a las rentas del capital superiores a 140.000 euros. La reorganización completa del IVA. El 15% mínimo para las SOCIMI. Y el plan de acción propuesto por la AIReF para eliminar exenciones, desgravaciones y beneficios fiscales a las grandes corporaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Todo eso y, por supuesto, la "armonización" para "acabar con el dumping fiscal de Madrid", un discurso que comparten todos los socios del PSOE y que le han hecho firmar en varias ocasiones. En la Consejería de Hacienda madrileña recuerdan que "los socialistas ya lo han pactado en alguna ocasión con Esquerra y nos tienen puestos en el foco".
PP y Podemos, de acuerdo
"Los madrileños vivimos bajo la amenaza del hachazo fiscal, llamado armonización, que quiere hacer el Gobierno Sánchez con nuestros impuestos", ha sostenido el consejero, Javier Fernández Lasquetty. La ley madrileña, asegura, pretende blindar una posición que es ideológica pero que, sobre todo, le funciona a las regiones populares. "Llevamos 17 años seguidos bajando todos los impuestos" y eso ha permitido "más actividad económica, más crecimiento y más empleo", así como "mantener los servicios públicos".
Curiosamente, desde el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid se coincide en tres de los diagnósticos de Unidas Podemos a nivel nacional. En primer lugar, están seguros de que por mucho que Sánchez pueda "aguar la reforma fiscal", no lo hará en su "ataque a Madrid". Ayuso y su Ejecutivo dan por hecho que Moncloa y Hacienda "irán a por Patrimonio, Sucesiones y Donaciones", tratando de "imponer un suelo común en toda España".
En segundo lugar, los populares opinan igual que los morados sobre el oscurantismo del Ministerio de Montero. "Antes teníamos interlocución con la secretaria de Estado, pero como la han cambiado ahora ni nos llaman", asegura una portavoz de Lasquetty.
Y en tercero, especulan con los mensajes que llegan desde Bruselas y los principales países europeos: "A lo mejor Sánchez está preparando el terreno para una reforma descafeinada porque le han dado un toque. La Comisión Europea no se mete, pero sí que opina, y allí no entienden que España vaya a subir impuestos en este momento, con su crecimiento estancado, y mientras Alemania, Francia e Italia los bajan".